Los repartidores de butano presionan con otra huelga para que el Gobierno suba su comisión por entregar bombonas

Transición Ecológica plantea actualizar las tarifas del reparto tras la suspensión del servicio en noviembre y diciembre, pero el sector ve insuficiente la propuesta para cubrir gastos | Más de 850.000 hogares gallegos emplean este gas

Trabajador que reparte bombonas de butano

Trabajador que reparte bombonas de butano / ARCHIVO

Carlos Gayoso

Los repartidores de butano —butaneros– comienzan este 2025 «al borde del colapso», una situación que equivale en cifras para el sector de la distribución a 1,80 euros de déficit por bombona vendida con los precios actuales —16,61 euros por 12,5 kilos de gas licuado—, regulados e intervenidos por el Gobierno al tratarse de un producto básico. Así lo manifiesta la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP), que, tras dos meses de suspensiones semanales en el servicio de reparto domiciliario los pasados noviembre y diciembre, critica que la propuesta publicada la pasada semana por el Ministerio de Transición Ecológica para revertir la situación no compensa las pérdidas económicas sufridas por los butaneros durante la última década. «Aunque vemos que hay cierto interés, los números del borrador no cuadran», señala el presidente de la FEDGLP y de la asociación pontevedresa de distribuidores, Iago Castro, que advierte que lo más probable es que la asamblea de la Federación se reúna en febrero, y no se descarta otra huelga. «Todo depende de la próxima actuación del Gobierno», asevera el representante de la entidad. Según los datos de la FEDGLP, más de 850.000 familias gallegas utilizan butano, surtido por 25 empresas y 600 trabajadores en la comunidad.

Actualmente, los butaneros se llevan en torno a tres de los 16,61 euros que cuesta de base una bombona de butano por su servicio de distribución, un importe que no es suficiente para cubrir los costes operativos del sector, según la Federación. Para cuadrar las cuentas y corregir ese déficit de 1,80 euros por botella, la FEDGLP pide elevar esta comisión a 4,80 euros. «El año pasado tuvimos una subida de tan solo un céntimo en la tasa», destaca Castro.

Un problema de cifras

En concreto, la propuesta del Gobierno publicada en noviembre consistía en un borrador legal para modificar, tras diez años de vigencia, el artículo 4 de la orden ministerial IET/389/2015, que es el precepto que regula los precios máximos de venta del butano, entre otros. El Gobierno buscaba actualizar la fórmula de este sistema. Tras la última revisión bimestral, el precio por bombona está fijado en 16,61 euros y se prevé que no cambie, por lo menos, hasta el próximo 14 de enero, cuando tendrá lugar el siguiente control.

Así, este borrador para modificar la orden ministerial se publicó el pasado 5 de noviembre y fue sometido a consulta pública, que cerró el 25 del mismo mes. Con todo, la propuesta no fue bien acogida por el sector, al menos en parte. «Sí que es cierto que Transición Ecológica reconoce nuestras reivindicaciones, y así lo hace constar en el texto, donde afirma, literalmente, que hacer nada no es una opción», señala Castro, que explica que el problema llega a la hora de consultar las cifras. «Las actualizaciones planteadas son cinco veces inferiores a lo que necesita el sector para asumir los costes operativos y la sostenibilidad a largo plazo; es decir, salarios, flota de vehículos, formación de trabajadores... Si no hay un cambio, los distribuidores nos hundiremos», asevera.

El butano más barato de Europa

En materia de butano, España es una excepción dentro de Europa, con el precio más bajo de la zona. Sin ir mas lejos, la bombona al otro lado de la raiaen Portugalcuesta alrededor de los 30 euros. «En Alemania y Reino Unido oscilan entre los 40 y 50 euros», explica Castro.

A este respecto, el presidente de los distribuidores de butano no niega las ventajas de este bajo coste. «Nos hace más competitivos, no cabe duda», indica Castro, que, por otra parte, también recalca la necesidad de adaptarse a los tiempos. «En los últimos años hemos atravesado situaciones como la guerra de Ucrania que nos han obligado a apretarnos el cinturón a los distribuidores. El Gobierno tiene que hacer algo», apuntala.

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