La Seguridad Social deniega la atención presencial que exige a las entidades bancarias

Un señor mayor que quiere contratar a una empleada del hogar, u otro que la quiere dar de baja porque se va a vivir con su hijo; una mujer que se muere y su hija comprueba que sigue percibiendo la pensión de viudedad que debería dar de baja pero, claro, la mujer ha fallecido y ella es la hija, no la titular; una familia vulnerable y en riesgo de exclusión social que tiene derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV); un jubilado que desconoce su base reguladora; una mujer que quiere dar de alta a su hijo recién nacido para que le asignen un pediatra y otra que necesita cobrar la baja de maternidad…

Quien tiene o ha tenido que realizar un trámite en la Seguridad Social desde que las oficinas cerraran al público hace tres años sabe que la única manera de garantizar el acceso a las prestaciones gratuitas a las que tiene derecho es pagar a un profesional para que realice el trámite. Lo denuncian los usuarios, los sindicatos y, ahora, los profesionales laboralistas, que critican un sistema automatizado donde se niega la atención presencial y genera “inseguridad jurídica”.

Y es que el Gobierno le ha exigido a la banca la inclusión financiera de los mayores y que garanticen sus servicios en la España vaciada con oficinas que habían cerrado y un trato presencial para proteger los derechos de personas mayores o vulnerables. Pero ¿qué ocurre con la Seguridad Social? La atención en ventanilla ha desaparecido desde hace tres años, tal como ha publicado Levante-EMV (periódico perteneciente a Prensa Ibérica, grupo al que también pertenece LA OPINIÓN) y el Gobierno aumenta la brecha digital igual que lo hace la banca.

La entrada a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está prohibida al ciudadano ya que las oficinas son ahora virtuales y los trámites, burocráticos.

Este cierre de la Seguridad Social obliga a los usuarios a acudir a profesionales laboralistas para conseguir prestaciones que son gratuitas. Los retrasos a la hora de cobrar jubilaciones, pensiones de viudedad, prestaciones por baja de maternidad o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) son una realidad ante una falta de atención directa que suma quejas de usuarios y también de profesionales, que se ven obligados a realizar cursos de forma constante para ver cómo realizar los trámites o dudas que debería resolver un funcionario en ventanilla.

Y es que los profesionales (abogados, graduados sociales, asesores laborales…) tampoco pueden acceder a las oficinas de forma presencial. Desde el sector de los profesionales laboralistas lamentan la falta de atención presencial ya que se ha generado “una indefensión jurídica” al usuario y a quienes trabajan en el sector. “Es como si para realizar un empadronamiento se obligara a la firma digital y no hubiera atención presencial. Es algo incomprensible y genera indefensión jurídica total. No se puede entender como la Administración está haciendo lo mismo que afea a la banca. Le exigen a los bancos que tengan atención presencial y es la propia Administración la que lo tiene todo digitalizado”, sentencia Rubén Molina, graduado social .

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