Sargadelos anuncia el cierre de su fábrica de Lugo y mantiene, por ahora, la de Sada

El cierre de la emblemática fábrica de Sargadelos en Cervo ha sacudido Galicia. Su propietario, Segismundo García, anunció ayer que ha tomado la drástica decisión de cesar la actividad de la planta de manera inmediata, al argumentar estar «cansado» de las trabas burocráticas que dificultan su gestión. La medida afecta al casi centenar de trabajadores del centro de producción, quienes recibieron la noticia con sorpresa e incredulidad, ya que la situación económica de la firma era estable.

Además de la fábrica de Cervo, Sargadelos tiene otra en Sada. Consultado por este diario, Segismundo García no aclaró si el cierre se extiende a esta fábrica y se remitió al escrito enviado a Inspección de Trabajo en el que no lo concreta. El presidente del comité de empresa de la planta sadense, Salvador González, de la CIG, trasladó la «preocupación» por el anuncio de cierre de las instalaciones en Cervo, aunque confirmó que en el caso de Sada no se les ha comunicado una medida de esta índole. «No se nos comunicó nada, nadie se ha puesto en contacto con nosotros», reconoció para aclarar que no han recibido ninguna llamada en el sentido de la comunicación hecha en la otra planta. En cambio, el propietario sí que se reunió con los empleados de la fábrica de la Mariña Lucense, a los que, según fuentes sindicales, indicó que mantendrá las instalaciones «en mínimos».

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En el caso de Sada, la fábrica cuenta con una plantilla de unos 65 trabajadores, aunque el personal asciende en total a 75 si se suman otras actividades que hay como el museo. No obstante, forman parte de distintas empresas.

En cuanto a la noticia del centro de Lugo, Salvador González admitió que les ha cogido por «sorpresa» y que se enteraron por los medios de comunicación. Ahora, permanecen a la espera sin más noticias que las que han leído.

Segismundo García comunicó el cierre en una carta enviada a la Inspección de Trabajo, en la que menciona una reciente inspección que detectó 36 deficiencias en la empresa y le exigió una serie de modificaciones. En su escrito, expresa su frustración ante la burocracia y justificó la decisión con ironía: «Disfrutábamos tanto con la gestión empresarial como padecíamos con sus constantes requerimientos y presuntuosa suficiencia». Asimismo, subraya la imposibilidad de cumplir con los plazos para realizar reformas en las instalaciones, al estar catalogadas como Bien de Interés Cultural. «Cualquier obra se demora entre seis meses y un año con suerte», recalca.

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El empresario también recuerda los episodios previos de multas y exigencias administrativas que fueron minando su voluntad de continuar al frente de la compañía. La gota que colmó el vaso fue una sanción de 5.000 euros derivada de la última inspección. «Ya no me compensa seguir luchando si siguen imponiendo requisitos sin sentido», asegura García.

«Procedemos al cierre de la planta de producción con fecha de hoy mismo (por ayer miércoles). Les rogamos no interpreten esta actitud como un lock out o cierre empresarial», solicita en la misiva.

Una trabajadora de la planta de Cervo ha desarrollado la enfermedad de silicosis y la Inspección de Trabajo ha procedido a sancionar a la empresa por «no adoptar medidas de protección individual y colectiva que protejan» a quienes trabajan en la factoría ante «el riesgo de exposición a sílice cristalina». Así lo han ratificado, según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press, que han incidido en que se realizaron «requerimientos» para que la empresa pudiese proceder a subsanar las deficiencias.

La Xunta, dispuesta a colaborar por la continuidad de la planta lucense

La Xunta ha mostrado su disposición a colaborar para garantizar la continuidad de la planta de Cervo y ha considerado que el expediente abierto por la Inspección de Trabajo no «aboca al cierre».

A través de un comunicado, el Gobierno gallego ha expresado su confianza en que, «con el esfuerzo de todas las partes», se encuentre una forma de permitir la continuidad de lo que ha calificado como un «referente industrial y cultural».

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha pedido a la Xunta que actúe «de manera inmediata». «Sargadelos guarda, además de las fábricas de Cervo y Sada, una parte esencial del patrimonio material e inmaterial de Galicia, desde sus edificios declarados bienes de Interés Cultural hasta el legado patrimonial y artístico que nos dejaron Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane cuando impulsaron este maravilloso proyecto que es un auténtico símbolo nacional de Galicia», afirmó.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que los socialistas gallegos ven «con mucha preocupación» la noticia del anuncio del cierre de Sargadelos. Así, ha avanzado que el PSdeG ya ha presentado una batería de iniciativas para preguntar a la Xunta sobre la situación, «qué ha ocurrido y qué tiene pensado hacer para evitar este cierre».

Para los sindicatos es una «bravuconada» «trumpista» y «la ley hay que respetarla»

La UGT ha instado a la Xunta a que, «como administración que tiene las competencias en política industrial», se implique en la situación que ha generado el anuncio de cierre de la fábrica de Sargadelos en Cervo.

En todo caso, UGT-Galicia «espera que este anuncio sea solo una bravuconada más del administrador», Segismundo García, «a las que, desgraciadamente, ya nos tiene acostumbrados».

Por su parte, la CIG ha condenado la forma de actuar del empresario, «al más puro estilo trumpista, saltándose la ley y los derechos de las personas trabajadoras» y «mofándose de la autoridad laboral por ejercer sus funciones de vigilancia». Según la central nacionalista, el empresario ha practicado «este tipo de comportamiento» desde su llegada a Sargadelos.

El portavoz comarcal de Industria en A Mariña de CCOO, José Antonio Zan, no ve «comprensible, ni razonable, ni de una persona normal, que un empresario quiera cerrar una fábrica porque la Inspección de Trabajo hace su labor y lo sanciona». En la misma línea, recalcó que «la ley hay que respetarla». «Nadie está por encima de la ley. No creemos que sea bueno para la comarca ni para Galicia que un empresario amenace a los trabajadores porque la Inspección de Trabajo le impone 5.000 euros de multa».