La CEOE cierra filas con Ence ante la decisión inminente del Supremo sobre su continuidad

Antonio Garamendi apoya que la planta siga radicada en Pontevedra

El presidente de la CEOE Antonio Garamendi con empresarios en Santiago.

El presidente de la CEOE Antonio Garamendi con empresarios en Santiago. / Xoán Álvarez

Roi Rodríguez

A escasos días de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su continuidad en la ría de Pontevedra, Ence recibió ayer un importante espaldarazo por parte de la CEOE, que se suma a así otras muchas voces que defienden que permanezca en Lourizán. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que ayer participó en un almuerzo-coloquio organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y en el que participó el director territorial de la papelera, Antonio Casal, aprovechó su presencia en Santiago para dar un “apoyo explícito” a la empresa, que por un “problema administrativo” depende de una decisión judicial. “Ence cumple todas las exigencias medioambientales y en el caso de Galicia destaca la implicación de 5.000 empleos, con especial importancia en el ámbito forestal”, manifestó Garamendi, que apeló a la “responsabilidad de todos” para que España no pierda tejido industrial.

La concesión original de la planta de Ence en Lourizán, otorgada inicialmente en 1958, vencía en 2018. Fue prorrogada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en una decisión que fue recurrida y que ya resolvió en su día la Audiencia Nacional en contra de la pastera. Ahora es el turno del Supremo, que deberá decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la compañía —además de por la Autoridad Portuaria de Marín o varias firmas auxiliares—, y dirimir hasta qué punto Ence tendrá o no continuidad en la entrada de la ciudad del Lérez. La deliberación final será el 7 de febrero.

Galicia no está sobrada de tejido industrial y la biofábrica de Ence está cumpliendo con todos los requisitos medioambientales”, trasladó el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, que emplazó a esperar para conocer la resolución del Alto Tribunal. “El Gobierno tiene que saber que Bruselas, ya en el 2020, dijo que deberíamos de llegar a un 20% de tejido industrial. Estamos entre el 13 y el 14 %. Si destruimos empresas industriales estamos haciendo un flaco favor, mucho más a Galicia”, añadió.