Arias Infraestructuras enfila su liquidación con dos ofertas para hacerse con la empresa

La primera fase de liquidación de Arias Infraestructuras, que entró en concurso de acreedores en marzo de 2022, ya ha acabado. Y lo ha hecho con dos ofertas de otras tantas empresas para hacerse con toda la unidad productiva. Ahora es la jueza del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, María Salomé Martínez Bouzas, la misma que lleva el concurso de acreedores de Alu Ibérica, la que tiene que decidir si acepta una de las dos propuestas o si esta primera fase queda desierta y el proceso entra en la segunda etapa donde ya no se vendería la unidad productiva completa, sino que se haría a trozos.

El valor de todos sus activos se ha tasado en 8 millones. La jueza estipuló que las ofertas no podían ser inferiores al 50% de esa cantidad. El pasivo de la constructora coruñesa cuando entró en concurso de acreedores era de 12,5 millones, así que la venta de los activos no llegará para hacer frente a toda la deuda. Los primeros en cobrar serán los trabajadores, además de los créditos públicos. Después irán los proveedores y la banca.

Sus activos más importantes son la cantera y la planta de aglomerado que tiene en Arteixo. También cuenta con unos talleres donde guarda toda la maquinaria en Sabón. Además, posee unas oficinas en Paseo de Ronda que constan de dos pisos y seis plazas de garaje.

Cuanto entró en concurso de acreedores, contaba con 93 trabajadores. La mitad, que ya ha cobrado del Fogasa, fueron despedidos con un ERE de extinción, y la otra mitad aún sigue en la compañía, aunque la mayoría trabaja para otras firmas. Uno de los objetivos que busca la jueza es que la compradora mantenga el máximo de puestos de trabajo posibles, una situación que no es difícil, ya que el sector de la construcción necesita mano de obra especializada, algo que tienen los empleados de Arias Infraestructuras.

Concurso de acreedores

La sociedad solicitó el concurso voluntario de acreedores el 24 de febrero del año pasado por una deuda de 12,5 millones. La declaración del concurso por parte del juzgado se produjo el 3 de marzo, día en el que también se designó al administrador concursal, Eduardo Debén.

Pese a que había tenido problemas en los últimos años, los acontecimientos se desencadenaron a finales de enero de 2022 cuando la Junta de clasificación de contratistas del Ministerio de Hacienda le revocó la clasificación de contratista. Esta cancelación le supuso que a partir de ese momento no pudo concurrir a las licitaciones públicas ni firmar ningún tipo de contrato de las obras en curso.

La entidad ya tenía problemas económicos desde hacía varios años que se acentuaron en 2020 debido a la pandemia y que llevaron a una bajada de la contratación del 32%, según explicaron fuentes de la empresa.

Desde su entrada en concurso en marzo de 2022 hasta el pasado octubre, cuando se celebró la junta de acreedores, los responsables pusieron en marcha un plan para salvar la constructora, que pasaba por buscar un socio inversor, que lo encontraron, y refinanciar la deuda, algo que no consiguieron.

Arias Infraestructuras entró en fase de liquidación el pasado octubre tras la negativa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la propuesta de convenio que habían presentado los directivos. En la junta de acreedores, el organismo público se mostró contrario al plan que, entre otras medidas, contemplaba una quita de las deudas del 45% y un plazo de espera de ocho años para recibir el 55% restante.

La entidad había armado su plan de viabilidad con tres patas. La primera era la entrada de un socio inversor. Media docena de ellos (un fondo de inversión y cinco firmas del sector de la construcción, tres de ellas gallegas) se interesaron en la operación. Al final, una ellas fue la que mostró mayor interés por inyectar capital a Arias Infraestructuras para que retomase la actividad hasta que volviese a tener la clasificación de contratista, que le revocaron a finales de enero y que es necesaria para concurrir a licitaciones públicas. El importe de la aportación estaba por debajo del millón de euros. La segunda pata era el acuerdo con los trabajadores con el objetivo de reducir gastos. A principios de octubre pactó un ERE de extinción para la mitad de su centenar de operarios. Alrededor del 70%, según fuentes del comité de empresa, se adhirieron de forma voluntaria. Los empleados ya estaban en ERTE desde febrero del pasado ejercicio.

Propuesta de convenio

Y la tercera pata era la propuesta de convenio que presentó a sus acreedores: una condonación de la deuda del 45% y que el plazo para abonar el 55% restante se elevase hasta los ocho años. Los principales deudores son el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el banco Santander y Abanca. Entre los tres suman el 80% de los 12,5 millones que adeuda. El otro 20% se lo reparten los proveedores. El Instituto de Crédito Oficial, que posee un tercio de la deuda que debe la constructora, rechazó la propuesta, lo que la condenó a entrar en liquidación. La jueza abrió entonces la primera fase del proceso en el que se ponía a la venta la unidad productiva por, al menos, la mitad de los 8 millones en los que se tasaron los activos de la sociedad. Al final, dos compañías han presentado una oferta para adquirirlos y es ahora la jueza la que debe decidir “en breve”, según fuentes del proceso, el futuro de Arias Infraestructuras.

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