Autorizaciones verdes

Criba masiva de renovables: uno de cada cinco proyectos descarrila en la carrera por lograr los permisos

El esprint de las energéticas para conseguir las autorizaciones de Gobierno y CCAA se salda ya con más 15.000 MW condenados y perdiendo el derecho a enchufarse a la red, y con 58.000 MW que siguen vivos.

Planta de energía solar fotovoltaica del grupo Naturgy.

Planta de energía solar fotovoltaica del grupo Naturgy.

David Page

Las Administraciones sacan la tijera ante el aluvión de solicitudes de nuevas plantas renovables. El Gobierno y las comunidades autónomas están tramitando cientos de proyectos de nuevas instalaciones de energías verdes y ya se ha producido una primera criba masiva de proyectos que se se han quedado fuera del proceso.

Los grupos energéticos están obligados a cumplir estrictos plazos para la obtención de permisos administrativos para seguir vivos y no perder su codiciado punto de conexión a la red eléctrica, lo que les obligaría a volver a la casilla de salida de una larga carrera burocrática que dura unos cinco años.

El Ministerio para la Transición Ecológica y las consejerías autonómicas del ramo han realizado durante meses un auténtico esprint para analizar las peticiones de cientos de proyectos eólicos y solares antes del 25 de enero, fecha tope para la inmensa mayoría de solicitudes para obtener la declaración de impacto ambiental (DIA). Tras ese proceso uno de cada cinco proyectos que optaban a conseguir el ok medioambiental ha quedado fuera.

En concreto, las Administraciones han rechazado (o, en el caso de algunas CCAA, siquiera les ha dado tiempo a estudiar por el colapso administrativo) proyectos renovables con una potencia conjunta de algo más de 15.000 megavatios (MW), el 20,6% del total de peticiones presentadas, y les ha sido retirado el derecho de conexión a la red eléctrica, según se recoge en los registros de solicitudes de Red Eléctrica de España (REE), el gestor de las conexiones de alta tensión. Entre los proyectos desechados figuran 10.500 MW de energía solar fotovoltaica y 4.500 MW de parques eólicos.

Más de mil proyectos siguen

Tras esa primera criba, siguen adelante para completar todos los hitos administrativos proyectos con algo más de 58.000 MW, el 79,4% del total, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, desde la compañía del grupo Redeia. En cualquier caso, ésta era sólo una etapa burocrática de las varias que las compañías energéticas van a tener que superar aún hasta tener en marcha las más de un millar de plantas que siguen adelante en el proceso.

Los proyectos con 58.000 MW de potencia conjunta que siguen adelante en este proceso administrativo no son los únicos que cuentan con permiso para conectarse en el futuro a la red eléctrica. La avalancha renovable en España es mayor. Según los registros de Red Eléctrica, proyectos 129.100 MW ya cuentan con permiso de acceso a la red concedido (los 58.000 MW de esa carrera de hitos administrativos y otros más de 71.000 MW ajenos a eso proceso) y otros 31.200 MW han presentado la solicitud y están a la espera de que REE les dé la autorización de acceso. En total, el aluvión de peticiones de más de 160.000 MW prácticamente triplican el objetivo marcado por el Gobierno de poner en marcha unos 60.000 MW de renovables durante esta década.

Parque eólico de Castellfollit del Boix i Òdena.

Parque eólico de Castellfollit del Boix i Òdena. / Jordi Escudé

Otro gran atasco renovable

Una vez que se concrete la obtención de la declaración ambiental, la inmensa mayoría de los proyectos en tramitación han de conseguir del Gobierno central (para proyectos de más de 50 megavatios, MW) o de las comunidades autónomas (para los de menor tamaño) la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio.

Desde el sector de las renovables se subraya que la obtención de estos dos siguientes permisos administrativos en los próximos meses requiere un proceso mucho más sencillo que el de la DIA y que no hay peligro de que la Administración vuelva vivir los problemas de saturación de los últimos meses.

Las compañías eólicas y fotovoltaicas, no obstante, alertan de que el sector de las renovables se expone a otro gran atasco que se producirá después. Y es que el riesgo de colapso del sector se producirá por la concentración de todos los trabajos de construcción de las plantas, con las compañías disputándose los mismos proveedores, y con la obligación de que las instalaciones estén efectivamente funcionando antes del 25 de junio de 2025.

Todos esos cientos de proyectos que concentran una potencia conjunta de 58.000 MW tendrán que levantarse en el plazo máximo de dos años desde la obtención de la autorización de construcción a mediados de este año. Una gesta que el sector energético y la industria proveedora consideran prácticamente inviable. Y es que para conseguirlo, el sector debería construir en dos años toda la nueva potencia renovable prevista por el Gobierno para toda esta década en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y tendría que prácticamente quintuplicar el ritmo de construcción anual que se ha registrado en los últimos ejercicios en el mercado español.

Cadena de suministro saturada

El sector renovable alerta de la saturación a la que se someterá a las cadenas de suministro para poder construir las nuevas plantas en tan corto periodo de tiempo, que además se reduce por las propias características de todo el proceso. Desde las compañías verdes se apunta que tras la obtención del permiso de construcción el próximo julio es cuando se abre la negociación con los bancos para obtener la financiación, que suele durar seis meses.

Y el proceso para conseguir el acceso efectivo a la red de transporte o de distribución se alarga otros seis meses y no se activa hasta tener finalizada la construcción, lo que obligará a las empresas a tener finalizados los trabajos a finales de 2024 o muy a principios de 2025 para llegar a tiempo para tener funcionando la planta en junio de ese año. No se trata de sólo lograr tener a tiempo los paneles solares o los aerogeneradores, sino de conseguir compañías para realizar los trabajos de construcción, el transporte de los equipos, las grúas para instalarlos, de que haya mano de obra suficiente… cuando todo el sector se esté disputando los mismos servicios para tener listas sus plantas.

Contra la especulación

Con el objetivo de impulsar sólo proyectos renovables realmente viables y expulsar los meramente especulativos, el Gobierno impuso a los promotores la obligación de ir cumpliendo hitos intermedios e ir consiguiendo autorizaciones en un plazo máximo de cinco años desde la obtención del permiso de acceso a la red.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ya concedió una moratoria de nueve meses adicionales en varios de esos hitos y una suerte de amnistía para que recuperasen los avales presentados los promotores que retirasen su solicitud. Pero hasta ahora se ha mostrado tajante en su rechazo a ampliar de nuevo los plazos a pesar de las advertencias del sector del atasco que viene para poder construir todos los proyectos aprobados a tiempo.