La Xunta desatasca el 66% de los proyectos eólicos en riesgo de perder la conexión

De una tacada, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer las declaraciones de impacto medioambiental de 15 proyectos eólicos, Ocho están en la provincia de A Coruña. El tiempo se le echa encima a la Xunta. Quedan seis días para que concluya la prórroga del Ministerio para la Transición Ecológica a los promotores que acumulan miles y miles de megavatios (MW) en instalaciones renovables sin construir, pero con derecho de conexión a la red eléctrica. Se habló de una burbuja verde, alimentada por la apuesta por la transición energética en toda Europa y, aunque siempre negó que existiera un problema grave de especulación con los permisos para engancharse, la propia ministra, Teresa Ribera, reconoció la prioridad de distinguir los viables de los que no irán nunca adelante por cuestiones económicas o de daños en el entorno. Inicialmente, el último plazo para cribar todos esos parques de eólica y fotovoltaica amontonados finalizaba en marzo del pasado año. Las quejas de varias comunidades provocaron su extensión hasta el 25 de enero de este 2023. Hubo ya otras ventanas de caducidad de los enchufes en los últimos meses, pero ahora le toca el turno a la mayor cantidad de potencia, alrededor de 2.300 MW en el caso de Galicia, según los cálculos de la patronal EGA.

Entre noviembre y diciembre salieron adelante más parques en los seis años anteriores y el ritmo no ha parado este mes. De los 140 proyectos en riesgo de perder el permiso de acceso a la red por no tener la declaración de impacto, 92 pasaron ya por la lupa de la Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental. De ellos, 66 (1.839,1 MW) recibieron el beneplácito de los técnicos y el dictamen de otros 26 (599,95 MW) fue desfavorable. Quedan 48 parques a la espera del informe correspondiente. En eso sigue la Xunta, que contrató a 120 personas para agilizar la revisión de expedientes.

Los ocho parques eólicos de la provincia de A Coruña que han recibido la declaración de impacto ambiental son Carboeiro, en los ayuntamientos de Arteixo, Culleredo y A Laracha; Monte Inxeiro (Cerceda y Ordes); Coto Loureiro (Cerceda y A Laracha); Legre (Mesía y Oza-Cesuras); Solpor (Mesía y Ordes); Penas Boas (Aranga y Oza-Cesuras); San Cosmeiro (Mazaricos y Outes) y Barrosino (A Baña).

A pesar de la evidente lentitud en las tramitaciones antes ya del ultimátum de Transición Ecológica —en 2018 se emitieron los informes de ocho parques, uno solo en 2019, seis en 2020 y nueve en 2021— y del cambio de fecha para, precisamente, dar margen a las autonomías, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reprochó el calendario fijado por el Gobierno central “de forma unilateral” y defendió la necesidad de equilibrar el desarrollo renovable de Galicia con “la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente”.

“Galicia está respondiendo y activando todos los instrumentos que están a nuestro alcance como administración para acompañar las necesidades del tejido industrial, ofrecer la máxima agilidad y siempre de forma planificada”, incidió también el vicepresidente primero y conselleiro de Economía en la comparecencia conjunta con Rueda al finalizar la cumbre semanal de la Xunta. Ambos reclamaron “diligencia” al Ejecutivo central para allanar el camino de los 13 grandes parques —tienen más de 50 MW y, por tanto, la autorización corresponde al Estado— destinados a suministrar electricidad a Alcoa y los proyectos industriales de Sentury y Resonac (la antigua Shora Denko) que optan a fondos europeos.

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