El Gobierno y las grandes eléctricas se enrocan y el debate sobre el apagón nuclear entra en punto muerto

El intento de las grandes eléctricas de explorar con el Gobierno un cambio en el calendario de cierre de las centrales nucleares entra en punto muerto. Tanto el Ejecutivo como las compañías energéticas propietarias de las plantas (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en las diferentes centrales y con Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunas de ellas) se enrocan y se mantienen firmes en sus posiciones maximalistas, con condiciones previas por ambas partes que chocan frontalmente y que incluso dificultan siquiera que se abra un proceso de negociación sobre un eventual aplazamiento de las clausuras previstas.

Gobierno y eléctricas de momento no se han sentado a negociar formalmente un eventual cambio en el calendario de cierres de las nucleares, que prevé clausuras escalonadas desde 2027 hasta el apagón total en 2035. Y ahora mismo hay pocas perspectivas de que un inicio formal de las conversaciones se produzca a corto plazo. El Ejecutivo descarta iniciar un diálogo real sobre la revisión de las fechas de cierres hasta que las compañías propietarias hagan una propuesta concreta que cumpla con las líneas rojas que ha marcado.

El Ministerio para la Transición Ecológica exige a Iberdrola, Endesa y Naturgy que primero se pongan de acuerdo entre ellas sobre qué quieren hacer todas con las nucleares y que presenten una posición consensuada. Y el departamento comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen reclama también como condición imprescindible para empezar a hablar que esa propuesta conjunta de las eléctricas garantice que ampliar la vida de las nucleares será seguro, que es necesario para la seguridad de suministro y que no suponga un sobrecoste que tengan que pagar todos los consumidores.

El Gobierno rechaza la primera propuesta de Iberdrola y Endesa para ampliar las nucleares: “No cumple las líneas rojas”

Es esta última condición la que ha condenado hasta ahora a una parálisis total el proceso para intentar aplazar el cierre de todas o parte de las centrales nucleares españolas. Y es que para las eléctricas propietarias de los reactores resulta imprescindible una rebaja de la carga fiscal que asumen las centrales para pedir una ampliación de las operaciones y aplazar su clausura. "La elevada fiscalidad impide pensar en la continuidad de las centrales nucleares. El gran problema es la fiscalidad que soportan, que hace que no sean viables", apuntan fuentes del sector eléctrico.

Encallar antes de empezar

Iberdrola y Endesa enviaron al Ministerio para la Transición Ecológica hace casi un mes una primera propuesta para ampliar la vida de las centrales nucleares y postergar el calendario de cierres previsto. La carta solo estaba firmada por las dos mayores eléctricas españolas, pero no por Naturgy ni EDP, las otras dos eléctricas que suscribieron en 2019 el protocolo que establece el calendario de cierre de las centrales y que son accionistas minoritarios en varios reactores. Una circunstancia que resulta relevante porque las decisiones estratégicas sobre las centrales han de adoptarse por unanimidad de todos los socios, con independencia del peso accionarial de cada uno.

En la misiva, Endesa e Iberdrola también reclamaban una rebaja de impuestos y otras facilidades económicas como condición para la ampliación de la vida de las centrales nucleares. Unas exigencias que el Gobierno rechaza de plano y sobre la que fuentes oficiales trasladan abiertamente que condena la propuesta de las dos compañías, porque no cumple con sus líneas rojas y, por tanto, impide tramitar una eventual petición formal para la prórroga de las licencias de explotación de las centrales nucleares. El diálogo entre ambas partes entra en un callejón sin salida antes siquiera de empezar de verdad. La fiscalidad se ha convertido en tema central del choque entre Gobierno y eléctricas para dirimir el futuro de las centrales y en el principal escollo para acercar posiciones.

Una factura fiscal de 1.500 millones

Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh) tras las últimas subidas.

En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros por tributos y tasas durante 2025, por encima de los 1.426 millones abonados el año pasado (en el que la subida del 30% aprobada por el Gobierno de la denominada ‘tasa Enresa’ se aplicó solo en la segunda mitad del ejercicio). Desde el sector se alerta de que con este escenario fiscal es imposible asegurar la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales.

Con la posibilidad de alcanzar un acuerdo en punto muerto, las compañías eléctricas van armando una batalla legal para tumbar parte de la fiscalidad de las centrales. La patronal Foro Nuclear (que agrupa a las cuatro eléctricas propietarias de las plantas) y algunas de las compañías han presentado recursos en el Tribunal Supremo contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y contra el carpetazo al proyecto de construir un solo almacén centralizado en Villar de Cañas (Cuenca), dos decisiones del Gobierno que han derivado en la subida del 30% de la tasa que pagan las centrales para financiar los costes de gestionar sus residuos nucleares. Y, en paralelo, Iberdrola y Endesa han tramitado la petición al Estado de reclamaciones por un importe conjunto de 778 millones por el impacto en sus cuentas de la subida de la ‘tasa Enresa’. 

Suscríbete para seguir leyendo