Un juez de Luxemburgo dilucida si la deuda de Alu Ibérica A Coruña pasa de 45 a 60 millones

En julio de 2020, tres meses después de adquirir las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, el grupo Riesgo anunció un acuerdo con Traxys, por el que la multinacional, con sede en Luxemburgo, formaría parte del departamento de comercialización de la aluminera y asesoraría sobre operaciones y estrategias. Según indicó la empresa, este acuerdo “se suma al proyecto de futuro” para las dos fábricas, no solo en el ámbito español, sino también a “nivel global”, ya que “reforzará la estrategia comercial y mejorará la eficiencia y rentabilidad de las plantas”. Gracias a este acuerdo, explicaron los ahora investigados por la Audiencia Nacional David Domenech y Alexandra Camacho, Traxys no solo aportaría herramientas de comercialización, sino que formaría parte del departamento en la operativa diaria, ayudando al desarrollo y comercialización del producto.

Casi tres años después, ambas compañías se vuelven a ver las caras ante el juez. El motivo es que Traxys ha denunciado el incumplimiento del contrato firmado en 2020, por lo que solicita 15 millones de euros de indemnización por daños y perjuicios a la planta coruñesa y otros 15 a la asturiana. La fábrica de Agrela, en proceso de liquidación y con la plantilla despedida desde hace 10 meses, tiene una deuda de 45 millones a los que habría que añadir otros 15 si el juez luxemburgués acepta la demanda.

Los representantes legales de los administradores concursales de las dos fábricas de Alu Ibérica tienen hoy una cita con los de la proveedora internacional de chatarra en el Tribunal de Comercio de Luxemburgo. El juez deberá resolver si se incumplió o no el contrato. A última hora, los representantes de la firma española han entregado un gran volumen de información, por lo que Traxys tiene previsto solicitar una prórroga para estudiarla y pedirá al juez un nuevo señalamiento de la vista, según informa Saúl Fernández.

Los actuales gerentes de las plantas de A Coruña y Avilés reclaman que no se acepte la demanda, ya que no se ajusta a lo que sucedió. Y si el juez luxemburgués no acuerda terminar el pleito en la primera vista prevista, los abogados de los administradores de Alu Ibérica van a reclamar dos peritajes independientes para valorar si es cierto que se produjeron daños y perjuicios en el acuerdo entre Traxys y Alu Ibérica —en la época que eran dueños los investigados Domenech y Camacho— y qué cuantía tienen.

Si el juez determina que son culpables, el agujero económico generado durante el tiempo en el que la planta de A Coruña estuvo dirigida por ellos se incrementaría en un tercio al pasar de 45 a 60 millones.

Este conflicto judicial, como el que se tramita en la Audiencia Nacional, no afecta al interés que Resonac e Ignis han manifestado por comprar los 250.000 metros cuadrados en los que se asienta Alu Ibérica en Agrela. El juzgado que lleva el concurso de acreedores de la aluminera declaró de forma expresa que no existe sucesión de empresa. Es decir, que en caso de que otra compañía se hago con la factoría no asumiría ninguna obligación ni deuda ni con la plantilla ni con ningún acreedor público o privado.

Domenech, que aún sigue siendo el propietario principal de las fábricas de A Coruña y Avilés, quiso optar en 2020 por un proveedor de chatarra en exclusiva. El acuerdo se basaba en que Traxys se la facilitaba y se fundía en Agrela y Avilés. Y era la empresa luxemburguesa la que después se encargaría de distribuir los tochos de aluminio que salían de las plantas. Esta operación se tenía que realizar en exclusiva. Traxys considera que esto último no se llevó a cabo, por lo que presentó la demanda en la que solicita 30 millones de euros de indemnización a las dos plantas. Será ahora un juez del Tribunal de Comercio de Luxemburgo el que tenga la última palabra.

Por otra parte, la actitud “descortés” de Francisco Blanco, el nuevo secretario general de Industria, enfada a las principales federaciones sindicales con representación en el antiguo comité de empresa de Alu Ibérica. Fuentes de los trabajadores recuerdan que “hace dos meses” los representantes de todos los sindicatos pidieron una reunión con Blanco para explicarle la situación que están viviendo los más de 300 trabajadores de las fábricas alumineras de A Coruña y Avilés. “Le mandamos una carta y ni contesta”, se indignan. Los trabajadores llevan diez meses sin cobrar sus indemnizaciones por despido. Han solicitado que sea el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el que abone “lo que les corresponde”, pero el Ministerio de Trabajo —del que depende el Fogasa— se niega porque asegura que hay un acuerdo de los despedidos con Alcoa, un pacto que no se materializa porque un grupo de trabajadores excluidos de ese acuerdo quiere sumarse a él.

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