Ence lanza las primeras inversiones de los 130 millones previstos en Pontevedra

Cuando en marzo del pasado año Ence lanzó al mercado su estrategia de crecimiento para los próximos cinco años, en una presentación para captar nuevos inversores, los precios de la celulosa y los movimientos que realizó la empresa para protegerse ante un fallo en contra del Supremo sobre la concesión de su fábrica de Pontevedra lograron que pudiera mantener una posición de solvencia en los mercados. Aún así, la posibilidad de cierre de la fábrica era una losa que lastraba el avance de la compañía en cada una de las presentaciones que se realizaban. Esta situación cambió radicalmente desde el martes.

La concesión de Pontevedra está avalada ahora por dos fallos del Tribunal Supremo y Ence da los primeros pasos para resituarse en los mercados y mostrar su actual posición de fuerza. Hoy realizará un presentación mediante audio-webcast con analistas para explicar la nueva situación y los planes de futuro de la empresa a raíz de la decisión del Alto Tribunal. Será a las 16.00 horas, como trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En dicha comunicación se avanzan algunas de las líneas de actuación de Ence a corto plazo que incluyen ya inversiones para la fábrica de Pontevedra, hasta ahora en suspenso por la amenaza de un posible cierre. La empresa ratificó que tiene previstas inversiones en la planta de Lourizán, “tanto recurrentes como singulares”, que superan los 130 millones de euros en 10 años con el objetivo de “continuar operando con los mejores estándares de calidad y sostenibilidad”.

Una cifra a la que hay que añadir el compromiso de reactivar el Plan Social dotado con un presupuesto anual de 3 millones de euros, “para fomentar la sostenibilidad, la educación, la innovación y el deporte” en el entorno de la fábrica. Ayudas a las que podrán tener acceso colectivos de los municipios de Pontevedra, Poio, Marín y alrededores y que se suspendieron tras la anulación por la Audiencia Nacional de la prórroga de la concesión, al estar vinculadas a ella. Por último, también recuerdan que en estos meses se ha desarrollado “una innovadora solución para recuperar agua de su propio efluente y de la EDAR de Pontevedra” para afrontar posibles episodios de sequía como los del pasado año, además de recordar los certificados ambientales y su aportación al mundo rural gallego “que supera a la de las dos líneas de fondos PAC.

Ence, además, se encuentra en buena situación de partida para afrontar las inversiones previstas para la fábrica de Lourizán puesto que, a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló temporalmente su concesión, continuó con la tramitación urbanística y de los permisos necesarios para acometer estas obras ante la Xunta. Concretamente con la modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS).

Según explicó en su día el director territorial del grupo, Antonio Casal, de estas actuaciones vinculadas a la modificación del PSIS, 40 millones se corresponden con las citadas inversiones destinadas a la mejora de la eficiencia y la excelencia operacional y medioambiental, así como a la implementación de los procesos productivos.

La sentencia deja a Ence en una situación de fortaleza económica a la que contribuye un beneficio neto de 169 millones de euros de beneficio neto en 2002, en buena parte producto de la recuperación de los casi 200 millones de euros que la empresa había provisionado en 2021 para hacer frente a una eventual sentencia del Supremo que ordenase el cierre de su fábrica de celulosa en Galicia.

Dentro de su proyecto industrial, Ence informa que continúa avanzando en la tramitación de su nueva planta en As Pontes, en la que producirá fibra reciclada a partir de cartón y papel recuperados, así como de celulosa virgen elaborada por la propia compañía. Además, recalca que continuará adelante con el proyecto Navia Excelente que permitirá diversificar su producción con sustitutivos de fibra larga o del plástico, absorbentes y para su descarbonización con una inversión de 105 millones de euros en la planta asturiana.

La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) no tira la toalla en su lucha por sacar a Ence de Lourizán y recuerda que el Tribunal Supremo todavía no ha resuelto el recurso que la fábrica presentó contra el colectivo ecologista, que no descarta un fallo favorable y que, pase lo que pase, continuará con su movilización social y con las medidas judiciales que estén en su mano. “Queremos conocer la sentencia en su integridad y también el voto particular, porque va a ser fundamental saber en qué se basa. De ahí probablemente se podrá deducir algo que nosotros intuimos: que el Supremo cedió a las presiones de Ence, condenando a la ría de Pontevedra a mantener ahí esa fábrica”, señaló el presidente de la APDR, Antón Masa, que recordó que “los recursos de Ence y sus adláteres contra nuestro recurso todavía no están admitidos a trámite. Nuestro recurso aún no está fallado y habrá que esperar, porque podría ser que el fallo fuese diferente a estos dos. El recurso que Ence presenta contra el nuestro es bastante diferente que el que presenta contra los del Concello y Greenpeace. Hay que esperar para ver si aplican la misma resolución o diferente, no descartamos que nuestro fallo sea distinto”.

La Asociación pola Defensa da Ría: “Intuimos que el Supremo cedió a las presiones”

En este avance realizado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ence también reiteró su “apuesta por Pontevedra y Galicia” a través del proyecto que tiene previsto poner en marcha en As Pontes y al que destinará 125 millones de euros. Una actuación que ya tiene en marcha los proyectos de ingeniería. La primera fase consiste en una línea para la producción de fibra reciclada a partir de cartón y papel recuperados, así como celulosa virgen producida por Ence (en teoría en Lourizán) con un capacidad de 100.000 toneladas anuales. Esta primera fase podría estar operativa en 2026. La empresa también anunció que el pasado mes de enero formalizó la compra de los terrenos en As Pontes donde se ubicaría el proyecto que califican como “ejemplo de transición justa y de bioeconomía circular al transformar terrenos que forman parte de una central térmica, alimentada con combustibles fósiles, en una innovadora instalación basada en la recuperación y reutilización de recursos naturales, sin incrementar el consumo de madera”. En una posterior fase del proyecto se contempla la instalación de “una planta de cogeneración con biomasa certificada que cubrirá todas las necesidades de calor y electricidad de la instalación y de una línea para la fabricación de 30.000 toneladas anuales de productos papeleros”. Ence hará hincapié ante los inversores en las otras divisiones del grupo como es la de generación de energía con renovables, a través de Magnon con proyectos de crecimiento de hasta 813 megawatios; así como con una nueva línea de negocio basada en la bioeconomía circular y “con gran potencial de crecimiento en España” como es el biogás. Ence tiene en cartera nueve proyectos en desarrollo para suministrar 560 GWh de biometano al año y espera llegar hasta las 20 plantas en territorio nacional a medio plazo.

Masa comenta que “su impacto medioambiental, así como el número de trabajadores, es algo que el Supremo se saca de la manga, porque son cosas que no están en cuestión en los recursos, lo que se debería dilucidar es si, con la ley de Costas en la mano, una empresa como Ence puede permanecer en terreno de dominio público marítimo-terrestre”. El presidente de la APDR aseguró que, “sea cual sea la resolución, esto no acaba aquí, esto tiene un recorrido judicial aún muy grande y, desde luego, un recorrido social” y explicó que “estamos indagando en distintas vías para ver qué posibilidades quedan”.

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