El Gobierno presume de hacer la mayor rebaja fiscal de la historia en energía: 18.000 M en luz y gas

 En el verano de 2021 los precios la electricidadempezaron a subir. Eran los inicios de lo que luego se confirmó como la gran crisis energética. Las alzas del mercado mayorista de la electricidad entonces parecían desorbitadas -luego ya se constataría por todo lo alto constató que lo peor estaba por llegar y los precios acabaron por desbocarse hasta máximos históricos durante el siguiente año- y el Gobierno ya empezó a tomar medidas para evitar el golpe para hogares y empresas.

La primera opción, por ser la de impacto más inmediato, fue aplicar rebajas a los impuestos que se aplican en el recibo de luz, que posteriormente fueron ampliándose también a la factura del gas y que aún siguen activas. La estimación del Gobierno es que los recortes fiscales en las facturas energéticas han ahorrado a familias y empresas 18.000 millones de euros en menos de dos años, según se subraya en el nuevo Plan de Estabilidad 2023-2026 remitido a la Comisión Europea.

El Ministerio de Asuntos Económicos, comandado por la vicepresidenta Nadia Calviño, presume ante Bruselas de haber aplicado “la mayor rebaja de impuestos sobre la energía de la historia” durante la crisis energética para paliar el golpe de las subidas de precios sobre ciudadanos y compañías y contener la inflación, como parte del plan general anticrisis con medidas para afrontar el impacto económico de la guerra en Ucrania.

“El conjunto de las medidas adoptadas hasta la fecha supera los 35.000 millones de euros, lo que supone casi un 3% del PIB. A ello habría que añadir los 10.000 millones de avales puestos a disposición de las empresas españolas en marzo”, apunta el Gobierno en la nueva versión del Plan de Estabilidad. “En los más de 35.000 millones de coste de las medidas adoptadas hasta ahora, se recoge la mayor rebaja de impuestos sobre la energía de la historia, con un impacto estimado de casi 18.000 millones de euros desde que se implementaron en junio de 2021”.

Y es que fue en junio de 2021, hace casi dos años, cuando el Ejecutivo ya decidió rebajar el IVA que se aplica a la electricidad de los pequeños consumidores del 21 al 10%, y también suspendió de manera temporal el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y se redujo al mínimo permitido por Bruselas el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,1% al 0,5%. El Gobierno ha ido complementando las rebajas fiscales llevando la reducción hasta el 5% del IVA de la luz y aplicándola también a la factura del gas natural, y con la última prórroga ha extendido las rebajas fiscales hasta final de 2023.

Un escudo para todo 2023

El Gobierno ha ido armando y rearmando sucesivos escudos anticrisis desde que se desató la volatilidad de los precios de la energía hace ya casi dos años. El objetivo era paliar el impacto de la escalada de precios de la luz y el gas sobre los hogares y las empresas, y para ello se han ido poniendo en marcha medidas, rediseñándolas y prorrogándolas hasta levantar una “red de seguridad” frente la subidas desorbitadas de la luz y el gas que se prolongará durante todo el largo año electoral que queda por delante.

El Ejecutivo ha conseguido levantar planes de protección a los consumidores en caso de que vuelvan la tensión a los mercados de la electricidad y el gas y que evitarán subidas desorbitadas de las facturas de la luz y del gas para millones de hogares y empresas mediante topes de precios, rebajas de impuestos y ayudas directas hasta final de 2023, un año marcado por las elecciones municipales y autonómicas de mayo y que terminará con el colofón de las generales, en principio, de diciembre.

España y Portugal han conseguido el plácet de Bruselas para prolongar hasta fin de año la denominada excepción ibérica, el mecanismo que impone un límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad para bajar el precio final de la luz. El tope, que iba a expirar el próximo 31 de mayo, busca que el resto de tecnologías de producción de la electricidad no se contagien de nuevas subidas del precio del gas, que ha registrado máximos históricos durante la crisis energética.

El Ejecutivo calcula que el mecanismo ha ahorrado a todos los consumidores españoles más de 5.100 millones desde que se puso en marcha el pasado 15 de junio por la rebaja de los precios del mercado mayorista de la electricidad. El mecanismo lleva dos meses en que no se ha aplicado porque el precio del mercado mayorista de gas es inferior al tope que fija la excepción ibérica (65 euros por MWh). Sin embargo, en caso de que los mercados de gas vuelvan a tensionarse el tope ibérico funcionará como salvavidas para los consumidores españoles y portugueses.

El Gobierno activó como parte de sus primeros planes de choque contra el golpe de la crisis energética, a final del verano de 2021, un sistema de control de los beneficios extraordinarios de las eléctricas para evitar que aprovecharan la escalada de precios para disparar sus ingresos. En la práctica, el Ejecutivo ha impuesto desde entonces un precio tope de 67 euros por megavatio hora (MWh) para los contratos de venta de electricidad de nucleares, hidráulicas y renovables, y lo mantendrá también al menos durante todo 2023. La suma de las cantidades que las compañías ya han tenido que devolver por ingresos excesivos en algo más de un año alcanza los 450 millones de euros.

En paralelo, el Ejecutivo ha reforzado el bono social eléctrico para consumidores vulnerables, ampliando las rebajas de la factura de la luz temporalmente hasta el 65% y el 80% del importe total como parte de las medidas anticrisis (desde entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad original), y también se ha prolongado la prohibición de cortes de suministro a hogares vulnerables.

El Gobierno también ha creado un nuevo tipo de bono social de manera excepcional y temporal para hogares de clase media con motivo de la crisis energética y la incertidumbre económica provocada por la guerra, con descuentos del 40% del recibo de luz para familias que, con dos adultos y dos hijos, pueden disponer de rentas anuales de hasta 27.700 euros.

Ayudas a la factura de gas

El Gobierno también ha levantado un blindaje frente a subidas de la factura del gas natural para millones de hogares con topes a las subidas de las tarifas reguladas y también aplica un límite de 19,55 euros al precio máximo que puede alcanzar la bombona de butano. El Ejecutivo está inyectando subvenciones que rebajan cerca de un 40% las facturas de los clientes con tarifas reguladas de gas y que se están financiando directamente con dinero público para amortiguar el impacto de la escalada de precios.

El Gobierno puso en marcha el pasado octubre un paquete millonario de medidas para limitar por ley las subidas que se pueden aplicar a los clientes con tarifa regulada de gas hasta final de 2023 y la creación de un nuevo tipo de tarifa rebajada para los hogares con calefacción central en su comunidad de vecinos.

El Gobierno cubre con presupuesto público el agujero millonario que estas medidas provocarán en las cuentas del sistema gasista español, asumiendo el coste de la rebaja aplicada a unos 2,5 millones de clientes (aunque quedan fuera de la protección los 5,7 millones de consumidores con tarifas del mercado libre). La aportación pública necesaria para subvencionar las tarifas reguladas de gas asciende ya a algo más de 500 millones de euros desde octubre hasta final de marzo.