La ex jefa de personal de Glovo evita señalar a Pierre como autor de la presunta desobediencia a Trabajo

La antigua responsable de personal de Glovo Laila Szpolski ha comparecido este lunes frente a la jueza en el marco de la investigación abierta sobre la compañía y su consejero delegado, Óscar Pierre, por un presunto delito contra los derechos laborales de sus repartidores. La ex directiva ha evitado señalar en sus declaraciones a Pierre como responsable y autor directo de las órdenes que provocaron que la empresa presuntamente desobedeciera las actas de Inspección de Trabajo, que le requerían que regularizara a sus 'riders' y les hiciera un contrato laboral.

Este lunes han pasado por el juzgado número 31 de instrucción de Barcelona tanto Szpolski como Ricardo Oleart Godía, socio fundador del bufete Oleart Abogados, que ha asesorado laboralmente a Glovo. Ambos, según han explicado fuentes conocedoras del proceso judicial, han replicado la misma versión ofrecida en su momento por el consejero delegado y han argumentado que si Glovo no regularizó a sus repartidores cuando la Inspección se lo requirió fue porque o bien estos ya no seguían operando para la aplicación o bien lo hacían bajo otro modelo laboral, que sí interpretaban que cumplía con la legalidad.

La jueza cita a la jefa de personal de Glovo tras las acusaciones de burlar la regularización de sus 'riders'

Algo que, no obstante y bajo criterio de la Inspección, no fue así. Distintos agentes han comparecido previamente y han defendido frente a la jueza encargada de la investigación que Glovo mintió durante las regularizaciones y que sus pretendidos cambios de modelo obedecían únicamente a una voluntad de burlar las consecuencias de la actuación inspectora.

Según detallan las fuentes consultadas, Szpolski ha evitado señalar directamente a Pierre como responsable de impartir las órdenes necesarias para evitar regularizar a los repartidores y se ha limitado a responder que obedecía órdenes de la dirección jurídica de la empresa y que era esta la que estaba en contacto con la alta dirección. Actualmente, la investigación penal tratar de dilucidar, por un lado, si ha existido un delito penal contra los riders al negarles reiteradamente derechos laborales básicos como cobertura en caso de enfermedad, vacaciones o prevención de riesgos, entre otros. Y, por el otro, si hubo delito, quién lo cometió.

Los declarantes de este lunes han evitado señalar directamente a Pierre de tales órdenes y empujan a la investigación judicial a alargarse en el tiempo, con probablemente nuevas comparecencias de más directivos de la compañía para tratar de afirmar quién dio las instrucciones y si realmente la querella y las responsabilidades penales -si las hubiere- se circunscriben únicamente a Pierre o más personas. No obstante, por el momento no hay formalizadas nuevas declaraciones y ahora tanto la Fiscalía como la acusación popular pueden plantear nuevas peticiones a este respecto.

Fiscalía solicitó investigar a la empresa y su máximo responsable por un posible delito previsto en el artículo 111 del Código Penal. Este castiga con hasta seis años de cárcel a todo aquel empresario que "imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa".