Galicia lidera las autorizaciones de parques eólicos en España con casi 3.000 megavatios

Ayer, miércoles 25 de enero, estaba marcado en rojo en el calendario del sector eólico español y gallego. Vencía el plazo para que cientos de proyectos renovables se hiciesen con la declaración de impacto ambiental (DIA), expedido por el Gobierno central —para proyectos de más de 50 megavatios (MW)— y por las comunidades autónomas —para los de menor capacidad—. Ha sido una carrera contrarreloj en la que, como reconoció ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, los funcionarios “trabajaron durante los fines de semana y durante toda la Navidad, incluso hasta las doce de la noche de cualquier día para que esto fuera posible”.

Al final, tanto la Xunta como el Gobierno dieron el visto bueno a 84 parques eólicos en Galicia que suman casi 3.000 MW (2.912). Es la cifra más elevada de todas las comunidades y si todos entrasen en funcionamiento supondría aumentar en un 75% la potencia instalada en el territorio gallego. Ahora es de 3.880 MW.

La Xunta, pese a ser la encargada de aprobar la declaración de impacto ambiental de las instalaciones más pequeñas —las de menos de 50 MW— validó 2.200 megavatios de 77 parques eólicos, que ahora tendrán que superar varias fases para su instalación y puesta en marcha. La administración gallega tramitó 120 de las 140 declaraciones de impacto medioambiental registradas. De ellas, 77 fueron positivas y 43 negativas. Estas últimas han supuesto la pérdida de 1.114 MW, a los que habría que sumar los 417 de los 20 expedientes que no han tramitado su DIA y que han perdido el permiso de acceso y conexión a la red.

El otro actor en este reparto es el Gobierno, encargado de validar los proyectos más grandes, los que superan los 50 MW. Y en este apartado estaban muy pendientes empresas como Showa Denko o Alcoa. Al final, el Ministerio de Transición Ecológica resolvió 11 autorizaciones ambientales de parques eólicos en Galicia: siete de forma favorable —cinco para Alcoa y dos para Showa Denko—, uno denegado —también de Alcoa— y otros tres archivados “por falta de documentación” de la Xunta. En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Galicia apuntó que estos siete parques con resolución favorable suman una potencia de unos 712 megavatios.

Los parques Orzar y Tornado de Showa Denko recibieron el visto bueno medioambiental. El primero cuenta con 56 megavatios y el segundo, con 67,2. Estarán ubicados en Carballo, Tordoia, Val do Dubra y Trazo.

Para Alcoa serán cinco. El parque eólico de Santuario es el de mayor potencia, con 180 megavatios. Se sitúa entre Xermade, Vilalba, Guitiriz y As Pontes. Le sigue el de Barqueiro, con 150. Situado en As Pontes, As Somozas, Cerdido, Mañón, Moeche y Ortigueira, así como en O Vicedo (Lugo).

El de Badulaque (90 megavatios) se emplazará entre los municipios coruñeses de Valdoviño, Cerdido, Cerdeira, Moeche, As Somozas y As Pontes. El de Tesouro cuenta con 60 megavatios. Estará entre A Capela y As Pontes. Y el de Moeche (53 megavatios) se emplazará en Moeche, As Somozas, As Pontes y San Sadurniño.

La Xunta también informó de que dio luz verde a ocho declaraciones ambientales —de proyectos de menos de 50 megavatios— para parques vinculados a Alcoa, que suman 207 megavatios, mientras que nueve cuentan con declaración negativa —suman 156 MW—.

Según explicó el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, el proyecto denegado, que estaba vinculado a Alcoa, ha tenido resolución negativa “porque la Xunta informaba negativamente de todos los aerogeneradores”. Llamado Caaveiro, con 78 megavatios, se proyectaba entre Fene, Neda, Cabanas, San Sadurniño, A Capela y As Pontes. Además, tres fueron archivados “por falta de documentación por parte de la Xunta, ya que después de dos prórrogas y todo este tiempo no emitieron los informes correspondientes”. Dos de los archivados estaban promovidos por Green Capital: Fonte Barreiros, de 96 megavatios —en Ribadeo, Barreiros, Foz, Cervo y Xove—, así como Rula, de 55 MW —en Cerdedo-Cotobade y Ponte Caldelas—. El tercer archivado era de Greenalia, agrupaba los parques Tramontana (72,5 MW) y Siroco (61,6 MW).

A partir de ahora se abren dos nuevas fases que tendrán que superar los 84 proyectos con DIA favorable. Deberán contar con autorización administrativa previa en tres meses y con luz verde para la construcción en seis. Cuando obtengan la autorización para línea de evacuación —que es una tramitación distinta—, los parques tienen dos años para su puesta marcha, con el horizonte de 2025, ya que si en ese plazo no entran en funcionamiento, pierden su autorización.

En Cataluña, de los 101 proyectos, 84, que suman 1.739 MW de potencia instalada, obtuvieron una DIA positiva. Por su parte, la Generalitat Valenciana de los 107 proyectos (2.991 MW) resolvió a favor 61 (1.356 MW). Canarias validó 70 parques que tendrán una capacidad para generar 318,33 MW.

Cientos de proyectos se quedan en el camino

El Gobierno fijó en junio de 2020 una serie de plazos para cumplir cada uno de los trámites necesarios para poner en marcha un parque renovable (solicitud de autorización administrativa, impacto ambiental, autorización previa, construcción y explotación definitiva), que dura cinco años. Si no se cumplen, la licencia caduca de forma automática (lo que implica volver a empezar de cero los trámites y dejar el punto de conexión libre para otro proyecto) y los avales depositados por los propietarios de los parques se ejecutan. El objetivo de este mecanismo es evitar la especulación al arrinconar a aquellos promotores sin un proyecto firme. Ayer caducaba el plazo de obtención de la declaración de impacto ambiental (DIA) de cientos de proyectos, después de que el Gobierno diera una moratoria de nueve meses el año pasado. Y muchos de ellos se han quedado por el camino. En el caso de Galicia 43 fueron rechazados por la Xunta por deficiencias en el proyecto, por contravenir los principios del interés general o porque el propio promotor ha desistido, y 20 por no tramitar la petición en tiempo y forma. En el caso de Valencia fueron 31 y 15; en el de Canarias, 10 y 24, mientras que el Ejecutivo central rechazó 22 y otros ocho ni los estudió. Cataluña tampoco validó otros 17.

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