El diccionario de la Real Academia Española dice que expoliar es “despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad”. La “iniquidad” que sale aquí es también “maldad grande”. Diego Comendador, que es el administrador concursal de la fábrica de Alu Ibérica de A Coruña (sucesora de Alcoa), escribe en su informe de calificación del concurso de acreedores en el que se encuentra la sociedad que gerencia que las acciones llevadas a cabo por Parter Capital Group (un fondo suizo sin experiencia en la producción de aluminio a cuya cabeza está Rüdiger Terhost, actualmente, en busca y captura por la Audiencia Nacional) y Grupo Industrial Riesgo (una entidad comercial encabezada por Víctor Rubén Domenech, principal investigado en la causa de descapitalización fraudulenta de las fábricas de aluminio primario de A Coruña y Avilés tenían un objetivo claro: expoliar las fábricas.
El engaño. “Una vez que Parter es seleccionada como compradora, presenta a los trabajadores un plan industrial y de recursos humanos en el que se dice que espera obtener una línea de circulante por importe de 15 millones de dólares y nuevas inversiones en maquinaria de 10 millones de dólares por planta para producir aluminio secundario. También se plantea el rearranque de las cubas de electrolisis, condicionado a una evolución de los precios energéticos, y dar formación a los trabajadores para que estos adquirieran las competencias necesarias para participar en la estrategia de conversión en aluminio necesario” Añade a continuación el administrador concursal: “Nada de lo planteado se ejecutó por Parter”. El fondo llegó a A Coruña y Avilés en julio de 2019 y desapareció en abril de 2020.
El compromiso. Terhost, sus hombres y los representantes sindicales de A Coruña y Avilés se reunieron en Madrid para que Parter presentara su plan industrial. Los representantes de los trabajadores que asistieron a esos encuentros supieron así que Parter pretendía “dotar de formación adicional” en aluminio secundario en la planta y en el extranjero durante 12 meses. También anunció “una fuerte inversión” proveniente del dinero que Alcoa se había comprometido a reservar para quien comprara las instalaciones (a instancias, además de los representantes sindicales, que lo exigieron).
El plan. “En los últimos meses de 2019 todavía nos creíamos el plan industrial que Parter había presentado, aunque sabíamos que había ido cambiado”, señalan trabajadores de la empresa en aquellos meses. El administrador coruñés apunta: “No se realizaron por la compradora las inversiones proyectadas, a pesar de tener a su disposición 20 millones de dólares que se aportaban por Alcoa y tampoco se puso a disposición de la concursada (‘fuerte inversión’ literalmente en su plan de negocio) de una línea de circulante de 15 millones de dólares”.
El acto. “Lo que hizo Parter fue simular que se disponía de esa línea de circulante mediante la firma de una póliza de crédito por importe de 13.500.000, pero garantizada con una pignoración [dejar en prenda uno o varios bienes con el fin de ofrecer una garantía de pago] por la misma cantidad de una Imposición a Plazo Fijo (IPF) con dinero procedente de la propia concursada y en concreto de los fondos facilitados por Alcoa”, escribe el administrador concursal coruñés.
Esto significa que, teniendo dinero directamente de Alcoa, los gestores de Parter Capital Group prefieren pedir una póliza de crédito y lo hicieron de manera efectiva poniendo como aval la propia empresa. Lo explica así Comendador: “El riesgo de la operación no lo soportó la compradora, sino la propia concursada con sus fondos”. Y se pregunta a continuación: “¿Para qué suscribir una póliza de crédito al tipo 4,5% destinada a circulante, si se pignora [da en prenda] un depósito por el mismo importe del que no se percibe remuneración y teniendo en cuenta que existe una comisión de no disponibilidad del 0,5%? A todo ello añádase que con cargo a dicha póliza, la prestamista Banco Santander percibe una comisión de estructuración de 270.000 euros € el mismo día de suscribir la póliza y que los intereses totales pagados ascendieron a 925.581,34”». La extraña operación produjo un “perjuicio directo” de algo más de un millón de euros e indirecto de 13,5 millones. Porque Alu Ibérica los dejó de tener.
Calificación de los hechos. “Los actos reseñados solo se pueden calificar de dolosos o cuanto menos de gravemente negligentes, ya que Parter y sus sociedades instrumentales adquieren las participaciones sociales de mi representada a sabiendas de que, para evitar su insolvencia, es necesario acometer fuertes inversiones con las cantidades aportadas por Alcoa y otras que ellos mismos estaban obligados a facilitar. Sin embargo, no realizan inversión alguna, sino que se limitan a mantener la plantilla de trabajadores sin darles carga de trabajo para, siete meses después transmitir las participaciones”, subraya el administrador concursal de la fábrica de Alu Ibérica de A Coruña.
Riesgo se suma al plan. En el análisis que hace el administrador coruñés del papel de Víctor Rubén Domenech y su socia —Alexandra Camacho— se señala que la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo “era conocedora desde un principio de la obsolescencia que presentaba la planta de fabricación de aluminio de A Coruña y de las importantes inversiones que había que acometer para que su producción fuera rentable y evitar la insolvencia de la mercantil. Así podemos afirmar que adquiriendo las fábricas con fondos de la propia compañía [asistencia financiera] y sin realizar conscientemente las inversiones necesarias de modernización de la fábrica, originó o contribuyó dolosamente a la insolvencia de la compañía”.
