La luz enfila este año el riesgo de otra escalada por la tensión geopolítica

Uno de los objetivos del Plan por una Industria Limpia presentado el miércoles en Bruselas y ansiado por el sector fabril gallego —con empresas electrointensivas como Ferroatlántica, Alcoa o Finsa— es la reducción del precio de la electricidad. En lo que llevamos de 2025, el coste medio de la factura española es de 107 euros por megavatios-hora (MWh). Una cifra que, si bien es la mitad del pico alcanzado en 2022 —año de la invasión rusa de Ucrania—, supone el doble que la media registrada en la década 2010-2020 (en torno a los 50 euros/ MWh) y cercana a la registrada en 2021, cuando los mercados energéticos ya comenzaron a agitarse antes de que se precipitara el conflicto bélico. El repunte de los últimos meses también tiene como telón de fondo la incertidumbre geopolítica, acentuada por la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

La espiral se inició en 2021, cuando fenómenos climáticos como Filomena, la recuperación económica tras el primer año de la pandemia y la creciente posibilidad de una guerra abierta ruso-ucraniana sumaron fuerzas para disparar los precios del gas, del que Rusia era uno de los principales suministradores a Europa. En 2021, el coste por MW/h escaló a una media de 112 euros, más del triple que el año anterior. Pero eso sería sólo un aperitivo. El ascenso se propulsó a niveles inéditos con la ofensiva militar de Vladimir Putin contra la nación ucraniana, a finales de febrero de 2022. La Unión Europea contraatacó limitando el grifo del gas de Moscú y el pánico a que la guerra se extendiera a países de la OTAN acrecentó la inestabilidad política, económica y energética. El año terminó con una media anual de 210 euros MW/h en el recibo de la electricidad de los españoles. Los gastos se duplicaron y triplicaron en empresas y familias.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno español, destacaron la excepción ibérica gasística —un tope a los precios del mercado mayorista, que se mantuvo dos años—, bajadas al IVA en el gas y la luz —que también se han revertido— y la rebaja en un 80% de los peajes de acceso a la red eléctrica para la industria electrointensiva.

Esta última medida está en el aire y mantiene en vilo a las grandes empresas fabriles de Galicia. Para algunas de estas compañías, la luz supone el 75% de sus costes. La prórroga de la rebaja durante todo 2025 venía incluida en la ley ómnibus que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso en enero. De momento, no hay noticias sobre su aplicación. Fuentes de la industria se limitan a indicar que hay «conversaciones» con el Ministerio de Hacienda para que el descuento esté vigente un año más.

En el plan anunciado el miércoles, la Comisión Europea avaló el papel de los Estados a la hora de aprobar ayudas públicas e incentivos fiscales para abaratar la energía en el continente, que puede ser hasta cuatro veces más cara que en Estados Unidos. Para ello, Bruselas pedirá a los gobiernos nacionales bajar los impuestos a la electricidad y eliminar gravámenes que financien políticas no relacionadas con la energía. Y pondrá en marcha junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) una línea de garantías para reducir el riesgo en los acuerdos de compras de energía a largo plazo, con el fin de dar más certeza a las empresas sobre los precios que pagarán.

El recibo de la luz del pasado mes de febrero de un usuario medio con la tarifa regulada —el denominado PVPC— ascendió a unos 81,24 euros, lo que representa un incremento del 63% con respecto al mismo mes del año pasado, y supone la factura más cara desde finales de 2022. Del importe total, 10,01 euros están relacionados con el término fijo y 52,84 euros con el variable, frente a los 32,94 euros de hace un año que representaba esta partida.