El Gobierno pacta llevar al Congreso sus diferencias en la reducción de jornada en pymes

El Gobierno alcanzó un acuerdo para remitir al Consejo de Ministros del próximo 4 de febrero el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Los socios de la coalición han consensuado acelerar la tramitación de la norma y llevar sus diferencias sobre cuándo deberán aplicarla las pymes a la negociación en el Congreso. «Celebramos que finalmente, tal y como pedíamos, se apruebe el texto del diálogo social y se vaya a tramitar por vía de urgencia», según explican fuentes de Trabajo. Si este lunes la norma ha sido aprobada en Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), esta misma semana el texto irá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y el martes que viene a Consejo de Ministros.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha salvado un primer asalto y ha logrado que el Ejecutivo valide íntegramente el acuerdo alcanzado con los sindicatos el pasado diciembre y que plantea que todas las empresas en España hayan reducido antes del 31 de diciembre de este año su jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales. Es decir, de facto, que todas las compañías arranquen el 2026 ya en ese umbral.

Eso es lo que el Gobierno llevará al Congreso y le presentará a los grupos y ambos socios asumen que ese esqueleto estará sujeto a añadiduras y cambios para ganarse el apoyo de una mayoría. El PSOE, a través de la voz del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido durante estas últimas semanas la necesidad de «flexibilizar» la entrada en vigor para las pymes y así dar más argumentos a los partidos que quieran contentar a las compañías para votar «sí».

Ese posicionamiento, pese al acuerdo de ayer alcanzado con sus socios, no ha decaído y tanto los socialistas como Sumar han decidido posponer sus diferencias y llevarlas a los pasillos y despachos del Congreso. Allí los socios minoritarios dentro del Ejecutivo defenderán atraer a los potenciales aliados ofreciéndoles ayudas a las pequeñas empresas, vía transferencias directas a sectores concretos y bonificaciones a las contrataciones. Para Sumar, que todas las empresas apliquen la reducción de jornada a 31 de diciembre es una línea roja.