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Lorenzana cree que el Gobierno «no defiende a Galicia» con su recurso a la repotenciación

La suspensión, dice, afecta al ahorro energético y la generación de renovable

Lorenzana, ayer en la jornada organizada por CCOO. |  Cedida

Lorenzana, ayer en la jornada organizada por CCOO. | Cedida

Santiago

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, criticó este martes que con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra las medidas de repotenciación eólica aprobadas por la Xunta, «no se está defendiendo ni a Galicia ni a los gallegos».

Durante la clausura de la jornada Sociedad, eólica y trabajo: propuestas para un modelo de desarrollo eólico en Galicia socialmente justo, organizada por CCOO, recordó que en Galicia existen a día de hoy 20 parques eólicos susceptibles de repotenciación al haber superado los 25 años de antigüedad. Apoyándose en un estudio de la Universidad de Vigo, explicó que esta actuación permitiría eliminar alrededor de 582 aerogeneradores (pasando de 733 a 151, un 79% menos) y aumentar la producción eléctrica en un 34,5 %.

«La ciudadanía gallega pide menor impacto en su territorio y también más ahorro energético en sus hogares, en sus empresas y en su industria», afirmó. «La Xunta considera legítimo responder a esa demanda con medidas concretas, pero el Gobierno del Estado cree que es ilícito», lamentó.

Lorenzana insistió en que la repotenciación eólica «tiene un impacto muy positivo porque no solo reduce el impacto paisajístico, sino que incrementa la energía eléctrica generada en Galicia y fomenta una industria asociada a la reutilización y reciclaje de equipos». En cambio, advirtió, que su suspensión «trae consecuencias negativas para el medio ambiente, para la disponibilidad de energía renovable y para los consumidores gallegos, que podrían beneficiarse de un abaratamiento de la factura eléctrica». En este sentido, la titular de Economía e Industria se preguntó «qué intereses defiende el Gobierno central» con este recurso, señalando que «no protege la descarbonización, ni la electrificación de la economía, ni el territorio gallego, ni la industria».

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