El Congreso ha acordado una nueva rebaja de las multas máximas previstas para quienes hagan un mal uso de la nueva Autoridad de Protección del Cliente Financiero, apenas 48 horas después de pactar una primera reducción. Varios grupos parlamentarios, así, se pusieron de acuerdo el martes en recortar de 500 a 300 euros la sanción máxima por presentar de forma reiterada reclamaciones que sean inadmitidas, y de 1.000 a 500 euros en los casos en que, una vez admitida y resuelta la reclamación, se "aprecie mala fe" por parte del reclamante. Este jueves han dado un paso más y todos los grupos han rebajado por unanimidad las multas a 200 y 250 euros respectivamente. Eso sí, han establecido que esos límites se podrán elevar "en caso de reincidencia".

El nuevo organismo, así, podrá sancionar a los reclamantes que "de forma reiterada en un período de un año" hayan presentado demandas que la institución haya inadmitido por ser "manifiestamente infundadas", no apreciarse "afectación de los derechos y legítimos intereses del cliente", o tener un contenido "vejatorio". La primera multa será de los citados 200 euros, pero serán 300 euros si se le impone una segunda multa, 400 euros si se le impone una tercera, y 500 euros a partir de la cuarta vez.

El organismo también tendrá la capacidad de multar, en las reclamaciones resueltas, en función de la "mala fe apreciada y de los perjuicios derivados de la reclamación para la entidad reclamada". La primera multa será de los citados 250 euros, pero serán 500 euros la segunda vez que se le imponga esa multa, 700 euros en la tercera, y 1.000 euros a partir de la cuarta vez. Los dos tipos de multas podrán ser recurridas tanto por vía administrativa como en los tribunales de lo contencioso-administrativo. 

Los grupos también han aprobado otros ajustes menores. Así, se ha aclarado que el modelo de escrito de reclamaciones que elaborará la Autoridad no será de uso obligatorio. También se ha determinado que el nuevo organismo deberá contar con un personal específico para ayudar a la presentación de las reclamaciones, como poco a través de líneas telefónicas gratuitas. Asimismo, han establecido que la institución podrá llegar a acuerdos con administraciones autonómicas, como los institutos de consumo, para que puedan presentarse las reclamaciones en ellos y presen información sobre cómo hacerlo.

Juzgados y tasa

Como adelantó este diario, otro aspecto clave del proyecto que se acordó modificar el martes es el del acceso a los tribunales. En el proyecto del Gobierno, las entidades y los clientes podían recurrir las resoluciones de la Autoridad o por vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional en el caso de las vinculantes, o por vía civil en el caso de las no vinculantes. Había dudas sobre su encaje legal, como han advertido entre otros el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, y finalmente se van a llevar todos los recursos a los juzgados civiles de primera instancia mediante un procedimiento abreviado y prioritariamente por escrito.

Asimismo, se pactó modificar la tasa de 250 euros por reclamación con que estaba previsto que las entidades financiaran la nueva autoridad, aunque manteniendo que acudir al organismo sea gratuito para los afectados. Así, el 40% del coste de funcionamiento de la institución se repartirá proporcionalmente al número de reclamaciones resueltas de cada entidad financiera respecto al total de reclamaciones resueltas, mientras que el 60% restante se repartiría proporcionalmente al número de dictámenes favorables a los reclamantes de cada entidad respecto al total de fallos favorables a los clientes. Se estimará una cantidad global anual de ingresos provisionales, que se liquidará definitivamente en el mes de abril del año siguiente, una vez conocidos los gastos definitivos de la Autoridad.