La patronal eólica rechaza el «enredo judicial» que paraliza 90 parques en Galicia

El mismo día que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se reafirmó en un nuevo auto en la paralización cautelar del parque eólico Monte Contado, en los municipios de Lugo y Castroverde, y un día después del primer fallo del mismo tribunal que tumba la autorización del parque de A Ruña III, en Mazaricos, en la primera sentencia tras el aval del Tribunal de Justicia de la UE a la tramitación de la Xunta de renovables, la Asociación Eólica de Galicia (EGA) aseguró «no poder entender» el «enredo judicial» y la «contradicción permanente de las instancias judiciales gallegas con las españolas y europeas, que raya en el paroxismo».

«La incertidumbre, inseguridad y zozobra jurídicas nos atan de pies y manos en Galicia. Estamos ante una moratoria judicial», denuncia la patronal eólica gallega. Estas críticas coinciden con las expresadas por la patronal eólica española, que el pasado miércoles se mostró «estupefacta» por el nuevo fallo del TSXG que «genera riesgo estructural para la seguridad jurídica».

La Asociación Eólica de Galicia alerta de que las suspensiones cautelares dictadas por el alto tribunal gallego afectan ya a más de 90 proyectos y más de 2.500 megavatios de potencia. Sin embargo, recalca que «tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le han dicho al tribunal gallego que los parques están correctamente tramitados por la Xunta, organismo que concede las citadas autorizaciones, y que la evaluación ambiental es conforme a derecho».

«Y ante toda esta jurisprudencia, la sección tercera de la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego revoca los permisos de construcción de un parque en Mazaricos», lamenta la patronal, que considera el fallo «incomprensible».

La EGA reprocha que la última sentencia del TSXG sostiene que el parque A Ruña III debía haberse tramitado conjuntamente con la línea eléctrica, cuando dicha red de evacuación «ya está en funcionamiento». «Es como si quisiéramos hacer un nuevo acceso a la autopista AP-9, que cruza Galicia, y para ello tuviésemos que solicitar una declaración ambiental no solo para el nuevo acceso, sino también para toda la infraestructura en servicio desde hace muchos años», ejemplifica.

En el citado pronunciamiento, añade, se alude «con total indefinición» a la proximidad del parque a la Red Natura, «cuando realmente hay 4,5 kilómetros de distancia». “En caso de que hubiese la menor sospecha o atisbo de un posible daño ambiental, la Xunta habría rechazado su construcción. Pero no hay tal sospecha», insiste.

La asociación recuerda que el proyecto «cumple con todos los requisitos legales». «Galicia no se puede permitir esta inercia destructiva, no puede aguantar cinco años sin avances en energías renovables», advierte, tras calcular que se dejan de crear cada año 2.750 empleos y de invertir más de 6.300 millones de euros.

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