Las eléctricas se rearman con el objetivo de dar la batalla al Gobierno para aplazar el apagón total de las nucleares

España se aproxima cada vez más al inicio de un prolongado proceso para cerrar y desmantelar todas sus centrales nucleares. La cercanía de la primera de las clausuras programadas —la de la central cacereña de Almaraz, en 2027— está desatando en los últimos meses presiones por tierra, mar y aire al Gobierno para aplazar los cierres previstos y prolongar la vida de todos los reactores.

Presiones desde el frente político, con una ofensiva parlamentaria con el PP a la cabeza; desde el ámbito social, con asociaciones surgidas ahora en los territorios afectados; y también desde la esfera económica, con diferentes patronales con un renovado discurso pronuclear y con las propias eléctricas propietarias de las centrales empezando a defender abierta y públicamente la necesidad de aplazar los cierres (pero con condiciones… económicas, fundamentalmente).

Tras años haciendo una defensa de la energía nuclear casi meramente teórica, con mensajes tibios sobre un eventual alargamiento de la vida de los reactores, las grandes eléctricas ahora sí empiezan a reclamar una revisión del calendario de cierres escalonados entre 2027 y 2035 que ellas mismas pactaron hace seis años. Iberdrola y Endesa reclamaron hace unas semanas establecer un diálogo directo con el Gobierno para debatirlo y aplazar las clausuras, y también para acordar nuevas condiciones sobre las cargas fiscales que soportan.

En pleno calentón del tema nuclear, las eléctricas se rearman para encarar la disputa pública e institucional y empieza a aflorar una avalancha de informes elaborados por grandes consultoras con argumentos de todo tipo en defensa del aplazamiento de los cierres. En los últimos meses se han hecho públicos varios informes de PwC, LlyC o Metsys (amén de otros firmados por diferentes colegios profesionales o asociaciones vinculadas más o menos directamente con el tema) alertando de los riesgos y las consecuencias de prescindir de los reactores. Esta semana CEOE y la patronal Foro Nuclear organizaron una jornada sobre la transición energética en la que representantes de todas estas consultoras compartieron sus estudios.

Un amplio informe de LlyC lanza propuestas concretas al Gobierno para garantizar la seguridad de suministro eléctrico y la solidez del sistema energético, entre las que destacan la defensa de una moratoria que implique aplazar todos los cierres de las nucleares diez años, rebajar la carga fiscal y también impulsar la instalación de minirreactores nucleares modulares en España.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se hizo eco de un informe de la consultora PwC (que ha elaborado varios estudios sobre el impacto), en el que se anticipa que el apagón nuclear en España habría implicado un incremento del precio del mercado mayorista de electricidad de casi 37 euros por megavatio hora (MWh) el año pasado.

Por su parte, la consultora Metsys ha hecho un ejercicio sobre el impacto del cierre de Almaraz, con un estudio que anticipa que la clausura de la central cacereña pone en riesgo más de 3.800 empleos en Extremadura, golpeará a más de 400 proveedoras y tendría un impacto económico de más de 200 millones anuales en la región.

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