Los excluidos de Alu Ibérica defienden cobrar porque la venta de las plantas no se completó

Los trabajadores de Alu Ibérica excluidos del acuerdo con Alcoa para cobrar los finiquitos —todos ellos de la fábrica de A Grela— han parado, con la presentación de tres demandas conjuntas ante la sala de lo Social del Tribunal Supremo, la activación del acuerdo transaccional homologado por este mismo alto tribunal.

Esta acción significa que este grupo de excluidos por la multinacional considera que debe incorporarse al mismo porque eran trabajadores en enero de 2019, cuando comenzó la crisis que ha terminado con el cierre de las fábricas de aluminio primario de A Coruña y Avilés.

Y este acuerdo existe porque también hay una sentencia de la Audiencia Nacional que certifica que, como defendían las federaciones de industria de los sindicatos representados en los comités de empresa, Alcoa no concluyó adecuadamente la venta de sus fábricas y, en consecuencia, debe abonar lo prometido el 15 de enero de 2019. Es decir, 60 días por año trabajado y 10.000 euros más de manera lineal.

En este punto es donde los dos grupos de trabajadores (los que firmaron el acuerdo el año pasado, 500 personas entre las plantas coruñesa y asturiana y los que excluyó Alcoa, 13 extrabajadores) difieren. Estos últimos consideran que como eran empleados en enero de 2019 tienen que beneficiarse de la nueva promesa de la multinacional. El resto —los que se han quedado sin cobrar su finiquito a expensas de que se arregle el problema— acuden a la misma sentencia. En el fallo se señala: “Reconocemos el derecho de los trabajadores de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, cuyas extinciones estaban previstas en el acuerdo de 15 de enero de 2019, a que se dé pleno cumplimiento a las condiciones sobre extinción de contratos y plan de recolocación externa incluidos en sus apartados 7 y 8”. Interpretan que estas “extinciones” de la sentencia no son las mismas que las que se produjeron esta primavera pasada: cuando los últimos 275 y 230 salieron, respectivamente, de las fábricas de A Grela y Avilés para apuntarse al paro.

Y esto es así porque los 13 contratos de los que siguen en el pleito abierto en A Coruña “nunca fueron extintos”. Se da la circunstancia de que salieron de la empresa bien por medio de bajas incentivadas (Parter, el segundo dueño de este período, pagó a quienes querían salir de la empresa de manera voluntaria), pero también hay el caso —cuatro, por lo menos— que dejaron Alcoa tras ser reconocidas sus incapacidades. Es decir, dejaron la multinacional activando el plan de pensiones reconocido en el convenio. Y no por ningún ERE.

En todo caso, este grupo de 13 (eran 14, pero uno ha desistido) considera que tiene derecho a cobrar porque “formaban parte de la empresa en el momento de la suscripción del acuerdo” (el de enero de 2019). Quien lo tiene que decidir ahora es el Tribunal Supremo y, mientras tanto, los días sin cobrar de los últimos de Alu Ibérica se van acumulando porque ni siquiera el Fondo de Garantía Salarial, que tiene que abonar los topes de las empresas insolventes —Alu Ibérica lo es: está en liquidación—, está pagando lo que les corresponde a los despedidos.

Los extrabajadores denunciarán al Fogasa por impago

Los extrabajadores de Alu Ibérica (la antigua Alcoa) van a demandar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) porque, según fuentes de los empleados, “nos tiene con una mano delante y otra detrás”. Y eso es así porque ha empezado a denegar las peticiones de pago de las indemnizaciones correspondientes por extinción de los contratos en una empresa que está en período de liquidación. Lo hace porque, como asegura en sus comunicaciones, le consta que existe un acuerdo “ratificado y homologado entre el trabajador peticionario y Alcoa Inespal que mejora los límites de pago del propio Fogasa”. Es decir, que como los trabajadores pactaron mejoras en sus indemnizaciones, el Fogasa no puede pagarles. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla. El acuerdo del que habla el Fogasa sí que existe. Cobró carta de naturaleza por fases y a lo largo de varios meses, como una carrera de obstáculos. Estaba sujeto a una decena de anexos y a un documento transaccional que, para ser efectivo, tenía que homologar la sala de lo social del Tribunal Supremo —donde está ahora la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en la primavera de 2021 a la multinacional a pagar el plan social a sus extrabajadores por no haber vendido a un grupo solvente sus fábricas en la operación de julio de 2019—. Y ahí, el documento cobró forma. Sin embargo, 13 extrabajadores de Alu Ibérica A Coruña excluidos por la multinacional Alcoa del acuerdo —porque dejaron la empresa por haber pedido la cuenta, por jubilación o por excedencia— han parado el acuerdo de sus compañeros. Estos 13 se basan en la circunstancia de que la sentencia de la primavera de 2021 ordena devolver los pasos a enero de 2019, cuando empezó el proceso de venta de las fábricas (y ahí sí que estaban). O sea que sí, que hay acuerdo, pero es papel mojado de momento. Alcoa no ha iniciado los pagos que le corresponde hacer (la multinacional y cuatro de sus jefes han vuelto a la lista de investigados en la causa penal) a pesar de que los trabajadores, las federaciones sindicales, la fiscalía y el abogado del Estado cumplieron su parte del acuerdo y no se negaron a que fueran retirados de la lista. Al despacho coruñés que defiende a los 13 excluidos le corresponde decir por qué Alcoa y los jefes tienen que estar imputados si las demás partes defienden lo contrario. La vuelta a la casilla de salida de los directivos de la multinacional es interpretada en medios sindicales como “una excusa para demorar el pago de lo que debe”. Y es que, aseguran, los trabajadores cumplieron con su parte (aceptar sus despidos de manera unánime) y también las federaciones que lo representan (retirar las demandas). En todo caso, en unos días se cumplirán nueve meses desde la extinción de los contratos y aún no han recibido sus correspondientes finiquitos.

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