Xunta y eólicos piden al Gobierno tres meses más para autorizar los parques salvados

El año más fructífero de la historia para la eólica en Galicia fue 2007, cuando se instalaron 396 megavatios (MW) de nueva potencia. Luego llegó la recesión global, los dos fallidos concursos del bipartito y el PP gallego y la reforma energética impulsada por el ministro José Manuel Soria, que sumió al sector en un profundo letargo con la supresión de las primas a las tecnologías renovables por su contribución a la lucha contra el cambio climático. La resurrección tardó una década larga y la comunidad gallega perdió su histórico liderazgo en la industria del viento en España por el camino. Las subastas de renovables convocadas desde el Gobierno central alumbraron otros 394 MW en 2019. Y, después, otra vez la sequía, a la espera de lo que pasará de aquí a julio del próximo 2024, la fecha tope para encender los 84 nuevos parques que la Consellería de Medio Ambiente y el Ministerio para la Transición Ecológica acaban de salvar de la criba de caducidades en los derechos de conexión a la red con la tramitación acelerada de las declaraciones de impacto ambiental. Tenían hasta el día 25 para recibirlas, pero es solo el primer hito a cumplir para retener los enchufes.

El siguiente llega en tres meses. A finales de abril, los 77 proyectos de menos de 50 MW revisados por la Xunta y los siete de competencia estatal por su mayor potencia deben contar con la autorización administrativa previa para seguir adelante hasta la otra meta volante en julio, el momento en el que se les exigirá disponer del permiso de construcción. Un atolladero en el caso de Galicia. ¿Por qué? Porque la ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales auspiciada en 2017 por la administración autonómica para hacer frente a la competencia del norte de Portugal unió ambas autorizaciones en solo un trámite de seis meses de duración.

La Xunta como la Asociación Eólica de Galicia (EGA) han pedido al departamento dirigido por Teresa Ribera y a Red Eléctrica de España (REE), el transportista y encargado de dar las conexiones, que a los proyectos de la comunidad se les libere del hito de abril con la autorización administrativa y puedan presentar los dos permisos juntos en el turno de julio. Lo contrario, dicen los promotores en una carta al ministerio y al operador de la red, “resultaría del todo discriminatorio” frente al resto de solicitantes. Incluidos los siete parques previstos también para Galicia, pero en la ventanilla del Estado. La aplicación de esos plazos para evitar las caducidades “supondría una vulneración del principio de igualdad, al suponer un trato discriminatorio y perjudicial para los promotores cuyos proyectos se tramiten al amparo de la norma autonómica en relación con los tramitados al amparo estatal”, destaca EGA en una carta remitida al ministerio y al operador de la red eléctrica. De momento, según aseguran fuentes de la patronal eólica gallega, no ha habido respuesta. Volverán a solicitarlo en breve, aunque ni el Gobierno gallego ni las empresas confían demasiado en que la petición se tenga en cuenta, a pesar de que hay otras autonomías en la misma situación.

Si es así, los técnicos de la Consellería de Economía tendrán que sacar en tres meses lo que inicialmente pensaban sacar en seis. Quizás por eso, el vicepresidente primero, Francisco Conde, recordó hace unos días en una comparecencia en el Parlamento gallego que “tramitar no es autorizar” y pidió “no dar por construidos ni por autorizados” los 84 parques. Tras defender que todo el proceso de revisión por parte de los organismos medioambientales se llevó “desde el rigor” con el principio de “la seguridad jurídica”, Conde apeló a ir “paso a paso” a partir de ahora.

Las declaraciones ambientales con dictamen favorable para todos esos proyectos que suman casi 3.000 MW recogen algunos condicionantes que, para asegurar el cumplimiento y emitir la autorización administrativa previa y la de construcción, requerirá muy probablemente la firma de una declaración responsable por parte de los promotores.

El BNG anunció ayer que reclamará en el Parlamento gallego la apertura de una comisión de investigación sobre la gestión de la Xunta en la concesión y seguimiento de autorizaciones para la apertura de parques eólicos, ya que, en palabras de su líder, Ana Pontón, el PP permite actuar “fuera de la ley” o elabora normativas “a medida” para favorecer un “boom eólico depredador” que se ha convertido en una “estafa colectiva” para Galicia. “El Partido Popular tiene mucho que ocultar”, arremetió Pontón, flanqueada por gran parte del grupo parlamentario nacionalista en la Cámara gallega, a la que trasladarán su propuesta para configurar un órgano que investigue “qué está pasando” con el “boom” eólico en Galicia, “por qué se le oculta información a los gallegos” y “por qué se les perdona” a las empresas eléctricas “el pago de recursos” o el “desarrollo de planes industriales” asociados a los parques.

Galicia es la segunda comunidad con más eólica con dictamen favorable del ministerio

Entre los proyectos renovables que son de su competencia por superar los 50 megavatios (MW) de potencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico analizó 202 expedientes en riesgo de perder el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica, de los que 154 obtuvieron la declaración de impacto ambiental positiva. Otros 36 no fueron adelante y 12 se archivaron. La potencia total con dictamen favorable roza los 28.000 MW, de los que unos 24.700 son en parques fotovoltaicos (132), cerca de 2.900 en eólica (20); y el resto son proyectos híbridros. Galicia fue la comunidad con más proyectos ligados al viento que siguen adelante. La gran mayoría de las declaraciones favorables de los proyectos contiene condiciones de obligado cumplimiento. Tres de cada cuatro tuvieron que modificarse.

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