El Gobierno crea un permiso de cuatro días retribuido para casos de catástrofe

Las empresas podrán prorrogarlo o derivar a sus trabajadores a un ERTE

Yolanda Díaz. |  Jesús Hellín

Yolanda Díaz. | Jesús Hellín

agencias

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, aprobó ayer un Real Decreto-ley con medidas en materia laboral y de prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y catástrofes. La norma contempla la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo permiso retribuido, el llamado «permiso climático», que blinda el derecho de los trabajadores a no acudir al trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticos.

Los trabajadores dispondrán de permisos remunerados de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explicó que a partir de esos cuatro días las empresas podrán ubicar a esos trabajadores en un ERTE de fuerza mayor o prorrogar el permiso, contribuyendo a sufragarlo. «Por tanto, por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos», subrayó Díaz.

La empresa podrá establecer el trabajo a distancia en el marco la ley que lo regula si su actividad lo permite. Estos permisos que se incorporan a la legislación permitirán a los trabajadores no acudir a su puesto de trabajo por razones de emergencia climática, como se ha hecho provisionalmente en la DANA. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, dejó claro que «estos permisos climáticos» serán posibles cuando no se pueda acudir físicamente al trabajo y no se pueda trabajar a distancia.

La norma aprobada este jueves también establece la obligatoriedad de que los convenios incluyan un protocolo de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. «Vamos a darle un mandato a la negociación autónoma colectiva para que legislen de conformidad con la emergencia climática. Frente al negacionismo climático de las derechas, el Gobierno de España está comprometido con las políticas verdes», defendió Díaz.

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