Análisis

Los acusados del aluminio: El quién es quién del asalto que acabó con las fábricas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés

La Audiencia Nacional cierra la investigación referida al asalto a las fábricas de Alu Ibérica y propone a ocho personas para juzgar

Policías registran Alu Ibérica en marzo de 2021. |  Víctor Echave

Policías registran Alu Ibérica en marzo de 2021. | Víctor Echave

Saúl Fernández

Un miércoles frío de noviembre de 2018 comenzó el último final de la historia del aluminio en España. Entonces los comités de empresa de las fábricas de Avilés y de A Coruña que había comprado la multinacional Alcoa a mediados de los años noventa recibieron una carta que firmaba Timothy Reyes, por entonces jefe de Primario del emporio norteamericano. En ella se decía, entre otras cosas, que se abría el proceso de cierre de las plantas abiertas en los años cincuenta. Finamente: «Les comunicamos de manera fehaciente la intención de Grupo Alcoa Inespal (integrado por las mercantiles Alcoa lnespal, S.L., Alcoa lnespal Coruña, S.L., Alcoa lnespal Avilés, S.L., Aluminio Español, S.L. y Alúmina Española, S.A.) de iniciar un procedimiento de despido colectivo, en virtud de causas objetivas de naturaleza productiva, organizativa y técnica, que afectará a los centros de trabajo del Grupo sitos en Avilés (adscrito a Alcoa lnespal Avilés, S.L.) y A Coruña (adscrito a Alcoa lnespal Coruña, S.L)».

Unos meses antes, el propio Reyes, que anduvo por Avilés «en visita protocolaria», advirtió de que estaba descartado aumentar la producción e invertir a corto plazo en la planta de San Balandrán. O sea, hace, al menos, seis años y medio que la crisis del aluminio echó a andar, esa crisis que el juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional comenzó a investigar en 2020 a instancias de una querella que había presentado en octubre de aquel mismo año el sindicato Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), una denuncia a la que luego se adhirieron el resto de los sindicatos representados en los dos comités de empresa (el de Galicia y el de Asturias).

La investigación de la juez María Tardón —ese es el nombre de la titular del juzgado encargado de desentrañar el marabayo que se montó para llevar a cabo las dos compras de las fábricas (de Parter Capital a Alcoa y de Víctor Rubén Domenech a Parter)— se cerró esta semana: ocho investigados han pasado a ser acusados como presuntos autores de apropiación indebida o administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y constitución o pertenencia a organización o grupo criminal. Estos son:

Domenech y Camacho. Dice la jueza que Víctor Rubén Domenech —por otro nombre, David Domenech — y Alexandra Camacho — en el momento en el que se produjeron los hechos investigados eran pareja, ninguno de los dos tenía experiencia en el negocio de la producción de aluminio, sí, en hostelería o en droguería— llevaron «a cabo una serie de actuaciones tendentes a despatrimonializar las empresas en beneficio propio, con el consiguiente perjuicio a los trabajadores y a los acreedores de las empresas». Y pone por ejemplo el hecho de «la interposición en las compras de una sociedad denominada Logiplus Worldwide con el único objeto de incrementar artificialmente el precio de los productos; la simulación de préstamos por parte de sociedades vinculadas al investigado Víctor Rubén Domenech, cuando en realidad esas cantidades procedían de las propias empresas que supuestamente recibían los préstamos; otros desvíos de dinero a empresas también controladas por el mismo investigado; la asignación de un sueldo desorbitado a la investigada Alexandra Camacho Carrascal y el pago de gastos personales de esta última».

Diego Peris Sirvent. La jueza le señala como titular real de la sociedad Logiplus Worldwide «a la vez que es administrador único de Grupo Riesgo, cabecera del grupo empresarial que gestiona el investigado Víctor Rubén Domenech, también existen indicios racionales de la participación del citado Diego Peris Sirvent en los anteriores hechos».

