La mitad de los gallegos adultos recibe sus ingresos de las arcas públicas

La economía gallega depende cada vez más de los recursos públicos y el equilibrio entre el sector privado y el financiado por el Estado se vuelve cada día más difícil de mantener. Los últimos datos revelan que la comunidad cuenta con 694.071 pensionistas, 199.000 funcionarios y 114.000 desempleados, de los cuales alrededor de 80.600 tienen algún tipo de prestación. Esto significa que casi un millón de personas (973.741) perciben sus ingresos de las administraciones, lo que representa más de un tercio de la población total.

Si se excluyen los menores de 18 años, que suponen cerca del 16% de los habitantes, el panorama es aún más revelador: aproximadamente, la mitad de la población adulta gallega depende de fondos públicos. Esta situación, lejos de mejorar, tiende a agravarse debido a la evolución demográfica y al creciente envejecimiento de la población.

Desde hace años, la economía de Galicia sería insostenible sin el respaldo del Estado. El desequilibrio financiero se intensifica con el paso del tiempo, ya que las previsiones apuntan a una reducción en la población activa. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en la comunidad solo trabajan en el sector privado 954.000 personas, lo que representa aproximadamente un tercio del total de habitantes.

Uno de los indicadores más preocupantes es la tasa de dependencia, que mide la relación entre trabajadores y pensionistas. Galicia registra 1,6 trabajadores por cada jubilado, una de las cifras más bajas de España y muy por debajo de la media nacional, que supera los dos empleados por pensionista. Este indicador se ha mantenido históricamente por encima de 2 en el conjunto del país desde 1990. Sin embargo, en 2007 llegó a situarse en 3, y desde entonces ha experimentado un descenso progresivo.

Las proyecciones a largo plazo generan preocupación. Según estimaciones del Banco de España, en 2050 la tasa de dependencia en el país será de 1,5 personas en edad de trabajar por cada pensionista, una cifra menor que la actual de Galicia. Este factor impactará en la sostenibilidad del sistema de pensiones y en la financiación de los servicios públicos.

El envejecimiento poblacional también influye en la evolución del empleo público. En Galicia, el 18% de los trabajadores pertenece a la administración, un porcentaje considerable. Aunque la comunidad se encuentra entre las ocho que han perdido empleo público en el último año, se prevé que esta tendencia se revierta debido a la creciente demanda de servicios sanitarios y asistenciales. El progresivo envejecimiento requerirá un mayor número de profesionales de la salud y del cuidado de mayores, lo que incrementará aún más el peso del empleo financiado por el Estado.

Uno de los factores clave en esta situación es la generación del baby boom, compuesta por personas nacidas entre finales de la década de 1950 y mediados de los años 70. Esta cohorte ya ha comenzado a jubilarse, lo que aumentará significativamente el número de pensionistas. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en el conjunto de España se espera que la cifra de jubilados alcance los 15 millones en 2048.

Por el momento, la economía nacional se sostiene gracias a comunidades con una estructura demográfica más equilibrada y con mayor dinamismo laboral. Sin embargo, Galicia, con una de las poblaciones más envejecidas del país, afronta un futuro incierto. La creciente dependencia del dinero público va a comprometer la viabilidad del sistema económico gallego, según apuntan los expertos consultados, si no se toman medidas para fomentar el empleo en el sector privado y revertir la tendencia demográfica.

La situación de Galicia refleja un fenómeno que afecta a diversas comunidades españolas con tasas de envejecimiento elevadas. Sin una renovación generacional que equilibre la balanza entre activos y dependientes, el sistema entrará en una dinámica de difícil sostenibilidad.

Si Galicia fuese una fiesta con 100 asistentes

Si 100 personas representantes de todos los gallegos acudiesen a una de las múltiples fiestas que se celebran en la comunidad a lo largo del año, tanto la representación como quién pagaría el festejo se repartirían de la siguiente manera.

En la verbena estarían 26 pensionistas; 16 menores de 18 años; 4 parados; 18 trabajadores del sector público y 36 del sector privado.

Estos últimos —al final y simplificando la economía al máximo— serían los que sostendrían económicamente la fiesta y garantizarían la celebración del resto.

Si la tendencia no se revierte, la foto de la fiesta gallega irá cambiando a lo largo de los años y no será a mejor. La disminución de la natalidad reducirá la presencia de menores, el envejecimiento hará que más jubilados se sumen a la reunión y la demanda de profesionales en el ámbito sanitario seguirá aumentando.

A pesar de la reducción del desempleo, la minoría de trabajadores del sector privado se enfrentará a crecientes dificultades para financiar la celebración.

Los próximos años serán clave para determinar el rumbo de la economía gallega y su capacidad para afrontar el reto de la dependencia creciente de los fondos públicos.

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