Estudiantes en prácticas
Trabajo vuelve a citar el próximo lunes a patronal y sindicatos para cerrar el Estatuto del Becario
El Gobierno confía en sumar a la patronal, que hasta ahora ha rechazado sumarse al acuerdo
Gabriel Ubieto
El Ministerio de Trabajo volverá a citar a patronales y sindicatos el próximo lunes 5 de diciembre para tratar de cerrar el Estatuto del Becario, tal como ha avanzado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Dicha norma lleva varios meses de retraso, provocado por las diferencias internas en el Gobierno y por el rechazo de los empresarios a sumarse a la reforma que le plantean. El objetivo del Ejecutivo es cerrar antes de acabar el año esta norma, que pretende acotar el uso fraudulento que hacen empresas y administraciones públicas con la figura del estudiante en prácticas, reemplazando a trabajadores. También obligar al ente formativo a pagar una cotización por los estudiantes y costearles el transporte y el material, entre otros. Según distintos cálculos no oficiales, alrededor de medio millón de alumnos podrían beneficiarse de la nueva norma.
Las negociaciones para dar carpetazo al Estatuto del Becario y que todos los estudiantes de grado medio o superior coticen para una futura prestación de paro ha encadenado varios retrasos. Era un compromiso adquirido cuando los agentes sociales firmaron en verano del 2021 la primera reforma de las pensiones. En ese documento las partes se daban seis meses para tener lista la norma de las cotizaciones y el Gobierno no cumplió. La nueva fecha pasó a ser antes del verano del 2022 y ahí la falta de entente con la patronal volvió a retrasar las conversaciones.
Desde Trabajo apuran para sumar a los empresarios a la norma y ampliar así la legitimidad de la misma, por lo que han esperado a que la CEOE celebrara sus elecciones para volver a citarlos a una mesa de negociación. Hasta ahora los empresarios han ido dilatando las conversaciones y rehusando sumarse al acuerdo, al rechazar la supresión de las prácticas extracurriculares que contempla el Gobierno a partir del 2025.
Los patronos entienden que ello va en detrimento de la flexibilidad de las compañías y que puede frenar que estas acepten a estudiantes en prácticas. Por contra, los sindicatos denuncian que es precisamente en esa figura donde se concentra un mayor volumen de fraude y que muchos de esos estudiantes acaban haciendo el trabajo que debería hacer un empleado con contrato. De hecho, con las centrales Trabajo tiene cerrado un preacuerdo, al que o bien sumará a la patronal o deberá sacarlo solo con el aval de los primeros.
Fuentes conocedoras de las conversaciones explican que desde el departamento liderado por Yolanda Díaz están abiertos a alargar la supresión definitiva de las prácticas extracurriculares, si a cambio los empresarios aceptan mayores mecanismos de control que entren en vigor de forma inmediata. Con el fin de garantizar que si un estudiante recurre a dicha fórmula es para ganar experiencia y aprender y no lo hace la empresa para ahorrarse costes laborales.
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