El Gobierno busca la paz entre las instalaciones renovables y las granjas familiares

Ningún otro sector, ni siquiera el pequeño comercio y su crisis eterna para adaptarse a las nuevas pautas de consumo y la irrupción de competidores cada vez más grandes e hipertecnologizados, sufre en Galicia una mayor sangría laboral que el campo. Las afiliaciones a la Seguridad Social en agricultura y ganadería bajaron de las 32.000 a lo largo del pasado 2024, la mitad de las que había 20 años antes. El último censo agrario del año 2020 identificaba 75.400 explotaciones operativas en la comunidad, de las que solo 4.077 pertenecían a una empresa. El resto estaba en manos de una persona física, con un marcado carácter familiar. Fueron las peor paradas de todo lo que vino después de la pandemia por el golpe de los costes energéticos disparados y las materias primas por las nubes, especialmente abonos y piensos.

«El Gobierno es consciente de la función estratégica de la agricultura y ganadería familiares, ya que, por su asentamiento en el territorio, su capacidad para ofrecer alternativas de empleo a jóvenes y mujeres, y su positiva repercusión ambiental, es un elemento clave en la lucha contra el despoblamiento del medio rural y garantiza la cohesión social y territorial de las zonas donde se asienta», señala el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante el lanzamiento ayer de la consulta pública previa para elaborar un proyecto de ley que regule la agricultura familiar. La actual regulación para la modernización de las explotaciones, «una de las normas más relevantes en el ámbito agrario» e «hito muy destacado en su momento» para impulsar la renovación del sector, cumple 30 años el próximo mes de julio y «requiere de una adaptación a la realidad social, económica y normativa».

El departamento liderado por Luis Planas recuerda que tanto la UE como la ONU se han mostrado a favor del modelo de agricultura y ganadería familiar en numerosas ocasiones «por ser facilitador de la sostenibilidad social y económica del entorno». «Sumado a ello se encuentra la cuestión clave del relevo generacional», recalca, echando mano de esos últimos datos del censo agrario: el 41% de los jefes de explotación son mayores de 65 años. El porcentaje en Galicia escala por encima del 48%. El galopante envejecimiento de los titulares y la falta de candidatos a tomar las riendas «podrías salvarse con las medidas de impulso a este modelo de agricultura y ganadería», según el ministerio, que pone la lupa también en la progresiva despoblación de los municipios rurales (-4,4% entre 2012 y 2023), frente al crecimiento del total de los residentes en el país (2,6%). «La ley de agricultura familiar pretende apoyar su papel estratégico en el desarrollo socioeconómico y medioambiental del medio rural», señala el Gobierno en el objetivo de la norma, orientada a tirar de la política pública para «compensar las posibles dificultades de permanencia, equilibrando los beneficios sociales, medioambientales y económicos que derivan de la actividad en el territorio demográficamente más despoblado». Aunque la consulta da solo pequeños trazos de por dónde irán las medidas, el equipo de Planas señala como ejemplo «priorizar» este tipo de explotaciones «en los diferentes tipos de ayudas», junto a facilitar el acceso a la titularidad de la explotación y a la financiación o a las nuevas tecnologías», allanar el camino del relevo generacional y poner en valor el papel de las mujeres del sector, «siempre respetando la competencia y desarrollos autonómicos».

La futura ley tiene la intención de meterse de lleno en la creciente polémica por la ocupación del suelo por parte de las instalaciones de energías renovables. «Se tratará de promover la coexistencia de soluciones agrícolamente viables, sobre todo en zonas de alto valor agrícola o ganadero, con la instalación de fuentes de energías renovables —subraya—, para que no se ponga en riesgo el abastecimiento alimentario y se promueva el interés general y el bien común, así como el uso eficiente de los recursos públicos y privados».

Algunos de los proyectos eólicos paralizados en Galicia por el Tribunal Superior de Xustiza esgrimen, precisamente, el impacto a explotaciones ganaderas por su cercanía. La polémica, sin embargo, ha sido más intensa alrededor del sector fotovoltaico. El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en junio del pasado año un balance sobre la extensión de las instalaciones solares en el país que acredita que en estos momentos ocupan en España «una superficie equivalente al 0,2% de la superficie agraria útil», unas 50.000 hectáreas. Prácticamente la mitad se concentran en Castilla-La Mancha (11.460 hectáreas) y Extremadura (11.340). La patronal del sector defiende que no existe ningún conflicto con el sector agroganadero.

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