La Audiencia Nacional devuelve a Alcoa y a los cuatro jefes a la lista de investigados

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha devuelto a la empresa Alcoa Inespal y a sus cuatro ejecutivos —Kai Runne Heggland, Álvaro Dorado Baselga, Ignacio León Moro y Christine Keener— a la lista de investigados de la causa que instruye la magistrada María Tardón, la titular, precisamente, del Juzgado Central Número 3 de la propia Audiencia Nacional, la responsable de desentrañar la madeja que se lió con la venta de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés en julio de 2019.

Esta vuelta a la casilla de salida la decreta la sala superior al considerar que el auto que exoneraba a los ejecutivos y a la compañía había resultado “prematuro”. Y esto es así, defiende el auto, porque los que recurrieron la salida de Alcoa (los catorce extrabajadores de Alcoa de A Coruña que quieren sumarse al acuerdo negociado por sindicatos y la multinacional esta pasada primavera para cobrar las indemnizaciones de 60 días por año trabajado y 10.000 euros más lineales) no pudieron proponer “la práctica de diligencias tendentes a mantener la imputación”. O sea, que la sala pide tiempo para que los que recurrieron puedan decir por qué la multinacional y sus cuatro jefes tienen que seguir en la lista de investigados. Y es que ni la defensa de Alcoa, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Fiscal, ni las acusaciones particulares (las federaciones sindicales encabezadas por la Confederación de Cuadros) ven razones para que vuelvan a la lista de investigados (que es como se llaman ahora a los imputados).

El pago de estas cantidades se encuentra ahora mismo bloqueado ante los recursos presentados por trabajadores excedentes de Alu Ibérica. Será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra sobre estas indemnizaciones que ascendían a unos 120.000 euros de media entre casi 250 trabajadores.

Se da la circunstancia de que los catorce trabajadores que han recurrido dejaron la multinacional aluminera con posterioridad a enero de 2019. Y esta circunstancia es fundamental porque es la fecha a la que ordena la sentencia de la Audiencia Nacional de esta pasada primavera retrotraer el lío. Lo que sí es cierto es que esta primavera (cuando se negoció el acuerdo al que se quieren sumar), algunos de los que forman parte de la lista de catorce llevaban tres años fuera de la empresa.

Así que, según las federaciones sindicales personadas en la causa —Alcoa declinó hacer cualquier comentario al respecto de esta decisión judicial—, lo que va a pasar ahora es que la defensa de los catorce recurrentes —un despacho de abogados de A Coruña— tendrá que explicar ahora a las partes por qué hay que imputar a la multinacional contra el criterio de todos los demás. “La revocación del auto que separaba a Alcoa y a los ejecutivos de la causa no afecta al acuerdo que alcanzamos en primavera. Nosotros cumplimos todos los hitos recogidos en ese acuerdo. No se puede volver para atrás”, señala Juan Antonio González Barriocanal, secretario general de la Confederación de Cuadros, la central sindical que presentó la querella que abrió la causa contra las presuntas acciones delictivas desarrolladas en las fábricas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, durante la gestión de los investigados David Domenech y su socia Alexandra Camacho. En estos mismos términos se manifestó Damián Manzano, el secretario general de Industria de CCOO en Asturias. “Lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Que vuelvan a la lista de investigados no puede achacarse a nuestra parte”.

Fogasa

El caso es, sin embargo, que los extrabajadores de Alu Ibérica no han visto un euro de su finiquito desde que el pasado día Primero de Mayo (el día del Trabajo) fueron despedidos. Y no lo han hecho porque el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que es un instrumento del Ministerio de Trabajo para atención a las plantillas cerradas tras un ERE extintivo, no ha pagado nada a nadie. Y no lo ha hecho a pesar de que los administradores concursales de Alu Ibérica le han certificado la deuda que tiene con su explantilla y, a pesar, de que el acuerdo de la primavera pasada no termina de materializarse.

La causa comenzó a finales de 2020, cuando la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) presentó una querella, a la que posteriormente se sumaron los demás sindicatos, por “la existencia de diversas irregularidades” en la venta de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés por un supuesto incumpliendo de los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial y con los representantes de los trabajadores, según la magistrada. La juez sostiene que el 31 de julio de 2019, ante la “difícil situación económica que atravesaban los centros de producción” de A Coruña y Avilés, Alcoa vendió el 100% del capital social de ambas fábricas a las mercantiles Alu Holding AC y Alu Holding AVL, “creadas de forma inmediata anterior por su propietaria, la sociedad suiza Blue Motion Technologies AG (Parter Capital Group)”.

Raül Blanco, figura clave en la crisis de Alcoa, cesa como secretario general de Industria

En la recta final de la legislatura, una figura clave en la crisis de Alcoa se despide del Ministerio de Industria. Raül Blanco cesará como secretario general de Industria y Pyme en el próximo Consejo de Ministros y será sustituido por Francisco Blanco Ángel, actualmente senador por Asturias y que fue consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado. El Ministerio de Industria confirmó ayer la salida de Blanco, adelantada por El Economista, y señaló que el secretario general de Industria y Pyme pasará a ser director general de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI). La ministra de Industria, Reyes Maroto, que también dejará el año que viene su puesto para ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, agradeció a Blanco su trabajo al frente de la Secretaría General de Industria y Pyme. Blanco fue el responsable de poner en marcha los nuevos instrumentos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos Next Generation, como los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), entre ellos el del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). En la próxima reunión del Consejo de Ministros, Francisco Blanco será nombrado secretario general de Industria y Pyme, en sustitución de Raül Blanco.

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