Bruselas avisa de la falta de plantas de procesado para descartes en España

La última reforma de la Política Pesquera Común (PPC) introdujo en 2013 una de sus medidas más ambiciosas y controvertidas, según a quién se le pregunte, con la obligación de desembarque. La norma entró en vigor en enero de 2019 para reducir gradualmente las capturas que antes se devolvían al mar —los descartes—, en aquellos casos en los que las especies no alcanzan las tallas mínimas o el barco en cuestión no dispone de cuota para pescarlas, ya sea por haberla agotado o por carecer de reparto, pero lo hace accidentalmente. Bajo esa premisa, desde hace más de cinco años se obliga a la flota a retener, desembarcar y registrar la mercancía —no apta para consumo humano—, en lugar de volver a arrojarla al agua desde los buques, en plena faena. El problema es lo que pasa con ella en tierra... O más bien lo que no pasa. Y es que la meta de la legislación europea de contribuir a una mayor sostenibilidad se da de bruces con la realidad: las descargas van a parar al contenedor de la basura.

Así lo constata un estudio de evaluación encargado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare), que refleja que «en España y Portugal, la insuficiencia de instalaciones de procesamiento y demanda ha provocado que algunas capturas acaben en los vertederos», sin retroalimentar a la cadena de valor y aprovecharse para promover la economía circular. «Las partes interesadas coincidieron en que el desarrollo de usos alternativos se ha visto limitado por la insuficiente inversión en infraestructura, los elevados costes de manipulación y procesamiento, la falta de demanda en el mercado y las barreras regulatorias», recoge el informe, que admite que el reglamento «no se ha implementado eficazmente».

Entre sus 484 páginas, el documento incluye un caso práctico detallado de la flota arrastrera del Cantábrico y la costa atlántica ibérica, compuesta por 77 buques que, aunque representan solo el 9,3% del arrastre español, concentran el 29,4% del tonelaje nacional y generan más de 1.280 empleos directos. Los puertos implicados son principalmente de Galicia —Ribeira, Marín y Bueu—, a los que se suma Ondarroa (País Vasco). Se trata de embarcaciones que practican la pesca mixta, en la que se capturan simultáneamente especies comerciales —merluza, gallo o rape— y otras de menor valor o sin cuota —bacaladilla, jurel, caballa, ochavo o besugo—.

Pues bien, el impacto económico de la obligación de desembarque en las empresas pesqueras se cifra en una pérdida de ingresos de entre el 5,3% y el 14,5%, debido a la necesidad de almacenar, transportar y tratar las capturas que antes eran descartadas en el mar. El informe también recoge que, aunque los precios al consumidor de los productos pesqueros han aumentado un 42% desde 2013, tanto el volumen como el valor de los desembarques han disminuido.

La sobrecarga de trabajo a bordo, la reducción de espacio en bodega y el manejo de pescado sin valor comercial aumentan significativamente los costes operativos sin aportar beneficios claros. Hasta la fecha, no es posible mejorar la selectividad sin afectar negativamente a la rentabilidad económica de la flota, en especial en pesquerías mixtas como la gallega.

«Establecer y ampliar las salidas comerciales para las capturas de la talla mínima sigue siendo fundamental para el éxito de la obligación de desembarque», dice el estudio sobre la necesidad aprovechar las capturas no deseadas, reutilizándolas por ejemplo para consumo animal, transformación industrial o producción energética. «Si bien se han conseguido logros notables, como la promoción de prácticas de pesca selectiva y una mayor flexibilidad operativa, persisten desafíos que dificultan la plena consecución de los objetivos de la obligación», remarca asimismo el documento, que en todo caso concluye que «no ha eliminado los descartes ni incentivado prácticas pesqueras sostenibles».

Achaca en parte el fiasco al uso generalizado de exenciones, como la alta capacidad de supervivencia y el de minimis, que han «obstaculizado los esfuerzos para implementar una pesca más selectiva, manteniendo así el statu quo en la práctica». «La eficacia de la obligación de desembarque se compromete por la asignación de recursos y la accesibilidad a la formación, sobre todo para las autoridades públicas, además del cumplimiento normativo», agrega.

Suscríbete para seguir leyendo