UGT y CCOO avalan el proyecto de ley de función pública, Csif en contra

El Gobierno aprobará su anteproyecto de ley de función pública con el aval de una mayoría sindical. UGT y CCOO se han posicionado a favor de la norma, mientras que Csif ha decidido rechazarla, tal como han trasladado en la reunión mantenida este miércoles. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha renunciado a apartar del puesto a los funcionarios que suspendan un test de méritos y logra así atrae a la mayoría sindical.

El departamento dirigido por María Jesús Montero ha cerrado este miércoles algo más de dos meses de negociación con los representantes sindicales de los empleados públicos. En diciembre del 2022 la primera versión del anteproyecto de ley pasaba por audiencia pública y la previsión es que el próximo martes Hacienda lleve la versión final al Consejo de Ministros. De ahí saltará al Congreso, donde el contenido puede estar sujeto a cambios y el Ejecutivo deberá buscar apoyos suficientes para su definitiva aprobación.

Las principales novedades del anteproyecto de ley son la agilización de los tiempos para la publicación y resolución de ofertas de empleo público, que se acortan de tres a dos años. También se crean dos nuevos complementos salariales, el de "complemento de carrera" y el de "desempeño" (que viene a sustituir al del productividad. En relación a este último, se establece un sistema periódico de evaluaciones para premiar a aquellos empleados públicos que mejor rendimiento muestren, también de cara a sus traslados.

"La ley supone una apuesta en pro de la dinamización de la carrera profesional", han valorado desde UGT en un comunicado. "Es una norma muy positiva, abre un marco de modernización de la administración y mejora las condiciones salariales de los empleados públicos. No renunciamos a mejorarla vía enmiendas en el Congreso", apuntan fuentes consultadas de CCOO, que hasta el martes a última hora no acabaron de fijar una posición favorable.

"Favorece el enchufismo"

Quien se ha descolgado del acuerdo es Csif, que tampoco firmó con el Gobierno por insuficiente el acuerdo de subidas salariales para el periodo 2022-2024. Allí las otras dos centrales sí avalaron la subida acumulada del 9,5%. Csif critica que la norma omita regular el teletrabajo -una asignatura pendiente en la Administración General del Estado (AGE)-, que mantenga los criterios de libre designación para el personal directivo -lo que consideran que "favorece el enchufismo"- o que no aborde no el derecho a la jubilación parcial anticipada, entre otros.

Desde el sindicato también se han mostrado contrarios a las condiciones de movilidad entre plazas de funcionarios que establece la norma, que, de facto, consideran que limitará la misma y obligará a los empleados que quieran trasladarse a estar hasta cuatro años de ejercicio antes de cambiar de puesto.