La Comisión Europea ya se ha puesto manos a la obra para calcular el potencial coste-beneficio que tendría limitar la influencia de los precios del gas en la factura de la luz tomando como punto de partida el mecanismo ibérico que aplican España y Portugal, tal y como le encargaron los líderes de la UE en la pasada cumbre europea. Un análisis preliminar que arroja ya algunas cifras que estudiarán este martes los ministros de energía de la UE en la reunión que celebran en Luxemburgo. Según la conclusión de Bruselas, extender la llamada excepción ibérica a toda la UE permitiría ahorrar unos 13.000 millones de euros aunque con un impacto desigual entre los Estados miembros en función del peso del gas en su mix energético.
Según el documento de orientación producido por el Ejecutivo comunitario, con el tope de 180 euros por MWh a los beneficios de las energías inframarginales -como renovables o nuclear- ya acordado se recaudarán 70.000 millones de euros. Ir más allá y aplicar además un mecanismo similar al hispano-portugués sumaría otros 13.000 millones de euros al ahorro con el consiguiente efecto positivo sobre la inflación. Tal y como han reclamado varios Estados miembros, Bruselas plantea fijar un tope al precio del gas utilizado para generar electricidad “significativamente más alto” que el aplicado en la Península ibérica. Frente a los 48,8 euros por MWh aboga por una horquilla de entre 100 y 120 euros/MWh.
"Este nivel de subvención busca un equilibrio entre garantizar la eficacia de la medida para reducir los precios de la electricidad y evitar que las centrales de gas se conviertan en tan atractivas financieramente que aumente su utilización y se reduzca el uso de tecnologías de generación alternativas”, sostiene la Comisión, sobre uno de los grandes temores que hace que países como Alemania o Países Bajos sean totalmente reacios al mecanismo. En todo caso, la Comisión hace hincapié en que con los precios actuales del gas (de unos 60 euros/MWh) un mecanismo de este tipo “no produciría ningún resultado”.
Evitar fuga de electricidad
La eficacia del modelo, según la Comisión, dependerá en gran medida de evitar la fuga de electricidad subsidiada hacia países terceros, como Reino Unido o Suiza. Si no se resuelve este problema, alertan, podría dispararse la producción de electricidad procedentes de plantas de gas con un aumento de entre 5.000 y 9.000 millones de metros cúbicos. Resolver todo esto requeriría cerrar acuerdos con los países beneficiados para extender el esquema más allá de las fronteras de la UE o fijar un modelo en dos fases, con un precio para la electricidad destinada a la exportación y otro para la intraeuropea. El problema de esta opción sería que provocaría un cambio significativo en el funcionamiento del mercado eléctrico y chocaría también con una serie de acuerdos internacionales que prohíben la creación de precios de exportación más altos como el acuerdo de cooperación entre la UE y el Reino Unido.
Otro elemento problemático es que el coste de la medida dependerá de la cuota de gas utilizada por cada Estado miembro. “Los Estados miembros que dependen mucho de centrales de gas en su sistema eléctrico se enfrentarán a los costes más altos para los necesarios subsidios. Este sería el caso por ejemplo de Alemania, Holanda e Italia”, sostiene la Comisión. Mientras tanto los países importadores netos de gas se beneficiarían de una electricidad subsidiada por otros Estados miembros lo que haría que “el mayor beneficiario neto sería Francia”, concluye la Comisión que también apunta que otros países de Europa Central y del Este “probablemente” también registrarían “beneficios” de un mecanismo como el ibérico.
Dado que el sistema no tendría impacto en los contratos a largo plazo, los Estados miembros con una parte importante de la generación eléctrica cubierta por ellos, como los países bálticos o nórdicos, se verían menos beneficiados. La manera más efectiva de responder a todos estros desequilibrios sería, según Bruselas, crear un esquema europeo de redistribución de costes aunque sería complicado de diseñar debido a la falta de estadísticas fiables y a los desafíos políticos”.
Solución más permanente
Pese a este balance plagado de claroscuros, y dependiendo de los colegisladores, la Comisión Europea considera que los cambios en el diseño del mercado pueden proponerse y aplicarse rápidamente. “Proporcionaría una solución más permanente a la excesiva dependencia de la factura eléctrica europea de los mercados de gas natural, muy volátiles, y aportaría a los consumidores los beneficios de las energías renovables de menor coste, en consonancia con su participación en el mix eléctrico y con la rápida asimilación que se necesita para eliminar el gas ruso”, concluye la Comisión.
A la espera del debate, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha dejado claro que España apoyará a los países que reclamen para si la medida. “Es nuestra obligación respaldar a los estados que están desprotegidos”, ha indicado a su llegada a la reunión. “Hoy por hoy el mecanismo no es necesario que se aplique porque el precio del gas está por debajo de ese tope que introdujimos en España y Portugal pero funciona como un reaseguro y si el precio del gas volviese a crecer los consumidores españoles y portugueses estarían protegidos. Entendemos que en países con un sistema eléctrico con poco gas y carbón quieran poder beneficiarse de una respuesta parecida”, ha explicado.