Fernández de Bobadilla. El abogado Francisco Javier de Bobadilla Lázaro es otro de los acusados. En su declaración ante María Tardón — el año pasado— confesó ser tan amigo de Domenech como para que este pusiera su despacho de abogados bajo su administración única (de Bobadilla). Pese a ello, admitió el letrado, ni cobró, ni firmó cuentas, ni nada: solo aceptó la propuesta para poder tener mano con los muchos clientes con los que Domenech decía compadrear. Tardón, sin embargo, considera que Bobadilla organizó «un mecanismo para invertir las ganancias generadas» con las actuaciones «en la adquisición de criptomonedas, a través de cuentas abiertas a nombre de sociedades controladas por los investigados», o sea, por Domenech y el propio Bobadilla.

Joachim Magin. Joachim Magin es otro de los principales encausados en la crisis del aluminio. La jueza María Tardón le coloca en lo alto de la pirámide que dejó sin aluminio primario a Asturias y Galicia. Lo escribe en el auto de cierre de la causa de esta semana: «Previamente a esta segunda venta, durante el tiempo en que Blue Motion fue titular del 100% de las participaciones de las sociedades Alu Holding AC Spain S.L. y Alu Holding AVL 2019 Spain S.L., el investigado Joachim Magim, en su calidad de administrador de todas estas sociedades, ordenó transferencias desde las cuentas bancarias de Alu Ibérica LC S.L. y Alu Ibérica AVL S.L. a cuentas suizas de empresas por él controladas, en una cantidad global cercana al millón de euros». Y añade: «A partir de esta segunda e irregular transmisión de las dos factorías, cuando se empieza a desarrollar una concatenada y reiterada sucesión de hechos que tendrían como objetivo la descapitalización y despatrimonialización de las entidades y sus iniciales activos, y su desvío y canalización, bien hacia el patrimonio propio patrimonio personal de los investigados, bien a las estructuras societarias que han ido configurando ad hoc para apoderarse de aquellos».

Magin, ciudadano alemán, llega a la operación de la mano de Parter Capital Group, un fondo suizo dirigido, entonces, por Rüdiger Terhorst (fuera de la causa «por no ser constitutivos de ilícito penal alguno» los hechos que cometió: está en la cárcel, en Francia por un lío de despatrimonialización de una empresa). Magin aparece vinculado a varios procesos de liquidación de empresas en Reino Unido, Alemania, Suiza y, desde hace dos años, también en España. Este licenciado en Letras —nació en 1961— ejerce desde hace años como directivo empresas de sectores tan heterogéneos como el tecnológico, el de asesoramiento financiero, los medios de comunicación, salud… Por ejemplo, se hizo con el control de la Clínica Sonneneck, en la Selva Negra. Y la terminó liquidando. Según cuenta el propio Magin, allí se había recuperado de un agotamiento que había sufrido como consecuencia de su vida empresarial. Y la clínica pasó a mejor vida en 2013.

COOPERADORES. Existen en la lista de encausados por la Audiencia Nacional dos personas más que contribuyeron, dice la jueza María Tardón, a llevar la operación de descapitalización de las fábricas de aluminio a término. Lo explica diciendo que Domenech y Bobadilla ofrecieron «a terceras personas, a cambio de una remuneración, sus servicios para transformar dinero de origen desconocido en criptoactivos y posteriormente en moneda de curso legal». Estas operaciones las llevaron a cabo A. F. S. y E.J. G. H. «el primero aportando sus conocimientos técnicos, y el segundo realizando tareas de transporte del dinero en efectivo».

El TESTAFERRO. Luis Losada le dijo a la jueza que se metió en la trama criminal por una cuestión comercial, porque Domenech y Camacho le habían prometido que iba a poder vender productos químicos y también aluminio a cambio de que el propio Losada firmara los papeles que le pusieran delante en su calidad de administrador único de la sociedad sobre la que se montó toda la operación.

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