La gran industria retrasa la subasta para la compra masiva de luz barata

La gran industria prepara desde hace más de un año una compra masiva de electricidad renovable a precio fijo con el objetivo de sortear el golpe de las subidas de la luz y rebajar su factura energética. La esperada 'megasubasta', la primera de renovables promovida por empresas privadas en España, sigue acumulando retrasos. Prevista inicialmente para el primer trimestre de 2022, y tras aspirar a celebrarse en diferentes momentos de lo que va de 2023, ahora los organizadores han decidido aplazar la puja a algún momento de la recta final del año.

La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a casi una treintena de grandes grupos industriales con presencia en España, asegura que el diseño de la subasta está prácticamente completado, pero aún falta pactar el mecanismo exacto que se utilizará con el Gobierno (con el Ministerio para la Transición Ecológica y con el de Hacienda), así como con los reguladores Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una vez que se consigan cerrar esos últimos flecos con la Administración, AEGE iniciará un proceso de información a los interesados en acudir a la venta de electricidad renovable y activará un proceso de precalificación de los participantes que pueden prolongarse durante dos o tres meses. La patronal elude concretar el calendario para la celebración de la subasta, pero se confirma el retraso hasta después del verano y previsiblemente hasta bien entrado el último trimestre.

La asociación de los grandes consumidores de electricidad desvincula el nuevo aplazamiento del adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el 23 de julio. “Los procesos que quedan por realizar son estrictamente administrativos, no políticos”, subraya el director general de AEGE, Pedro González, a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. “El adelanto electoral no interfiere. Simplemente no están resueltos todos los detalles y necesitamos celebrar la subasta con todas las garantías”.

Escudo frente a las subidas

La asociación de los grupos electrointensivos -que integra a gigantes como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos- trabaja para poner en marcha su propio sistema de subastas de energía renovable al margen de las que organiza el Gobierno. El objetivo es asegurarse una parte sustancial del suministro eléctrico que requieren para su actividad y hacerlo a un precio estable durante un largo periodo entre 10 y 12 años.

Actualmente, en torno al 80% de la electricidad que consume la gran industria española la compra directamente en el mercado mayorista de la electricidad, por lo que están expuesto a la volatilidad de sus precios y se arriesgan a asumir fuertes incrementos de sus costes de producción cuando hay grandes subidas del precio de la electricidad.

Los planes de las grandes industrias pasan por convocar a productores de eólica y de fotovoltaica para que presenten sus ofertas de venta de electricidad a un precio fijo. Posteriormente, las compañías industriales y las eléctricas sellarían acuerdos bilaterales de compra de energía o PPA ('power purchase agreement') que contarían con el aval del Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI).

La gran industria lleva alertando durante años de que los altos precios de la electricidad en España representan un golpe para su rentabilidad y que así tiene difícil competir con las compañías de otros países europeos. Una situación que se agravó por la espiral de subidas de la electricidad durante lo peor de la crisis energética y la dificultad actual de cerrar contratos bilaterales con las eléctricas a precios atractivos.

Reformas legales pendientes

El precipitado adelanto de las elecciones generales para finales de julio sí puede tener incidencia en varias normas en tramitación que afectan directamente a los grupos industriales que son grandes consumidores de electricidad, tanto en forma de rebajas en su factura como de compensaciones y ayudas directas para rebajar el golpe de sus altos costes energéticos. La normativa en el aire que afecta a los electrointensivos puede seguir siendo aprobada por el Gobierno tras la convocatoria electoral, dado que se articularía a través de reales decreto u ordenes ministeriales y el Ejecutivo mantiene su potestad de aprobar este tipo de textos legislativos.

El Gobierno pretendía llevar en las próximas semanas al Consejo de Ministros un real decreto para reformular el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para adaptarlo a la nueva regulación de ayudas de la UE, y con el que se rebajan algunos requisitos para ser beneficiario, se ampliarán los sectores económicos que pueden acogerse a las ayudas y, con ello, se disparará el número de empresas beneficiarias. El número de sectores beneficiarios pasará de los 62 actuales a un total de 118 y el número de empresas beneficiarias de la rebaja de los cargos de su recibo pasará de las cerca de 610 actuales hasta un total de cerca de 1.050 compañías.

Como parte de las medidas extraordinarias para paliar el impacto de la subida de la luz recogidas en los decretos anticrisis, el Gobierno decidió mantener una rebaja temporal del 80% de los peajes que pagan las empresas electrointensivas en su factura eléctrica (con los se pagan las inversiones en redes eléctricas de distribución y de transporte). El Ejecutivo debe decidir si prolonga la medida más allá del 30 de junio, y AEGE ya mete presión para que se mantenga ese descuento al menos durante todo 2023.

En paralelo, la gran industria se beneficia cada año de un sistema de ayudas para compensar los costes de las emisiones indirectas de CO2. El Ejecutivo ha aprobado una partida de 244 millones de euros para estas ayudas para este ejercicio, igualando el montante repartido el año anterior. AEGE reclama al Ministerio de Industria disparar ese importe este año hasta entre 400 y 500 millones para compensar los costes disparados de los derechos de emisión (el año pasado en el entorno de los 80 euros por tonelada de CO2, más del doble que antes de la crisis). El Gobierno se ha mostrado dispuesto a incrementar la partida destinada a moderar los costes energéticos de la gran industria y ha considerado “razonables” los baremos defendidos por AEGE, pero la revisión aún no se ha aprobado y no hay fecha para hacerlo.