Los Rubiralta temen un “desastre” si los acreedores toman el control de Celsa

El juicio para decidir quién controlará el gigante siderúrgico Celsa empezó ayer en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona. Los miembros de la familia Rubiralta, fundadores de la compañía hace 56 años y que actualmente mantienen unos 10.000 empleos directos en toda España, se miden contra sus acreedores, como Sculptor, CVC, SVP, Golden Tree, Cross Ocean y JP Morgan. Estos han invocado la ley concursal para apartar a la actual dirección y hacerse con la propiedad. El futuro de un auténtico gigante empresarial está en juego. Cada mes mueve entre 500 y 600 millones de euros solo en pago a proveedores. En 2022 facturó un total de 6.084 millones de euros y alcanzó un resultado de explotación de 867 millones.

El problema es que ese entramado acumula unos elevados niveles de deuda: 2.700 millones de euros, de los que 2.200 millones están en manos de fondos de inversión internacionales. Si este grupo empresarial continúa siendo familiar y con su centro de decisiones en Catalunya se decide estos días en la Ciutat de la Justícia. La primera jornada discurrió ayer entre la defensa de los Rubiralta, que azuzaron el miedo a un potencial “desastre” si los fondos acreedores se hacen con el control de la compañía. Por su parte, los acreedores trataron de construir una imagen seria de sí mismos, que creen en el proyecto industrial y que no hacen todo esto para cobrar, vender al día siguiente e irse a otra cosa. Por activa y por pasiva reiteraron que su intención es no modificar un ápice el rumbo industrial de la compañía y que lo único que ambicionan es cobrarse la deuda y hacerlo mediante lo más valioso que tienen los Rubiralta: la propiedad de Celsa.