La justicia europea fallará sobre la eólica el 1 de agosto con la duda de si desbloqueará el sector

La Xunta aspira a que la resolución aporte «seguridad jurídica»

Parque eólico en el concello de Muras. |  Carlos Castro (Europa Press)

Parque eólico en el concello de Muras. | Carlos Castro (Europa Press)

Julio PérezREDACCIÓN

A Coruña

Fue el propio Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG) el que solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) una tramitación acelerada de la triple cuestión que le planteó para dirimir sus dudas sobre la tramitación de los parques eólicos en Galicia. Después del veredicto del Supremo que avaló el recorte de plazos de la Xunta en la exposición pública del proyecto de repotenciación del parque eólico Corme del grupo EDP en Ponteceso y el momento del proceso en el que se pidieron los informes de los organismos públicos con competencias en la evaluación ambiental, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal gallego decidió dar un paso más y preguntar a la justicia europea si España había traspuesto correctamente la normativa comunitaria de los exámenes de impacto al proyecto.

Con una cuestión fundamental de fondo: si esos informes sectoriales hay que recabarlos antes y presentarlos junto al resto de la documentación al público interesado, como sostienen los magistrados gallegos, o se están haciendo las cosas bien aquí y en el resto de España con cualquier iniciativa industrial al pedirlos en paralelo a la fase de exposición pública. El TJUE descartó pronunciarse por la vía de urgencia que también solicitaba el Gobierno gallego, pero sí aceptó agilizar la resolución. Y ya tiene fecha y hora. Será el próximo 1 de agosto a las 10.00 horas, según confirmó ayer Ángeles Vázquez, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático.

«Estaremos muy atentos a lo que nos diga el TJUE», admitió la conselleira, que volvió a reprochar al TSXG que llevara el caso a la justicia europea «a pesar de tener cuatro sentencias del Supremo» a favor del procedimiento de la Xunta. En ese momento, realmente había dos, ambas referentes a los permisos del parque de EDP. Luego el Supremo falló sobre el complejo Campelo de Greenalia para ahondar en su jurisprudencia, incluyendo esta vez su posicionamiento sobre la posible fragmentación de proyectos, descartando un veto generalizado a proyectos si se demuestra que comparten infraestructuras de evacuación.

En la cuestión prejudicial está el Gobierno central a la cabeza porque afecta a la legislación básica nacional. Y, como recordó Vázquez ayer, la posición de las dos administraciones va de la mano. «Lo que alegó el TSXG es que había una mala trasposición de la directiva europea, algo que no tiene sentido desde el momento en que han pasado ya doce años y nunca ha habido ningún tipo de problema», refrendó la conselleira, que confía en «tener seguridad jurídica, seguir con nuestro planteamiento y que Galicia tenga neutralidad climática en 2040». «Si no seguimos por la vía de la energía limpia y verde —añadió—, imposible y también inviable».

El TSXG no ha dejado de seguir suspendiendo cautelarmente los permisos a parques eólicos —se superan los 70— porque, tras la primera sentencia del Supremo, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo anunció un cambio de criterio y las paralizaciones se están haciendo ahora, no por la tramitación, sino por el principio de precaución por el posible impacto ambiental. Esa es la razón de que el sector dude de que la decisión del TJUE, aunque apoye la premisa del Gobierno y de la Xunta, vaya a desbloquear la situación de parálisis. En los últimos tres autos de suspensión conocidos esta semana, el TSXG incluso apela al posible impacto por las obras.

CC OO pide «planificación» para poder desarrollar los parques

Dirigentes de CCOO en Galicia han demandado «diálogo» y «planificación» de cara a la implantación de proyectos vinculados a la energía eólica, con motivo de una jornada promovida por el sindicato en su sede de A Coruña. En declaraciones a los medios, Carlos Martínez, de la Secretaría de Medio Ambiente del sindicato, ha atribuido a la «mala planificación» en los cambios regulatorios el «bloqueo» de determinados proyectos y ha insistido en que eso no ha ayudado a que hubiera «un consenso». «El desafío es intentar, a partir de ahora, hacerlo lo mejor posible», expuso con motivo de unas jornadas promovidas en distintas ciudades gallegas y que llegarán este viernes a Lugo. Todo ello con el objetivo de presentar un informe a la Xunta y a los partidos representados en el Parlamento gallego para «aportar soluciones y medidas más razonables» para el desarrollo en este ámbito.

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