El Gobierno acaricia un acuerdo con los sindicatos para su reforma de las pensiones, mientras la patronal se descuelga de la misma. Ayer el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social mantuvo una reunión de tres horas con los agentes sociales y tras la misma deja prácticamente encarrilado un acuerdo bipartito. CCOO y UGT han convocado mañana a sus máximos órganos de dirección para dar el sí definitivo a la norma, que solo está pendiente de cambios menores negociados ayer y que el Ejecutivo deberá trasladarles por escrito. El equipo del ministro José Luis Escrivá se ha comprometido a mejorar la cobertura de las pensiones mínimas, blindando su cuantía cada año en el equivalente al 60% de la renta media del país y evitando que sea compatible cobrar una pensión y ser pobre.
El apoyo de las centrales contrastan con el rechazo frontal de la CEOE, que reafirmó ante un paquete de medidas que supone un aumento de costes laborales para la gran empresa. “Con estos mimbres es imposible”, declaró la directora de relaciones laborales de la entidad, Rosa Santos, a la salida de la reunión. Los patronos ya rechazaron a finales del 2021 el incremento limitado de cuotas que acabó pactando Escrivá solo con las centrales y vuelve a oponerse ahora a una subida de mayores dimensiones. “Hay que estar a las duras y las maduras. [...] Es muy fácil decir que esto no es sostenible y no plantear cómo se aborda la sostenibilidad”, le reprochó el ministro a la CEOE ayer mismo desde Bruselas. “Se han constatado importantes avances y se trabaja intensamente para cerrar un acuerdo”, afirmaron desde el Ministerio en un escueto comunicado tras la reunión.
No hubo sorpresas ni giros de guion en la reunión y, tras las impresiones de la semana pasada, patronos y centrales explicitaron las intenciones que ya se les intuían. “Ha habido avances significativos”, afirmó el secretario de protección social de CCOO, Carlos Bravo. “Estamos cerca”, ha coincidido el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.
El acuerdo con las centrales es cuestión de flecos y tiempos políticos, ya que CCOO y UGT recelan a dar su sí hasta que los partidos políticos también se pronuncien. Ambos hechos está previsto que ocurran, de manera simultánea, mañana. Los sindicatos reclamaron ayer piezas menores, como que Escrivá aclare si la tasa para gravar a los salarios altos afectará solo a los asalariados o también a los autónomos. Según datos de la propia Seguridad Social, dicha tasa operaría de forma permanente sobre alrededor de 1,2 millones de trabajadores en España e implicaría un aumento de costes para las empresas y la Administración. Finiquitadas las conversaciones en el diálogo social, le toca ahora a los grupos políticos, que están citados el miércoles de esta semana en el Congreso de los Diputados para pronunciarse y adelantar si votarán o no a favor del último eslabón de la reforma del sistema público de pensiones de la coalición.
Recortes descartados
El Ejecutivo ha reestructurado el sistema público de prestaciones para sostener el retiro de los baby boomers a través de más ingresos públicos. Una línea que le reclamaban CCOO y UGT y en la que se ha hecho fuerte Unidas Podemos, cerrándole el paso a Escrivá y dejándole como única vía una reforma de la que ningún futuro pensionista pueda decir que ha salido perjudicado.
Los primeros borradores de Seguridad Social trazaban una reforma algo más equilibrada de la que finalmente saldrá del diálogo social. Al inicio de la legislatura Escrivá era partidario de mayores ampliaciones del periodo de cómputo, lo que se podía traducirse en menores pensiones para parte del colectivo. Dicho postulado lo ha ido modulando, en aras de las actuales mayorías parlamentarias. Y los cambios introducidos en la metodología para calcular las futuras pensiones permiten seguir en los últimos 25 años cotizados o irse a los últimos 29 años, descartando los dos peores, si le beneficia.
