Foment impulsará un recurso ante el Tribunal Constitucional del nuevo impuesto a las grandes fortunas

La patronal catalana Foment del Treball llevará ante el Tribunal Constitucional (TC) el nuevo impuesto temporal para gravar los patrimonios de más de 3 millones de euros y que se pagará en 2023. Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa su presidente, Josep Sánchez Llibre, que buscará el apoyo de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados para poder impugnar el nuevo tributo ante el alto tribunal. También el apoyo de la gran patronal CEOE, con la que pretenden hacer frente común para aunar apoyos parlamentarios y de comunidades autónomas, como Madrid o Andalucía, que ya han avanzado que recurrirán ante el TC. "Estamos radicalmente en contra. [...] Es un impuesto confiscatorio", ha definido el líder empresarial.

Foment del Treball ha puesto en manos del bufete de abogados RocaJunyet la redacción del recurso. Según los empresarios su aprobación -todavía pendiente de superar el trámite parlamentario-, vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que en su opinión se solapa sobre el impuesto de patrimonio, que gestionan estas.

También alegan que incorporar un nuevo impuesto a finales de año vulnera el principio de seguridad jurídica de las empresas, ya que estas ya han cerrado balances y planificado el año que viene sin tener en cuenta este nuevo gravamen. Y, como tercer argumento, consideran que esta "tasa de solidaridad", según la ha bautizado el Gobierno, vulnera principio de capacidad económica de los contribuyentes.

Foment del Treball replica con esta nuevo impuesto a las grandes fortunas la línea que siguió con el impuesto de patrimonio, en 2021. Entonces se alió con el PP, que puso a su disposición los diputados suficientes para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha manifestado al respecto. De momento, Sánchez Llibre ha afirmado que no ha habido contactos previos con los 'populares'.

Sánchez Llibre ha criticado las últimas decisiones del Gobierno que atañen a la práctica empresarial, como el anuncio de un posible impuesto temporal a las grandes distribuidoras alimentarias, que sus impulsores justifican en tanto que el precio de los alimentos se ha encarecido el 15,3% en el último año. También la puesta en marcha del 

 o el refuerzo de la capacidad de los inspectores de Trabajo para frenar eres sin causa justificada, entre otros.

"Estamos muy preocupados por las decisiones precipitadas que toma el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, muchas de estas a instancias de Unidas Podemos y que afectan muy gravemente a la economía de este país y al funcionamiento de las empresas y los autónomos. Sin diálogo previo. Están menguando la confianza empresarial y la seguridad jurídica", ha declarado.