El Estado abre la vía constitucional por obligar a repotenciar la eólica

La Consellería de Economía e Industria está haciendo todo lo posible para intentar normalizar su polémica decisión de imponer la repotenciación a los parques eólicos operativos en Galicia con más de 25 años de antigüedad bajo amenaza de retirar los permisos a aquellos que no lo hagan. Esta misma semana mandó al secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Nicolás Vázquez, y al director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, a visitar el complejo Serra da Panda de Iberdrola. Es uno de los cinco que tienen en marcha la renovación tecnológica.

Allí reiteraron que 25 instalaciones cambiarán los equipos en los próximos años, «permitiendo la retirada de más de 800 aerogeneradores del paisaje gallego». El mismo mensaje que lanzó la propia conselleira, María Jesús Lorenzana, durante la visita días antes al parque Corme de EDP, uno de los cinco que hay ya repotenciados en la comunidad. Todos, también los que están en tramitación, son proyectos impulsados por las compañías de forma voluntaria, previos a la entrada en vigor de la obligación de repotenciar. La Xunta defiende la necesidad de reducir el impacto del sector en el territorio, frente al grito en el cielo de la patronal eólica de Galicia (EGA), la nacional AEE, la europea Wind Europe y otras asociaciones de referencia en energías renovables por la posible vulneración de derechos fundamentales.

El Gobierno central comparte esas dudas sobre las repotenciaciones forzadas y algunas otras cuestiones más del enésimo giro de la Xunta en la eólica a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de este año. Incluida la incorporación de beneficios económicos y sociales valorados «discrecionalmente por la correspondiente consejería», lo que «podría conllevar una pérdida de transparencia para los productores» al no estar todavía contemplado en la normativa estatal.

«Es preciso previamente destacar que bajo el término repotenciación se está haciendo referencia, no necesariamente a un incremento en la potencia instalada en los parques eólicos existentes, sino a la sustitución de aerogeneradores para su reducción y disminución de la poligonal», remarca el Ministerio de Política Territorial en la notificación a la Consellería de Presidencia para abrir una comisión bilateral donde aliviar las discrepancias, el paso previo a llevar las medidas al Tribunal Constitucional si no hay acuerdo. La «consecuente modificación de los términos de la autorización otorgada en base a la normativa aplicable» puede, dice el Gobierno, «no ser compatible» con los principios de irretroactividad de las normas y seguridad jurídica consagrados en la Constitución.

Imponer la repotenciación a los promotores «reviste una naturaleza especialmente gravosa en términos jurídicos», advierte en la misiva, pero también económicos «y podría afectar previsiblemente a gran parte de dichos operadores, a la vista de la elevada edad media del parque eólico gallego». «Podría implicar la aparición —añade— de un importante factor de desestabilización en el sistema que no puede desconocerse o ignorarse». La medida conlleva «una variación sustancial del régimen de obligaciones» para las empresas, con el riesgo de «la revocación de la autorización», y «más concretamente, un endurecimiento de las mismas en función de la comunidad autónoma donde desarrolle su actividad».

Al igual que sucedió con el canon eólico en 2013 —el Supremo obligó a devolver a las empresas el pago del gravamen a cargo de los consumidores gallegos—, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local advierte de la introducción «de unos sobrecostes que el resto de consumidores nacionales no tiene el deber de soportar». «Al margen de otras consideraciones sobre la eventual compatibilidad de esta previsión con los principios de libertad de empresa y unidad de mercado», sí que cabe plantear si el régimen jurídico propio de la repotenciación sería compatible con la regulación básica a nivel estatal», señala.

El organismo dependiente del Ministerio de Política Territorial descarta que la directiva comunitaria permita, como hace la Xunta, otorgar a las repotenciaciones el «interés superior» a la hora de sopesar la interacción con otras actividades; asegura que el veto autonómico a aumentar potencia tras la renovación de los equipos choca contra la ley del sector eléctrico; y que el plazo de 18 meses para poner en pie los nuevos molinos amenaza el cumplimento de los hitos necesarios para mantener los permisos de acceso y conexión.

El Ejecutivo autonómico reprocha a la administración estatal que «no acredite» el impacto económico para las empresas afectadas por las repotenciaciones obligadas. El conflicto abierto, en su opinión, «evidencia que el Gobierno de España actúa siguiendo intereses que no coinciden con el interés general».

«Se pretende que Galicia renuncie a garantizar que los parques se traduzcan en beneficios sociales y económicos para las comunidades locales afectadas», critica la Xunta, que recuerda que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) apuesta por hacerlo. «Llama la atención que el Gobierno no discutiese medidas en el mismo sentido, pero mucho más intervencionistas, cuando se aprueban en otros lugares como Navarra o Baleares», afean fuentes de la Xunta, con «una vara de medir que no se aplicó a otras comunidades más afectas políticamente al Gobierno».

El Gobierno no ve con malos ojos que la Xunta quiera sacar adelante otro plan sectorial eólico para jubilar el actual, desfasado después de 20 años desde la última actualización, como «un instrumento para la ordenación del territorio». Otra cosa, según el ministerio, es que la ordenación territorial «se debe ejercer sin menoscabar los ámbitos de las competencias reservadas al Estado» y el «carácter vinculante» de las áreas que se diseñarán para ubicar parques es «una limitación a la implantación» de renovables en Galicia, «lo que interferiría con la política energética estatal de descarbonización y electrificación de la economía» e «incluso con la política de implantación de energías renovables mediante la aceleración de los procesos de autorización que impulsa la UE». Política Territorial, de hecho, sostiene que fijar las zonas de aceleración es tarea estatal —el Ejecutivo regional empezó los trabajos para marcarlas—, y, frente a la intención de Galicia de buscar áreas de infraestructuras específicas para las redes de transporte, antepone la «planificación estatal vinculante».

Batalla abierta por las zonas de aceleración

«Se discute que la comunidad tenga competencia para permitir, en determinadas circunstancias, la implantación de parques eólicos fuera de las áreas de desarrollo perimetradas, algo —enfatizan fuentes de la Consellería de Presidencia— que se lleva haciendo años sin que nunca mereciese ningún reproche por parte del Estado». La Xunta contrapone ese planteamiento del Estado con que, «a la vez, se ponga en tela de juicio que los parques eólicos de competencia estatal deban respetar las normas de ordenación territorial» establecidas por la autonomía. Sobre las zonas de aceleración, es tajante: en los tres años que van desde que Bruselas las lanzó, «el Gobierno central no actuó para ejercer una competencia que ahora pretende arrogarse en exclusiva».

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