Siete países de la UE reclaman prudencia ante la reforma del mercado eléctrico

Si no hay cambios de última hora en la agenda, la Comisión Europea presentará la esperada reforma del diseño del mercado eléctrico europeo, que lleva funcionando con las mismas reglas desde hace más de 20 años, el próximo 14 de marzo. Bruselas lanzó oficialmente el debate a mediados de enero y desde entonces son numerosos los países que han trasmitido su posición y líneas rojas. España se anticipó a principios de enero antes de que el Ejecutivo comunitario abriera la consulta pública, pidiendo una reforma en profundidad. Alemania, Holanda, Dinamarca, Estonia, Letonia, Finlandia y Luxemburgo se suman ahora al debate y en una carta conjunta advierten de que cualquier cambio en el diseño tiene que ser “específico” y estar acompañado de una evaluación de impacto.

La postura de estos siete países augura, una vez que la propuesta llegue a la mesa de los gobiernos europeos a partir de mediados de marzo, una negociación difícil y complicada. Los siete países, que en octubre de 2021 ya firmaron otra carta rechazando la reforma del mercado eléctrico que defendía el Gobierno de Pedro Sánchez, parten de la base de que el mercado eléctrico europeo ha probado su resiliencia y ha generado “enormes beneficios” durante la última década, incluidos “precios al por mayor más bajos, una mayor seguridad en el suministro y una integración a gran escala de las energías renovables”. 

De ahí que su apuesta sigue siendo la de prudencia y ajustes limitados. “Cualquier reforma que vaya más allá de ajustes específicos del marco existente deber estar respaldada por una evaluación de impacto en profundidad y no debe adoptarse en modo crisis”, avisan en la misiva publicada por el Gobierno danés. Los siete países del norte de Europa reconocen que el sistema eléctrico europeo ha sufrido este último año una triple “crisis excepcional” por la guerra energética de Rusia, la limitada aportación de la energía nuclear y la escasa generación hidroeléctrica debido a las escasas lluvias. Todo esto ha llevado a un suministro de gas más reducido, precios de la electricidad elevados y una alta volatilidad que ha puesto bajo presión a hogares y empresas. 

Lecciones del pasado

Europa, sostienen, tiene que sacar lecciones del año pasado pero al hacerlo no debe perder de vista cual debe ser el gran objetivo: mantener los ambiciosos objetivos climáticos y energéticos a medio/largo plazo al tiempo que se mantiene la seguridad del suministro a precios abordables. “Es crucial que los intentos de abordar el desafío de los precios asequibles de la electricidad y la seguridad del suministro no pongan en peligro los esfuerzos de descarbonización y el buen funcionamiento del mercado de la electricidad”, avisan a la Comisión. 

Los siete insisten en que la reforma que plantee Bruselas debe guiarse por cinco principios. En primer lugar, permitir seguir integrando los mercados eléctricos, impulsar las capacidades de interconexión y eliminar barreras a la integración. También avisan de que es necesario salvaguardar y mejorar las inversiones en la transición verde -estimadas en 487.000 millones de euros anuales entre 2021 y 2030- y se muestran “escépticos” ante la limitación de los llamados 'beneficios caídos del cielo' a las empresas energéticas introducido por España, aunque no mencionan al Gobierno, porque “podría comprometer la confianza de los inversores en las necesarias inversiones”. 

Pactos voluntarios

Además, reclaman mercados a corto plazo más eficientes. “Los mercados eficientes de corto plazo basados en la fijación de precios marginales proporcionan una base sólida para lograr precios eficientes que proporcionen envíos adecuados e incentivos para un sector eléctrico descarbonizado”, señalan los siete países que también apoyan los acuerdos contractuales a largo plazo, como los acuerdos de compra de energía y los contratos por diferencias, porque ofrecen mayor seguridad a los inversores. Estos pactos tendrán, no obstante, que seguir siendo voluntarios y centrarse solo en las energías renovables, en contra de la postura de países como España, que quieren un despliegue generalizado. La misiva también aboga por incluir medidas para reforzar la protección de los consumidores de forma que puedan tener la posibilidad de elegir contratos variables o fijos y reducir las barreras de entrada en el mercado de nuevos participantes como comunidades energéticas facilitando que los propios consumidores se agrupen y distribuyan su producción a pequeña escala.