Sargadelos da marcha atrás y reabrirá si se garantiza la salud de los trabajadores

Un día después del anuncio del dueño de Sargadelos, Segismundo García, de que cerrará la fábrica de Cervo (Lugo) por deficiencias que han afectado a la salud de varios trabajadores, la aguas comienzan a volver a su cauce. La medida, calificada por los sindicatos como una «bravuconada» «trumpista», fue matizada ayer por el propietario quien explicó en un comunicado que dará marcha atrás a su decisión si es posible subsanar en tiempo y forma las 36 deficiencias que ha detectado la Inspección de Trabajo para de este modo proteger la salud de los empleados, cerca de un centenar.

En un escrito, el propietario explica que «no pretendemos un cierre, simplemente ante la presencia de polvo de sílice cristalino cancerígeno entendemos que nuestro principal deber, en tanto no se subsana el problema» es velar por los trabajadores. «De ahí nuestra actuación que, confiamos, los tribunales sepan calibrar y sopesar», asegura. En una reunión que mantuvo ayer con la plantilla, les comunicó que no habrá despidos y que espera reiniciar la producción la próxima semana. Esta decisión se tomó tras la mediación de la Xunta a través del conselleiro de Emprego, José González.

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En Sada, la fábrica de Cerámicas O Castro continúa operando con normalidad. Los empleados no han recibido ninguna comunicación oficial por parte de la empresa. La plantilla de O Castro asegura que no existen problemas de salud relacionados con las condiciones laborales, ya que se siguen los protocolos de seguridad y se realizan los controles médicos correspondientes.

El origen del conflicto en la planta de Cervo se debe a una serie de deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo, que derivaron en una multa de 5.000 euros. La semana pasada, García respondió a los requerimientos con una carta, pero el miércoles envió una nueva misiva en la que anunciaba el cierre de la fábrica. Ayer, los trabajadores se encontraron con las puertas cerradas al presentarse a su turno de las siete de la mañana, lo que generó una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

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La clausura, calificada como «cierre patronal» por la Inspección, es considerada ilegal por esta, ya que no se siguieron los procedimientos exigidos, como la presentación de un expediente de regulación de empleo. En respuesta, la Xunta intervino para mediar en el conflicto. José González lideró las negociaciones con el empresario, mientras que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, subrayó la importancia de encontrar una solución para preservar la actividad de Sargadelos.

El cierre de la fábrica de Cervo provocó una ola de reacciones en distintos ámbitos sociales, culturales y políticos. La alcaldesa de Cervo, Dolores García, se reunió ayer con la dirección de la empresa y los trabajadores con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Por su parte, el inspector de Trabajo que acudió a la fábrica a petición de los empleados confirmó que la clausura no tenía fundamento legal, ya que las deficiencias detectadas no exigían un cierre inmediato.

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Ante la presión institucional y sindical, y tras una conversación con el inspector de trabajo, García accedió a reunirse con la plantilla y les aseguró que no habrá despidos. Según relataron los empleados tras la cita, el empresario les pidió tiempo para negociar una solución al conflicto y estimó que la actividad podría reanudarse la próxima semana.

El conselleiro de Emprego insistió en que las deficiencias señaladas en la fábrica de Cervo son «subsanables» y pidió a la Inspección de Trabajo «máxima flexibilidad dentro de la legalidad» para permitir que Sargadelos pueda hacer las reformas necesarias. También destacó las dificultades de realizar obras en una instalación catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).

Mientras se espera la resolución del conflicto, los trabajadores de la planta de Cervo han decidido acudir nuevamente hoy a las instalaciones a las siete de la mañana para registrar su presencia y evitar problemas legales. Además, han optado por no presentar denuncias con la esperanza de que la situación se normalice.

En paralelo, la Xunta ha reafirmado su compromiso con la continuidad de Sargadelos y ha ofrecido su colaboración para facilitar el cumplimiento de las exigencias laborales sin afectar a la viabilidad de la empresa. Alfonso Rueda expresó su confianza en que la situación se estabilice pronto y afirmó que el Gobierno gallego hará «todo lo posible» para garantizar la continuidad de la fábrica.

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