El transporte gallego apremia arrancar su electrificación

El sector pide medidas y recalca que el precio, la falta de puntos de carga y el peso de las baterías hacen «inviable» ahora una transición

Jorge Garnelo

A Coruña

Si la electrificación de los turismos corre a marchas forzadas —con matriculaciones insuficientes, repetidos retrasos en las Zonas de Bajas Emisiones de las ciudades e incluso la posposición de los objetivos impuestos a los fabricantes por parte de la Unión Europea, evitándoles multas millonarias—, la que atañe a los vehículos industriales puede decirse que no ha arrancado. Ver un camión neutro en carbono en España es dar con la excepción que confirma la regla y es así en parte por los mismos baches que lastran la descarbonización de los coches —precios demasiado elevados y una red de puntos de carga poco densa, además de lenta—, factores que pesan más cuando el transporte es el medio de vida de un sector que ha visto reducida su rentabilidad en los últimos años, paradójicamente por el encarecimiento de los combustibles fósiles, y que depende sí o sí de ser ágil en los tiempos.

Por este motivo, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) reclamó ayer un plan de choque con «ayudas específicas» para cumplir con las metas propuestas por Bruselas para este segmento, obligado a reducir su huella de CO2 en un 45% para 2030. Solo hay 1.000 camiones electrificados del total de 600.000 nacionales y de ellos menos de medio centenar son gallegos, detalla a nivel regional la entidad, lo que evidencia el largo camino que aún queda por recorrer.

Según Ramón Alonso, presidente de la Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), no es «viable económica ni técnicamente» en estos momentos electrificar el parque móvil por las «dos grandes barreras» que supone la falta de electrolineras —como divulgó este periódico ayer, solo hay un millar de cargadores interurbanos, que en el último año han crecido tres veces menos que los instalados en las ciudades— y su lentitud —más del 60% ofrecen una potencia inferior a los 22 kilovatios (kW), lo que implica tiempos de carga de un mínimo de tres horas y un máximo de 19—. El segundo impedimento es el precio, prosigue el responsable de la patronal, que también urge una hoja de ruta para lograr una descarbonización de forma «realista». «Un camión cuesta entre 120.000 y 150.000 euros y un eléctrico puede superar los 400.000... ¿Quién amortiza ese vehículo?», se cuestiona. Y recuerda que el tamaño de las baterías y su peso plantean otro gran inconveniente al limitar la eficiencia de los camiones: «Restan capacidad y esto nos grava porque lo que se busca es optimizar el espacio al máximo, que quepa la mayor cantidad de mercancía posible».

«Independientemente de que haya ayudas, la electrificación tiene que ser viable», subrayan fuentes del sector. «Si no nos garantizan poder hacer los kilómetros que hacemos con la misma autonomía y potencia es imposible», añaden, recordando que la última línea de ayudas a la transformación de flotas que lanzó el Gobierno concluyó con las empresas solicitando más subvenciones para achatarramiento (casi 300 millones de euros) que para nuevas adquisiciones (230 millones), muy lejos del dinero que se entregó en el marco de estos apoyos para la instalación de puntos de recarga (ocho millones).

Del camión al autobús

Según los últimos datos consolidados de la Dirección General de Tráfico (DGT), relativos a 2023, en Galicia circularon casi 130.000 camiones hace dos años y de ellos solo 466 se propulsaron con fuentes alternativas a la gasolina o el gasóleo, representando apenas el 0,35% del total; mientras que en España fueron 2,37 millones de camiones de los que casi 17.300 se englobaron en la categoría de energías limpias suponiendo el 0,7% del conjunto estatal, el doble que la media autonómica. En el caso de los autobuses ocurrió lo mismo: fueron 200 de los 4.954 gallegos los únicos no convencionales, el 4% de la flota frente al 8% de los electrificados en el país.

Para este sector también pide una estrategia Anfac, que advierte que el transporte público por carretera debe ser 100% cero emisiones en 2035. Desde su óptica como fabricantes, fuentes de la compañía compostelana Castrosua explican a este periódico que «es fundamental que desde la Administración se continúe impulsando la descarbonización en el transporte colectivo». «El vehículo eléctrico comienza su camino en Galicia. No obstante, aún queda camino por recorrer para alcanzar el nivel de implantación de ya tienen otras comunidades», resaltan. La firma santiaguesa lleva años apostando por la electrificación y el 100% de los vehículos neutros en carbono que ha producido han ido a parar al mercado nacional. Cerca de 70 unidades ya en funcionamiento que se incrementarán hasta el centenar cuando ejecuten los pedidos que tiene en cartera.

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