Los fraudes lideran las reclamaciones de los coruñeses al Banco de España

A Coruña es la octava provincia con el mayor número de demandas contra entidades financieras, entre las que destacan denuncias por comisiones y gastos hipotecarios

Sede del Banco de España en A Coruña

Sede del Banco de España en A Coruña / L. O.

Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña se ha posicionado como una de las provincias con más reclamaciones ante el Banco de España, con un total de 866 denuncias presentadas el año pasado. Este volumen de quejas la sitúa en el octavo lugar a nivel nacional, según la memoria anual del supervisor financiero. Mientras que en el conjunto de España las demandas disminuyeron un 2,7%, en la provincia coruñesa se registró un incremento del 3,9%.

El principal motivo de las reclamaciones son los fraudes, que sumaron 226 casos, un 4,1% más que en el año anterior. Entre los más comunes se encuentran las operaciones fraudulentas con tarjetas y transferencias indebidas inducidas por ciberdelincuentes. Sin embargo, el Banco de España solo puede evaluar si los bancos aplicaron las medidas de seguridad adecuadas, por lo que queda fuera de su ámbito los aspectos penales de estos delitos.

En segunda posición están los gastos de formalización, que incluyen cobros vinculados a cuentas, tarjetas e hipotecas, con 84 procedimientos. Aunque este tipo de quejas ha disminuido un 45% respecto al año anterior, su relevancia repuntará este año debido a la reciente sentencia europea que amplía las posibilidades de recurrir los gastos hipotecarios.

Otra denuncia recurrente son las comisiones, con 81 peticiones de amparo, sobre todo relacionadas con cuentas corrientes y tarjetas. Es un 32% más que el año anterior, un fenómeno que sindicatos como CCOO atribuyen al fin de las exenciones que antes disfrutaban ciertos clientes. Según Jorge Villariño, responsable del sector financiero de este sindicato, «el uso de tarjetas de crédito y el incumplimiento de las condiciones para evitar estas comisiones son factores clave».

La memoria del Banco de España también señala que los medios de pago, como tarjetas y transferencias, son los productos más reclamados, al acumular 359 demandas. Esta tendencia está relacionada con el auge del comercio electrónico, pero también refleja las dificultades de una parte de la población, sobre todo la de mayor edad, para adaptarse a un sistema financiero cada vez más digitalizado.

Miguel Fernández, miembro de la Federación de Banca de la CIG, asegura que «los fraudes telemáticos han aumentado exponencialmente y todos los días llegan clientes a las oficinas denunciando problemas con cuentas o tarjetas hackeadas». Además, destaca que «los cierres de sucursales, la reducción de horarios y las barreras tecnológicas fomentan el malestar de los usuarios, quienes finalmente recurren al Banco de España como último recurso».

La concentración de denuncias en la provincia de A Coruña también responde a factores específicos. La existencia de una sucursal del Banco de España en la ciudad, la única que hay en Galicia, es una de las razones, según explica Jorge Villariño: «La cercanía y accesibilidad de la oficina en la calle Juana de Vega facilita que los usuarios prefieran acudir físicamente antes que realizar los trámites telemáticos». Otro aspecto clave que apunta es el envejecimiento de la población, que la hace más vulnerable a los fraudes y a las dificultades para adaptarse a las herramientas digitales.

Por su parte, Miguel Fernández apunta a las «políticas comerciales agresivas de los bancos» como un motor de las demandas. «La colocación de productos y las malas prácticas de venta terminan generando quejas por parte de los clientes», señala.

Pese al elevado número de denuncias, los resultados para los consumidores no siempre son satisfactorios. En la provincia de A Coruña, el 55% fueron inadmitidas, ya sea por falta de documentación, porque excedían las competencias del Banco de España o porque no se había reclamado antes a la entidad financiera. Otro 5% se derivó a otros organismos, como la Dirección General de Seguros, mientras que solo el 39,7% fue admitido a trámite. A nivel nacional —no hay datos por comunidades ni por provincias— el 64% de los casos resueltos fueron favorables a los consumidores, con lo que se logró la devolución de 4,4 millones de euros.

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