Las grandes eléctricas piden que se reparta en varios años el golpe millonario de las medidas para evitar otro apagón

Las grandes eléctricas se mueven para conseguir que se adopten medidas extraordinarias para mitigar el impacto quee está teniendo para las propias compañías y para sus clientes el sobrecoste millonario derivado del plan que se está aplicando en las últimas semanas para evitar un nuevo apagón. Red Eléctrica (REE), el operador del sistema eléctrico, está aplicando en las últimas semanas un modo de operación reforzada para reducir al mínimo la posibilidad de un nuevo colapso energético, primando el uso de energías tradicionales -muy especialmente centrales de gas- y reduciendo un poco la utilización de renovables. Un modo de funcionamiento que no sale gratis.

Red Eléctrica está utilizando de manera intensiva las denominadas ‘restricciones técnicas’, un mecanismo que permite al operador intervenir el mercado eléctrico priorizando qué energías utilizar, pero que ahora implica un coste adicional al primar el uso de centrales de gas que se refleja en un alza en el precio final de la electricidad, con el consiguiente impacto inmediato para las comercializadoras de luz cuando compran esa energía, y a la postre también en el recibo de luz de millones de consumidores.

La patronal Aelec, que agrupa a Endesa, Iberdrola y EDP España, ha reclamado esta semana un "tratamiento regulatorio extraordinario" para evitar que el coste adicional derivado de la operación reforzada de REE tras el apagón del pasado 28 de abril termine repercutiendo injustamente en los comercializadores y consumidores. Un coste extra que las compañías cifran en unos 200 millones de euros sólo en el primer mes.

Iberdrola, Endesa y EDP piden a Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que se aplique un tratamiento específico para mitigar el golpe millonario, con medidas de carácter “transitorio y excepcional” que impidan que esos costes extraordinarios lo sufran las compañías y los consumidores ahora y de golpe. La pretensión de las grandes eléctricas es aplicar medidas excepcionales para que esos sobrecostes para el sistema eléctrico se reparta en varios años.

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“Sería oportuno que la recuperación de estos extracostes se realice de forma modulada en el tiempo, difiriendo su impacto a lo largo de varios ejercicios para mitigar sus efectos inmediatos”, explican fuentes de la patronal Aelec a EL PERIÓDICO. “Con el objetivo de dar respuesta a esta situación extraordinaria, proponemos que se considere una imputación de este coste también de forma extraordinaria, de forma que no suponga un perjuicio para comercializadores y consumidores, que es evidente no tienen responsabilidad en el origen del evento”.

Varias opciones de cambios legales

La asociación de las eléctricas ha trasladado al Ejecutivo y a la CNMC diferentes opciones para conseguir este objetivo de limitar el impacto actual haciendo que deje de reflejarse en el precio final del mercado mayorista de la electricidad. Las compañías proponen que esos costes de los servicios de ajuste en los que se refleja ahora el modo de operación ‘antiapagón’ sean considerados como costes regulados del sistema eléctrico o que sean contabilizados inicialmente como parte de la retribución que recibe Red Eléctrica como operador del sistema.

“Una opción deseable, dada la situación extraordinaria y la necesidad de garantías jurídicas, sería definir [los costes de los servicios de ajuste] como coste regulado que pueda ser recuperado a través de los cargos a cuenta de las liquidaciones reguladas del sistema eléctrico”, igual que sucede con otros gastos vinculados a la política energética, como las retribuciones garantizadas a las plantas renovables más viejas, el pago de la deuda acumulada o los costes extra de los territorios extrapeninsulares. Si se consideran un coste regulado más, se trasladarían en la factura de todos los consumidores como parte de los denominados cargos del sistema

La asociación de Iberdrola y Endesa también apunta como una segunda opción que el extracoste actual de las medidas especiales para evitar otro apagón se contabilicen inicialmente como parte de la retribución que recibe Red Eléctrica como operador del sistema. Posteriormente, esos importes podrían repercutirse a los clientes proporcionalmente a su consumo pero de manera progresiva durante un periodo de cinco años, entre 2026 y 2030 y así amortiguar el efecto sobre consumidores y compañías comercializadoras.

Aelec subraya que se trataría de una “propuesta temporal, diseñada para evitar daños irreparables” a empresas y clientes e impedir que se produzca un “aumento generalizado de los precios de la electricidad a raíz del apagón y la operación posterior del sistema". La patronal de las grandes eléctricas entiende que el actual marco regulatorio hace posible ejecutar estas medidas excepcionales, dado que los procedimientos de operación 8.2 y 14.4 (aprobados por la CNMC y que ejecuta Red Eléctrica) ya contempla la posibilidad de aplicar medidas extraoridnarias en caso de una operación del sistema especial como la actual.