La Opinión de A Coruña

La Opinión de A Coruña

Alu Ibérica Coruña reclama 19 millones a sus últimos dueños: Grupo Riesgo y Parter

La mitad son “daños y perjuicios” generados por los propietarios por las ayudas al CO2 | Siete millones son por una “salida fraudulenta” de dinero de la cuenta de la firma coruñesa

Rüdiger Terhorst, director de Parter, en 2019. | // ARCAY/ROLLER AGENCIA

El administrador concursal de la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña ha solicitado al juzgado de lo mercantil Número 2 de la ciudad gallega —el que vigila el concurso de acreedores de la empresa que condene “a devolver la masa activa del concurso” — las deudas generadas durante la gestión directa de la fábrica por parte de sus propietarios—, a los administradores de hecho, a los de derecho y a sus cómplices en la gestión de la planta aluminio de Agrela. En total, casi 19 millones, más de la mitad de ellos en concepto de “daños y perjuicios” por la devolución de las ayudas del Ministerio de Industria a cuenta del CO2.

Esta reclamación la dirige el administrador concursal coruñés a las siguientes personas: Joaquin Magin (a la cabeza de Blue Motion, la empresa que adquirió las fábricas a Alcoa), a la sociedad Iberian Green Aluminium Company (la que adquirió las matrices de las fábricas a Blue Motion, es decir, a Parter) y a Luis Losada Gómez, la persona que nombraron para representar a Iberian Green. La petición la extiende además a Rüdiger Terhorst (director de Parter) y a Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho Carrascal (principales investigados en la causa de descapitalización de las fábricas de aluminio primario que trabajaron por décadas en Galicia y Asturias.

La lista se completa con los que el administrador concursal gallego considera “cómplices”: la empresa Logiplus Worldwide, Blue Motion Technologies Holding, Malberry Trust, Bluequest Resources, Lavandeco y Southcore Chemical & Raw Materials. Esto es, las sociedades instrumentales que utilizaron el fondo suizo Parter Capital y la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, encabezado por el investigado Domenech y su socia Alexandra Camacho, también en el foco de la Audiencia Nacional, cuyo Juzgado Central Número 3 trata de desentrañar el plan de descapitalización de las fábricas de aluminio primario que había puesto a la venta la multinacional Alcoa a finales del mes de enero de 2019.

Más de la mitad de los casi 19 millones que reclama el administrador proceden de las ayudas compensatorias por los costes de emisiones indirectas de CO2. Según explica el administrador concursal, debido al cierre de la fábrica, el Ministerio de Industria ha enviado “sendos procedimientos de reintegro de las subvenciones concedidas desde 2017 (…) por no haber cumplido la obligación de mantenimiento de la actividad”. La cifra que tiene que devolver asciende a 10,2 millones. Debido a esta petición, el administrador señala que “se ha producido un agravamiento de la insolvencia” de la empresa.

La segunda partida más elevada que reclama correspondiente a “la salida fraudulenta”, según el administrador, 7 millones mediante un préstamo de Alu Ibérica a A Coruña a Iberian Green para que esta adquiriese el 74,67% de las participaciones de Alu Holding LC, que era titular del 100% de las participaciones de la sociedad. Esta acción, asegura, “se trata de una operación prohibida por el artículo 143.2 de la Ley de Sociedades de Capital que ha originado o agravado la insolvencia de la concursada.

El resto, hasta los 18,89 millones, son partidas que el administrador concursal reclama al conglomerada de empresas que Parter Capital y Grupo Industrial Riesgo crearon, supuestamente, para descapitalizar la empresa coruñesa.

Una de las empresas que están en el centro de la diana de la investigación es Iberian Green, la firma que en abril de 2020 compró Alu Ibérica, estaba administrada por Luis Losada Gómez que, para el administrador concursal de La Coruña, “es un mero testaferro, sin capacidad, ni conocimiento para ser administrador de cualquier sociedad mercantil” y que, para Domenech, es un hombre de confianza. A su abogado le dice —según la transcripción incluida en el informe de calificación del concurso de acreedores—: “Bueno, Luis Losada es una persona de confianza que conozco yo hace 5 años quizás. Que ya trabajaba con nosotros dentro de otras sociedades, como se puede ver”. Y luego añade que cuando comenzaron a trabajar juntos Domenech y su socia se dieron cuenta de que necesitaban “a alguien que pudiera estar”, cuando estaban “viajando y haciendo gestiones”.

Y esto es así “porque esto como está en el norte y nosotros estamos asentados en Madrid, pues necesitamos armar un equipo y Luis nos asistía con esto”. El administrador concursal apostilla que Losada tiene el domicilio en Málaga. Fuentes del antiguo comité de empresa de Alu Ibérica de Avilés aseguraron que nunca participó en ninguna reunión referente al desarrollo industrial en la que estuvieran los representantes de los trabajadores.

Luis Losada, el tercer investigado en la causa de despatrimonialización de Alu Ibérica, cobra protagonismo en la investigación de la Audiencia Nacional porque se niega a entregar las cuentas de las fábricas. No lo hace aduciendo que él no tiene que entregar las cuentas, que eso es cosa del administrador judicial. Domenech tampoco presenta ningún tipo de cuentas porque “en ningún momento ha desempeñado ningún cargo ni de administración ni de dirección general de la empresa, y por tanto no tiene ningún deber de comparecencia ante la administración concursal”. Lo cierto es que Domenech es el dueño de la empresa que, a su vez, compró Alu Ibérica.

Seis carretillas y una impresora

Dentro del maremágnum de empresas de Parter Capital y Grupo Industrial Riesgo hay un nombre que se repite muchas veces: Luis Losada Gómez, el administrador de Iberian Green, la sociedad formada al amparo de Víctor Rubén Domenech en el mes de enero de 2020 y que en abril se hizo cargo de la compra de Alu Ibérica a Parter Capital. Se explica en el informe de calificación del concurso de acreedores de la planta coruñesa que la empresa Iberian Green se fundó con un capital social de 330.000 euros que puso PM MR 1866, una empresa cuyo único socio es Víctor Rubén Domenech. El dinero llegó “mediante aportación no dineraria de seis carretillas elevadoras”. Alexandra Camacho Carrascal (0,42% del capital social) aportó a la sociedad una impresora. Apostilla el administrador: “Si ya resulta sorprendente que una sociedad de esta dimensión se comprometa a adquirir una participación mayoritaria y la consiguiente gestión de una sociedad como Alu Ibérica, S.L., lo es más que su matriz —PM MR 1986, S.L.— se haya constituido el 9 de mayo de 2019, con un capital de 3.000 euros y mediante la aportación no dineraria de 2 Macbooks”.

Compartir el artículo

stats