La Xunta pide que la reducción de jornada se pacte en la negociación colectiva sectorial

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo firmó con los máximos responsables de CC OO y UGT el acuerdo de reducción de jornada a 37,5 horas semanales sin tocar el salario el pasado 20 de diciembre. Los convenios tendrían todo este nuevo año para adaptarse.

El borrador del anteproyecto de ley que pone fin al tope de 40 horas vigente desde 1983 y al que le queda por delante un difícil trámite parlamentario acaba de cerrar la fase de consultas y entre los detractores está la Xunta. «Esta administración no puede compartir el texto normativo propuesto, ni en cuanto a la forma, con ausencia de diálogo social y falta de consenso entre los agentes económicos y sociales implicados, ni en cuanto al contenido», sostiene en las alegaciones presentadas desde la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que, asegura, «afecta directamente a la competitividad y productividad de nuestro tejido productivo, creando una mayor carga burocrática y mayores costes laborales, afectando al mercado laboral y a los resultados de nuestra economía». El Ejecutivo autonómico pide la retirada de la norma —que regula también el registro de jornada y el derecho a la desconexión— «y que se proceda a una verdadera negociación entre los agentes implicados en el seno del Diálogo Social».

El departamento dirigido por José González pone el acento en la elaboración del texto «al margen de las organizaciones empresariales», que se borraron de la negociación mucho antes de que Trabajo la diera por concluida.

Pensando en las empresas de menos de 10 trabajadores, el 84,6% del total en Galicia, «estas medidas —afirma la Xunta— traerán una mayor tensión en su situación financiera, pudiendo dar lugar a un efecto no deseado y opuesto al que se busca con un paralelo incremento del desempleo».