La economía sumergida en Galicia roza el presupuesto anual de la Xunta

La economía sumergida ha perdido peso en Galicia en los últimos veinte años. Aunque sigue siendo un fenómeno de gran envergadura, su impacto en relación al producto interior bruto (PIB) se ha reducido notablemente. Entre 2004 y 2022, la proporción de la actividad económica no declarada descendió del 23,1% al 15,7% del PIB gallego. La magnitud de estas operaciones opacas aún ronda los 10.900 millones de euros anuales, una cifra cercana al presupuesto aprobado por la Xunta en 2022, que alcanzó los 11.627.

El trabajo más reciente que arroja luz sobre este fenómeno lo firman diez economistas de la Universidad de Murcia, a petición del Consejo Económico y Social de esa comunidad autónoma. Los autores utilizaron el modelo MIMIC (Múltiples Indicadores Múltiples Causas), una herramienta metodológica también aplicada en informes sobre la economía sumergida en la Unión Europea.

En su análisis, se excluyen actividades estrictamente ilegales —como el narcotráfico o la trata de personas— y se centran en aquellas que, pese a ser legales, quedan fuera del control de Hacienda por decisión deliberada de quienes las realizan. El informe define la economía sumergida como el conjunto de bienes y servicios que, aun generando valor añadido, se ocultan a efectos fiscales y estadísticos.

Según este estudio, Galicia presenta una de las tasas más bajas de economía informal en el conjunto del estado. Ocupa la décima posición entre las comunidades autónomas con menor proporción de actividad no declarada respecto al PIB y se sitúa por debajo del promedio nacional, fijado en el 15,8%. En el extremo opuesto aparecen regiones del sur como Andalucía y Canarias, a la cabeza de la clasificación, seguidas por Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha. Madrid, País Vasco y Cataluña lideran la tabla de las comunidades con menor economía en la sombra.

El mapa resultante confirma que las actividades opacas tienen más peso en el sur del país que en el norte. Esta diferencia territorial no parece responder al azar. Los autores del estudio vinculan la mayor o menor presencia de actividad no declarada con el nivel de desarrollo económico de cada comunidad. A mayor riqueza, menor propensión al fraude. También influye el tipo de sectores predominantes en la estructura productiva. La agricultura y el turismo, por ejemplo, tienden a generar más situaciones al margen de la legalidad fiscal.

Otro de los factores que suele asociarse al tamaño de la economía sumergida es la presión fiscal. La teoría económica sugiere que en los territorios donde los impuestos son más elevados, aumenta la tentación de ocultar ingresos o empleos. Sin embargo, en el caso gallego, esa relación no se manifiesta con claridad. A pesar de que algunos análisis señalan que Galicia soporta una carga tributaria más alta que la media, los datos del estudio no reflejan que esa situación derive en un nivel de fraude muy superior al de otras comunidades.

El informe no se limita a medir la dimensión de la economía sumergida. También plantea un ejercicio orientativo sobre el impacto que tiene en los ingresos públicos. Aunque la estimación se aplica al caso de Murcia, permite trasladar los cálculos a Galicia con los mismos criterios. Si se toma como referencia una presión fiscal media y se aplica al volumen estimado de actividad económica no declarada, el Estado dejaría de ingresar entre 1.120 y 2.400 millones de euros al año en la comunidad gallega. Esa horquilla representa una merma considerable para las cuentas públicas. En el extremo superior, el importe se acerca al presupuesto anual que destina la Xunta a la educación pública, previsto en unos 2.900 millones de euros para 2025.

Aunque la economía sumergida se ha moderado en Galicia desde comienzos de siglo, su volumen continúa siendo relevante tanto en términos absolutos como en el efecto que produce sobre la recaudación.

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