El acuerdo sobre el impuesto a la banca amenaza con restar 30 millones a Galicia

Hicieron falta varios aplazamientos y muchas negociaciones entre bambalinas, pero el nuevo impuesto a la banca será una nueva realidad el próximo 2025. El Congreso aprobó la semana pasada la modificación y ampliación de la tasa, pactada in extremis entre el Gobierno y sus socios a tres años vista. En él se endurece el gravamen para las entidades financieras con más beneficios, entre otras cuestiones. El texto legal ya ha sido remitido al Senado, pero ni siquiera ha hecho falta su entrada en el BOE para sembrar el descontento y la indignación en gran parte de las comunidades autónomas; incluso alguna ya ha amenazado con llevar la enmienda a los tribunales. Para contar con el beneplácito de Junts al nuevo gravamen, los nacionalistas demandaban que la distribución territorial de la recaudación del tributo se hiciese en base al Producto Interior Bruto (PIB) relativo de cada comunidad y no a su población ajustada, como la mayoría de impuestos cedidos contemplados en el Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Este cambio perjudicaría a Galicia en más de 10 millones de euros durante el primer año de la tasa, según estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que asegura que este nuevo modelo beneficiará a las comunidades más ricas, como Madrid y Cataluña, en detrimento del resto de territorios. Según el análisis del instituto económico, durante los tres años de duración del tributo Galicia dejaría de embolsar 31,2 millones de euros debido al nuevo método de distribución territorial. Siempre en base a las últimas cifras disponibles de PIB y de recaudación de la tasa.

La enmienda pactada en el Congreso de los Diputados es de carácter transaccional y se introdujo en el paquete de reformas fiscales del Gobierno, aprobado la pasada semana. La iniciativa legal viene a modificar el contenido del llamado Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, introduciendo un modelo de distribución territorial del tributo entre las comunidades, algo que hasta este momento no se realizaba. El actual sistema de recaudación del impuesto a la banca está en vigor hasta el 31 de diciembre el 2024. Hasta entonces, la recaudación de esta tasa pasa directamente a las arcas del Estado sin un mecanismo específico para ser asignados a las comunidades autónomas.

En caso de que el nuevo impuesto fuese repartido a las comunidades en base a su población ajustada, al igual que el resto de tributos cedidos a las comunidades de régimen común contemplados en el SFA —aquí no están incluidas País Vasco y Navarra, ambas con régimen foral—. El Estado transferiría el 75% de la recaudación a cada comunidad en función de esta unidad estadística que estima las necesidades de un territorio, calculadas en base de diversos criterios, como su número de habitantes, el envejecimiento o la dispersión habitacional. El 25% restante la administraría cada Ejecutivo autonómico.

«De esta forma, suponiendo que la recaudación total en 2025 fuese la misma que en 2024, de 1.695 millones; y la población ajustada la última calculada por el Ministerio de Hacienda para la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2022 (6,52%), estimamos que a Galicia le corresponderían 98,4 millones de euros del reparto para el año que viene», explica a este diario el profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de Fedea, Jorge Onrubia, que afirma que el nuevo modelo basado en lo que aporta cada comunidad al PIB podría mermar considerablemente la asignación gallega. «El peso de Galicia en el PIB nacional es del 5,19%, un punto porcentual y medio menos que su peso en la población ajustada. Cogiendo los datos más actualizados, le corresponderían 87,9 millones de euros. Es decir, 10,4 millones menos que en el modelo acordado entre el Gobierno y Junts», estima.

En cuanto a las dos comunidades con régimen foral (País Vasco y Navarra), Onrubia afirma que será necesario establecer una regulación nueva. «En el caso del País Vasco, el Concierto económico recoge los tributos concertados que gestiona Euskadi, pero cualquier nuevo impuesto estatal no concertado requiere una modificación del Concierto Económico mediante una ley específica, acordada entre el Gobierno Central y el Gobierno Vasco en la Comisión Mixta del Concierto Económico. En Navarra ocurre algo similar», explica el profesor.

El pacto entre Junts y el Gobierno para establecer el modelo de distribución del nuevo tributo ha levantado ampollas en los gobiernos de varias comunidades. El varón popular Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, fue uno de los más contundentes, amenazando con llevar «a los tribunales» esta enmienda.

En este aspecto, la Xunta prefiere no pronunciarse por el momento. «Todavía no conocemos el texto. Todo lo que sabemos es a través de los medios de comunicación», indican fuentes de la Consellería de Facenda consultadas por este diario.

Además, todas las entidades financieras con actividad en España tendrán que asumir el pago del nuevo tributo, no solo aquellas que cuenten con sede social en el territorio estatal como con la actual tasa temporal.

Abanca «sigue de cerca» su implantación

Otra de las principales novedades introducidas en el nuevo gravamen es el cambio de los tipos impositivos a los que se verán sometidas las entidades financieras que operen en territorio estatal. Mientras que el tributo temporal en vigor hasta el 31 de diciembre de 2024 establecía un tipo único del 4,8% a partir de los 850 millones de ingresos anuales a través de los márgenes de intereses y comisiones, el nuevo tributo establece diferentes tramos impositivos. Un tipo del 7% para bases mayores a los 5.000 millones de euros, uno del 6% para aquellas mayores a 3.000 millones, uno del 4,8% para las que se sitúan por encima de los 1.500 millones y otro del 3,5% para bases a partir de 750 millones.

Fuentes de la entidad financiera más grande de la comunidad, Abanca, han señalado en conversación con este diario que «siguen muy de cerca» el desarrollo de este nuevo gravamen.

Los márgenes de intereses y comisiones alcanzados por Abanca el pasado año se encuentran en 1.526 millones de euros. No obstante, este resultado comprende la actividad financiera de la entidad que preside Juan Carlos Escotet en España, Portugal y Suíza. No obstante, el nuevo gravamen solo afectaría a su actividad en el territorio estatal. Desde Abanca recuerdan además que «aparte de los márgenes de intereses y comisiones hay que tener en cuenta la deducción del impuesto de sociedades y el tramo exento» para saber que tipo impositivo le será aplicado, siempre en base al resultado que la entidad coseche al cierre del presente curso.

A la espera de conocer cuál es la cifra de negocio de Abanca, si no hay ninguna sorpresa, lo más probable es que el tipo impositivo al que se tenga que enfrontar esté entre el 4,8% —un pago que ya ha afrontado en el presente curso— y el tramo anterior que reduciría la tasa a pagar hasta el 3,5%.