Sector bancario
Yolanda Díaz defiende que la opa BBVA-Sabadell "no se puede hacer en contra de todos" en Cataluña
La vicepresidenta sostiene que la operación provocaría "concentración bancaria, riesgo sistémico, exclusión financiera y encarecimiento de la financiación"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (D), y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero (I) / Carlos Luján - Europa Press

El socio minoritario del Gobierno sigue haciendo presión para que el Ejecutivo haga descarrilar la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell. "No se puede hacer (la opa) en contra de todos los actores sociales democráticos de Catalunya. Esto no se puede hacer en democracia. No puede ser que toda la sociedad catalana, hasta la Iglesia, esté de acuerdo en que esta operación no es correcta y caminemos en esa dirección", ha defendido este jueves Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en unas jornadas bancarias organizadas por Sumar en el Congreso de los Diputados.
El pronunciamiento de Díaz se produce en un momento clave para la operación: el Consejo de Ministros tiene hasta el 27 de junio para optar entre confirmar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, que aprobó la integración con compromisos pactados con el BBVA), dar luz verde a la opa sin condiciones (más que improbable), o imponerle otras adicionales mediante un acuerdo que "deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia". En el entorno de la operación, se espera la decisión en su reunión del 24 de junio.
La vicepresidenta ha mostrado a las claras su oposición a la opa: "No puede aceptarse que en nombre del mercado se pongan en riesgo miles de puestos de trabajo. El propio BBVA cifra el impacto en más de 4.000 (en realidad, es una estimación del Sabadell y el banco de origen vasco no ha dado un número). Y los sindicatos, en entre 7.000 y 10.000". La operación, ha añadido, no debe salir adelante porque supondría un proceso de "absoluta concentración bancaria y riesgo sistémico para el país, agudizando la exclusión financiera y encareciendo la financiación de las pymes y los hogares".
Condiciones estrictas
Su posición no es nueva. El día siguiente de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decidiese elevar la opa al Consejo de Ministros, Trabajo ya publicó un comunicado en el que demandó imponer "condiciones estrictas" a la integración. "Esta operación solo puede autorizarse si cumple el mantenimiento íntegro del empleo, la conservación de todas las oficinas, la garantía de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria. De no cumplirse estos requisitos, no debería permitirse su ejecución", reclamó, pese a que el Gobierno no puede prohibir la opa.
Dicho comunicado, sumado a sus declaraciones en el Congreso, prueba que Díaz está utilizando la opa para marcar un perfil político propio frente al socio mayoritario del Ejecutivo. Para hacer una propuesta de resolución al Gobierno, el departamento de Economía ha pedido informes a los cinco ministerios (Industria, Trabajo, Seguridad Social, Derechos Sociales, y Transición Ecológica y Reto Demográfico) que le transmitieron que eran partidarios de que elevase la operación al Consejo de Ministros. De ellos, solo el de Yolanda Díaz ha desvelado ya públicamente su posición, y significativamente lo hizo de manera inmediata.
Frente a esta estrategia, Cuerpo se está mostrando mucho más prudente, sobre todo a raíz de que la Comisión Europea advirtiese de que no ve motivos para que el Gobierno bloquee la operación y le amenazase con un expediente sancionador. En una entrevista con EL PERIÓDICO, el presidente del BBVA, Carlos Torres, defendió lo mismo: "No queda ningún aspecto de interés general que no hayamos cubierto". El ministro, en este contexto, está evitando anticipar qué hará el Consejo de Ministros y está reiterando que su actuación es y será "absolutamente respetuosa" con la normativa española y europea. Y el Sabadell está evitando presionarle públicamente para que dictamine en su favor, pese a que es lo que espera y desea.
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