Menos del 6% de la población bajo el umbral de la pobreza recibe la renta mínima autonómica

La proporción de personas que perciben las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas no llega actualmente ni al 6 por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza y su cuantía no alcanza ni el 16 % de la renta media por hogar en España.

Esta son las principales conclusiones del Informe de la Situación y evolución de las Rentas Mínimas de Inserción en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2011 / 2022) dado a conocer este martes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El informe señala que en los tres últimos años -desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)-, se han perdido casi uno de cada tres beneficiarios de las rentas mínimas (RMI) y que 13 comunidades han reducido su gasto en este apartado.

En cuanto al número de beneficiarios, en cinco comunidades ni siquiera alcanzan al 2 % de las personas bajo el umbral de la Pobreza: Castilla y León (1,7 %), Murcia (1,2 %), Madrid (0,8 %) Andalucía (0,7 %) y Castilla La Mancha (0,3 %); y en Aragón la cuantía media no llega al 1 % de la renta media de la comunidad.

Por el contrario, en País Vasco y Navarra la rentas de inserción llegan al 51,2 % y al 38,2 %, respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza.

Respecto al gasto, Aragón (-96,2 %) y Madrid (-91,1 %) lideran la reducción y les siguen Castilla-La Mancha (-82,2 %), Castilla y León (-69,7 %), Andalucía (-65,4 %) y La Rioja (-64,5 %), mientras en el otro extremo Canarias ha aumentado su presupuesto un 103 %, Baleares un 74,7 %, la Comunidad Valenciana un 18,6 % y País Vasco un 4 % (con datos de 2023).

La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9 % de la renta media por hogar, pero en Baleares alcanza el 36,4 %; en Cataluña (18,3 %), Canarias (17,9 %), Asturias (16,5 %) y la Comunidad Valenciana (15,2 %) se sitúa alrededor de la media; Murcia (9 %) y Madrid (9,1 %) están claramente por debajo y el caso más extremo, como dice el informe, es el de Aragón, que se queda en el 0,7 %.

La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades, supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de 320 millones de euros.

Los directores y gerentes de servicios sociales argumentan que pobreza y exclusión social son conceptos diferentes y que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las rentas mínimas de las comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas.