El sector de los cuidados creó 6.100 empleos en Galicia desde la pandemia

Roza ya los 34.000 , tantos como el transporte y el doble que la pesca | El Sepe detecta «un elevado déficit creciente» de trabajadores por la precariedad en condiciones y sueldos

Una cuidadora y un usuario en un centro de mayores.

Una cuidadora y un usuario en un centro de mayores. / LOC

Julio Pérez

La pandemia frenó en seco el imparable ascenso de la esperanza de vida al nacer en todo el mundo. En 2019 alcanzó los 73,1 años, en 2020 bajó hasta los 72,5 y en 2021 se situó en los 71,4. Las estimaciones más recientes de la División de Población de Naciones Unidas apuntan a la recuperación en 2022 de la tendencia al alza —el indicador subió hasta los 71,7 años— y pronostica que en 2050 llegará a los 77,3 años. Eso, junto a la caída en picado de la natalidad en los países desarrollados, explican el fenómeno paralelo del paulatino envejecimiento de la sociedad. En el ecuador de este siglo habrá unos 2.000 millones de personas con más de 60 años. Galicia es un paradigma mundial del invierno demográfico. De los 2,7 millones de habitantes a 1 de julio del pasado 2024, prácticamente el 40% (1.055.100) superaba esa edad, según las cifras de referencia de población que acaba de actualizar el Instituto Galego de Estatística (IGE). Los menores de 30 años se quedan por debajo de los 650.000.

«Estas circunstancias implican una necesidad creciente de cuidados a personas dependientes por la edad, a la que se suman las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables», relata el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en un análisis a fondo sobre la situación del sector de los cuidados de larga duración. «Hasta hace poco, en términos generales, en España ha predominado el sistema asistencialista de las personas con dependencia, en el que prima la atención sanitaria, física y mental —añade—, prestando menos atención a otras necesidades y derechos de las personas respecto de sus deseos e inquietudes, así como sus capacidades y habilidades».

La grave crisis sanitaria también provocó un cambio de visión del sector de la atención sociosanitaria. Solo en 2020 murieron 24.841 mayores en residencias con COVID-19 confirmado y otros 10.546 con un cuadro compatible con la enfermedad. Saltaron a la luz las carencias en medios y personal. De hecho, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno con los fondos de recuperación europeo se diseñó la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados «en la que se pretende reforzar la atención a la dependencia, promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración y fomentar la desinstitucionalización y la implantación de un modelo de atención integral centrada en la persona».

Un «nuevo paradigma», como resalta el Sepe, que trae bajo el brazo los importantes retos de contar con más profesionales de distintos niveles de cualificación —«que cuentan con buenas perspectivas laborales»— y «la dificultad de cobertura» de los puestos en un sector «que requiere mayor dignificación y prestigio».

Aunque los cuidados en Galicia desempeñaban un papel protagonista en el mercado laboral ya antes, la pandemia hizo que pisaran a fondo el acelerador. Ocupaba a casi 34.000 personas al cierre del pasado ejercicio, tantas como el transporte y el doble que la pesca. A lo largo de 2024 sumó 1.400 afiliaciones a la Seguridad Social. Y van 6.100 en total respecto a los niveles precoronavirus, según los últimos datos divulgados por la Seguridad Social. De media se están creando 1.200 puestos cada año.

En asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios trabajan 4.574 personas, unas 1.000 más que a finales de 2019. Los centros para personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales y drogodependencia añadieron 375 ocupados en todo este tiempo y rozan los 2.000. En residencias de mayores hay 8.300, cerca de 2.000 más. En las de personas con discapacidad física se contabilizaron 115 (un alza de 13); y en el resto de establecimientos residenciales (menores, acogida temporal, reinserción...) son 960 efectivos, 59 más.

En la parte de servicios sociales sin alojamiento, los centros de mayores ganaron 1.013 trabajadores (hasta alcanzar los 4.085); y 1.504 los que atienden a personas con discapacidad (8.152). Las actividades vinculadas a asistencia y orientación a niños, adopción, asesoramiento familiar, ayuda a la comunidad, rehabilitación ocupacional, centros de día para personas sin hogar o refugiados agrupan a alrededor de 4.200 afiliados (279 por encima de 2019). Únicamente el cuidado diurno a niños, las guarderías, acumulan un recorte: 41 menos, hasta los 1.444.

«La visión de los cuidados implica mucho esfuerzo para el trabajador/a de los cuidados directos, ya que son muy intensos, normalmente, y los derechos del cuidador no están suficientemente contemplados», subraya el informe del Sepe, que apela a «mejorar las condiciones laborales de este colectivo y la calidad del empleo» dada la «mucha subcontratación», los «reducidos» salarios, y la elevada incidencia de la nocturnidad, la parcialidad en la contratación «y el absentismo laboral por dolencias que no son reconocidas». Se trata de empleos con «poca estabilidad, causa por la que se relaciona con el reducido prestigio y valoración» en las ocupaciones en los cuidados de larga duración. «Aunque se aprecia más el trabajo en discapacidad —señala— que con personas mayores».

La radiografía recuerda que es un sector «altamente feminizado», con mucha presencia de extranjeras. «Se necesita mucha dignificación, compromiso y motivación, así como la formación continua de las y los profesionales», continúa, con un aviso del «abundante abandono» por «otros sectores más lucrativos, como la hostelería». «De modo que hay una importante escasez de personal de ayuda a domicilio», afirma. El organismo insiste en el «elevado déficit creciente» de trabajadores, sobre todo de auxiliares de enfermería y gerocultores, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, logopedas y directores de residencias.

Nueva reunión para negociar la subida del SMI en 2025

El Ministerio de Trabajo volverá a reunirse el próximo miércoles con sindicatos y empresarios para cerrar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025, que el Gobierno quiere situar en 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más al mes que el SMI de 2024 o, lo que es lo mismo, un 4,4% más. Sobre la mesa se han presentado, por parte de los agentes sociales, dos propuestas: CCOO y UGT quieren una subida superior al 5,8%, hasta situar el SMI en 1.200 euros mensuales, y CEOE ha planteado un incremento del 3%, hasta los 1.168 euros, siguiendo la estela de lo pactado con los sindicatos en el Acuerdo de Negociación Colectiva 2023-2025. El acuerdo a tres bandas parece muy complicado, pues tanto Trabajo como los sindicatos consideran que la patronal se ha quedado corta en su propuesta.

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