Conpymes impugna ante el Supremo una subvención a CEOE, Cepyme y UGT

La asamblea extraordinaria de Conpymes ha acordado, por unanimidad, interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno aprobado a finales de diciembre en el que se realiza una asignación directa nominativa de subvenciones por importe de 30.625.000 euros a las asociaciones empresariales CEOE y Cepyme junto al sindicato UGT.

La organización no cuestiona los mecanismos de colaboración público-privada con agentes sociales en la ejecución de políticas públicas, pero sí la forma de hacerlo. El presidente de Conpymes, José María Torres, considera que “debe llevarse a cabo con mecanismos transparentes que garanticen el acceso en igualdad de condiciones de todas las organizaciones, máxime cuando el Ministerio de Trabajo y Economía Social reconoció la inexistencia de un sistema de acreditación de la representatividad empresarial al no existir desarrollo reglamentario".

Y eso, agrega, es "cosa distinta" de la que sucede con las organizaciones sindicales, "que sí que gozan de mecanismos transparentes y regulados de reconocimiento de su representatividad”. A juicio de Conpymes, el real decreto promovido a instancias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, es una "cacicada". Añaden que en la norma se utilizan argumentos "para tratar de justificar la concesión nominativa de estas ayudas a solo dos organizaciones empresariales, siendo perfectamente conocedor de que solo podrían utilizarse si se hubieran desarrollado los mecanismos que garanticen el acceso a esa colaboración a todas las organizaciones que puedan acreditar su representatividad".

A su vez, esta organización, una de cuyas promotoras es la patronal catalana Pimec, que lleva años reclamando la misma representatividad que la CEOE , UGT y CCOO, agrega que "un Gobierno no puede actuar de una forma un día, reconociendo que no existe sistema para medir y determinar el grado de representatividad empresarial, y luego de otra, reconociendo una pseudo-representatividad a algunas organizaciones que a la postre gozan de una menor implantación. Y ello, además, cuando estamos ante la asignación de importantes cantidades de dinero que deberían llegar en igualdad de condiciones a todas las empresas españolas".

El recurso contra el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo, en el marco del plan de recuperación financiado con los fondos europeos Next Generation se ha interpuesto ante la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo.